El manoteo del Consejo Superior de la Judicatura

10 de marzo del 2015

Estos primeros meses de reiniciado las labores de la Rama Judicial, los abogados nos venimos sintiendo como leones enjaulados en el ejercicio de la profesión. La razón de ello, es el cierre definitivo de algunos juzgados de descongestión, que en su oportunidad asumieron la competencia de procesos originarios de otros despachos para –al parecer- descongestionarlos […]

Estos primeros meses de reiniciado las labores de la Rama Judicial, los abogados nos venimos sintiendo como leones enjaulados en el ejercicio de la profesión. La razón de ello, es el cierre definitivo de algunos juzgados de descongestión, que en su oportunidad asumieron la competencia de procesos originarios de otros despachos para –al parecer- descongestionarlos en gran medida y en sus cuantías mínimas.

La razón no está precisamente en la eliminación de estos operadores, sino en el desafío de desenterrar los radicados de referentes judiciales que no se encuentran en los que por reparto les correspondió, y ni mucho menos en las solicitudes de información que se hace en la oficina judicial. Lo preocupante, es que mientras se desconocen su ubicación y la asunción de competencias, el Consejo de la Judicatura, se ciñe a emitir acuerdos como el  PSAA14-10277, limitando a prescribir y a informar la orden de suprimir jueces y funcionarios, y adicionándole que los expedientes estarán en custodia de las direcciones seccionales.

Hoy se desconocen las actuaciones de las direcciones seccionales. Lo escalofriante, es que no se señala término, continuidad e interrupción de las actuaciones que han conllevado trámites de esa naturaleza; procesos ejecutivos, procesos abreviados, ordinarios, verbales y de jurisdicción voluntaria que se encuentran inactivos y que están generando pérdidas cuantiosas a los directos beneficiarios en sus demandas, y en su defecto, les niega el acceso a la administración de justicia en iguales condiciones.

Las razones que motivaron a Asonal para proponer y mantener el paro por 4 meses, fue precisamente la exigencia y el mantenimiento del intocable presupuesto de estos juzgados de emergencia, y más a los recomendados de uno y otros que prefiero no insistir. Obviamente el Gobierno Nacional, se negó a renovarles dicha contribución, no solo por carecer de los rubros y la poca necesidad del servicio, sino como se sabe en los corredores y caminatas de los deteriorados edificios de la justicia, es que existe un malestar infinito y hasta desbordado de verificar como han maltratado los funcionarios de la rama el servicio, mas con la percepción negativa con que la ciudadanía califica y define el proceder de estos, y donde ni cortos ni perezosos, ni se inmutan de la notoriedad del escándalo.

Ya no asombra esto, porque la indiferencia es total entre los abogados frente a la situación, restándole importancia al sistema deslegitimado que también los involucra, los manosea y los limita en sus litigios e incomprendido por aquellos clientes que deducen equivocadamente que el abogado es el pícaro, el ladrón y el mequetrefe del régimen.

Ojala no se den más paros éste año, porque aún no se resuelve el retraso que generó esa parálisis y que por boca del presidente del Consejo Superior, tardaríamos 4 años en poner en orden las audiencias en sus instancias, la asignación de más de 30 mil denuncias que no han sido repartidas a los fiscales, la práctica de pruebas y cada una de las etapas procesales que impulsan la demanda del país que reclama honestidad y transparencia.

@JorgePerezSolan

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