El pecado original de la justicia en Colombia

21 de septiembre del 2017

Un país que ha permitido que la mafia toque su Carta Magna deberá pagar por varias generaciones este pecado.

magistrados de la jep

Foto:Shutterstock

La Corte Suprema de Justicia de Colombia es un pozo séptico, y lo es gracias a que el nombramiento de sus jueces, los entes de control a sus miembros y su sistema de operar lo dicta y lo regula una Constitución en cuya redacción intervino la mafia. ¿De qué se asombra la gente ante la podredumbre que emana desde ese alto tribunal y de otras instituciones del Estado?

La cosa da asco y rabia por donde se mire, pero me voy a detener sólo en uno de sus múltiples episodios repulsivos. Vamos a tirar de un hilo muy delgadito a ver dónde llegamos.

Hace unos días, en la W Radio, una mujer, Angélica María Padilla, denunció la extorsión a la que era sometida por parte de Yara Milena Malo. Dijo Padilla en ese documento, además, que si algo le pasaba (porque temía por su vida) hacía responsables a la tal Yara Milena y a su papá, de nombre Gustavo Malo.

Resulta que Angélica María, la extorisionada, es una fiscal. Uno al oírla desprevenido podría pensar que era una vendedora en empanadas o tamales o cualquier otro comestible en un puesto callejero. Pues resulta que no, que es una funcionaria judicial.

Aparte la gravedad de su acusación hay que oír la grabación para darse cuenta del nivel del personal de la justicia colombiana.

Póngale ustedes “presuntamente” a esta historia porque hay que respetar la presunción de inocencia de los implicados. En todo caso, atérrense e indígnense. Gustavo Malo es miembro de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y, según lo narrado por Angélica María, ella (que se supone que tiene un cartón de abogada y por ese mérito tan chiquito llegó al puesto en la Fiscalía) estaba “echada en una hamaca” (palabras textuales) en su casa de Cartagena, cuando Gustavo Malo y su hija Yara Milena fueron a proponerle el cargo de fiscal, cargo que aceptó porque estaba sin trabajo.

Según el testimonio de Angélica María, la finalidad del ofrecimiento era que Yara Milena recibiera parte del sueldo de Ángelica María. El periódico El Tiempo asegura que hay fotos y chats de la hija del magistrado Malo exigiendo plata. “Si no me cumples, voy a ser una piña debajo del brazo”, parece que amenazó la dinámica Yara Milena a la trémula Angélica María.

No había pasado ni un cuarto de hora de emitido este testimonio, que terminó en conmovedor llanto, cuando el director del programa de la WRadio, Julio Sánchez Cristo, informó que estaban llamando varios abogados a la emisora para denunciar que la fiscal Padilla tenía represadas varias diligencias judiciales y que en eso era sumamente diligente, que era experta en engavetar expedientes.

Como se ve, la oferta que le hicieron el magistrado y su hija a la licenciada en derecho que echaba la siesta en su hamaca, no fue tan generosa: tenía la doble función de engrosar la mesada de Yara Milena y represar expedientes que dormían el sueño de los justos en la Fiscalía.

En esta práctica, presuntamente, el magistrado Malo es un maestro. Según las declaraciones del ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno –hoy preso por corrupto–, precisamente, el magistrado Malo tenía engavetado el expediente que se le seguía por parapolítica al senador Musa Besaile. A su vez, el senador Musa Besaile confesó haber pagado 2.000 millones de pesos para evitar una orden de captura.

Mejor no seguir. Mejor dejarlo aquí, pero alguien que se pregunte cómo es posible que la justicia colombiana haya llegado a estos niveles, es bueno que revise la historia del país, y se remonte, como planteaba al principio, a la herencia de la Constitución de 1991. Y no es solamente el campo de la justicia el que quedó viciado por la Constitución tocada por los narcos, es toda la arquitectura del funcionamiento del Estado.

A quien crea que exagero le recomiendo que lea la abundante documentación que hoy se encuentra sobre la participación del los narcos, no sólo de Pablo Escobar, como mucha gente cree. El capo del cartel de Medellín y Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, que estaban en una guerra feroz, hicieron un alto en su cruenta lucha por el poder para meterle mano a la Carta Magna, que empezaba a redactarse a comienzos de la década de 1990.

Dos millones y medio de dólares le costó al cartel de Cali la compra de dirigentes locales y constituyentes para eliminar la extradición de la carta política colombiana. “Hasta las comas fueron puestas allí por los asesores legales de don Miguel Rodríguez”, asegura un jurista que trabajó para la organización mafiosa.

Por qué extrañarnos, pues, del desastroso funcionamiento del Estado. Un país que ha permitido que la mafia toque su Carta Magna deberá pagar por varias generaciones este pecado.

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