La amenaza del “Fast track”

Foto: Flickr

La amenaza del “Fast track”

1 de mayo del 2017

La mayoría de los colombianos estaban acostumbrados a los largos trámites en el Congreso de la República para las leyes, con o sin discusión pero con una cantidad de debates establecidos según el tipo de ley a impulsar, que de alguna manera dan garantía de que algunos estudiaron el tema antes de modificar la Constitución. Pero lo que ha pasado los últimos meses consecuencia del acuerdo firmado por el proceso de paz con las FARC es absolutamente atípico, con el llamado “fast track” se aprueban leyes prácticamente de manera inmediata.

¿Que es el “fast track”?, para que lo entienda cualquier ciudadano, es un procedimiento rápido que quedó contemplado en el acto legislativo 1 de 2016 que reduce el número de debates en el Congreso, supuestamente de todos los asuntos que se necesitan para ejecutar el acuerdo de paz que el Gobierno Santos firmó con las FARC, es decir, sólo sobre los temas allí incluídos.

Este procedimiento tiene la refrendación de la Corte Constitucional, por tanto, se supone que está acorde con la constitución política de 1991. ¿Cómo funciona? Las normas que reforman la constitución como la jurisdicción especial para la paz no se tramitó en 8 debates sino en 3, lo mismo para el caso de la ley de amnistía o como ocurrió la semana pasada con la reforma electoral y el estatuto para la oposición (sin la concurrencia de la oposición).

El “fast track” impide la discusión detallada de los proyectos, reformas y leyes que modifican la constitución. Es decir, si algunos sectores no se sintieron incluidos durante las negociaciones en La Habana y esperaban que se diera en el Congreso, pues no será así, no hay discusión, hay aprobación en bloque y quedan aprobadas las leyes rápidamente.

Según la aprobación de la Corte Constitucional, el “fast track” es especial, excepcional, transitorio y necesario para lograr la paz. La verdad no es claro cómo puede necesitar un gobierno un procedimiento extremadamente rápido para aprobar las reformas constitucionales, ¿no será que era la única vía para lograrlo? después el triunfo del «No» en el plebiscito. Por otro lado, la Corte dijo que los proyectos sólo podrán ser presentados por el Gobierno Nacional y acoger lo que dice expresamente el Acuerdo de paz, nada fuera de él. Además cada proyecto tendrá control Constitucional por la misma Corte que consideró que era el trámite más adecuado para reformar la constitución política de 1991, es decir, juez y parte.

Por otro lado, el fallo de la Corte expresó que no descarta la importancia “de la refrendación ciudadana cuyos resultados deben ser respetados, interpretados y desarrollados de buena fe, en un escenario de búsqueda de mayores consensos para una paz estable y duradera”, así las cosas, debió haberse realizado otro plebiscito para aprobar el “fast track”, obviamente no se hizo porque se perdería también. Así que la mejor vía es la imposición, ¿eso no huele a dictadura?.

La pregunta es ¿el gobierno nacional si está respetando el hecho de que solo se incluyen las temáticas relacionadas con el proceso de paz? o ¿se están aprobando otras reformas constitucionales que el gobierno Santos no había sido capaz de sacar del Congreso en estos 7 años de gobierno y vieron la oportunidad de hacerlo ahora abusando del “fast track”?.

Como queda la legitimidad del “fast track” cuando es un mecanismo de aprobación que se generó en contra del «NO» al plebiscito respecto de los acuerdos, hubiera sido interesante que después de ganar el «NO» y quedar claro que la mitad del país no está de acuerdo con lo acordado en La Habana se permitiera dar la discusión a cada proyecto en el seno del Congreso de la República teniendo en cuenta que es el escenario político, democrático y representativo del pueblo por excelencia.

Con una estrategia de inclusión y discusión justa se podría haber buscado una legitimidad en los acuerdos. Pero tampoco fue así, a pesar del triunfo del «NO», se siguió adelante con una imposición a través del “fast track”. Quedan muchas inquietudes, especialmente jurídicas y políticas, que pasará con el plan programático, es decir, las propuestas con las que se hicieron elegir los congresistas actuales en el 2014, dedicados a aprobar todos el proceso de paz de La Habana y más por “fast track” ya se les acaba el tiempo y estarán aprobando este año todo lo relacionado con la implementación del proceso de paz, por ende no cumplirán con lo prometido para ser elegidos porque las sesiones en el Congreso no están dedicadas a otros temas y seguramente, el segundo semestre de este año estarán en campaña para ser elegidos en marzo del 2018 y por ende no cumplirán con nada para lo que fueron elegidos. ¿Dónde estará la ciudadanía para exigir rendición de cuentas respecto a esos programas incumplidos con los que se hicieron elegir? ¿Habrá responsabilidad política para que no sean reelegidos?.

En cuanto a la responsabilidad del gobierno nacional, ingresando “micos” a los proyectos disfrazados de “fast track” con los temas pendientes dada la ineficiencia legislativa en 7 años de gestión, que responsabilidad jurídica habrá cuando se evidencia un prevaricato a la luz del Código Penal dado que todos los congresistas que con dedicación llegan a votar los proyectos están haciéndolo de manera arbitraria incluyendo temas que no tienen nada que ver con el acuerdo de La Habana.

Que democracia es aquella en la que no se incluyen todos los sectores en la negociación de un proceso de paz, posteriormente se hace un plebiscito donde no se respeta el resultado, luego se declara constitucional un procedimiento que impide la discusión legal que se exige en el Congreso de la República. Adicionalmente se incluyen temas que no son propios del acuerdo sobre el cual se autorizó. En Colombia se viola ley y los procedimientos por parte del Gobierno Nacional con aprobación de la Corte Constitucional con tal ligereza que es prácticamente imposible notarlo, de tal suerte que ni los abogados expertos se dan cuentan que amanecemos con una constitución y nos acostamos con otra.

El “fast track” es una amenaza a la entereza constitucional, al Estado de derecho construido bajo el imperio de la ley, es un procedimiento que vulnera día tras día la legitimidad popular y que burla más de 200 años de vida republicana.

* Los comentarios, textos, investigaciones, reportajes, escritos y demás productos de los columnistas y colaboradores de Kienyke.com, no comprometen ni vinculan bajo ninguna responsabilidad a la sociedad comercial controlante del medio de comunicación, ni a su editor, toda vez que en el libre desarrollo de su profesión, pueden tener opiniones que no necesariamente están acorde a la política y posición del portal.