En cualquier país del mundo la justicia representa un valor muy importante para la sociedad, en Colombia con el paso de los años han variado las condiciones para la elección de los magistrados ante las altas cortes, por un lado, la experiencia de 15 años que puede ser académica como docente o por el ejercicio de la profesión, por otro lado título de abogado.
También con el paso del tiempo algunas universidades han impulsado más que otras a sus egresados cuando se aspira a las Cortes con el fin de demostrar la presencia de mayorías de ciertos abogados determinados por la Universidad que los apoye. Convirtiendo algunos escenarios judiciales dominados por una Universidad determinada.
Una de las críticas que se han presentado en materia judicial es precisamente la elección de los magistrados de la Corte Constitucional por parte del Congreso de la República, lo que en repetidas ocasiones en reformas a la justicia se ha intentado cambiar por la politización que esto puede generar, dado que a diferencia de otros magistrados como por ejemplo en el Consejo de Estado que se eligen por méritos al interior de la organización dejando a un lado los intereses políticos que se presentan en el Congreso.
A pesar de los anterior, la mayoría de los gobiernos se han cuidado en presentar ternas de diferentes tendencias y sobretodo para los intereses de los ciudadanos colombianos, lo que pasó el pasado jueves 1 de junio en la elección de la magistrada Diana Fajardo Rivera fue absolutamente atípico, porque fue impulsada por el gobierno, por la U días antes en palabras del senador Benedetti y por las FARC, cuando el senador afirmó que si no se elegía esta candidata las FARC retomarían las armas.
¿Quién es la nueva magistrada? “Diana Constanza Fajardo Rivera es abogada y politóloga de profesión, y tiene una especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. Ha tenido alta experiencia en el sector público de más de 30 años, principalmente en derecho constitucional, y se ha desempeñado como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional desde el 2009 al 2013”. Ante estos detalles publicados por el diario El Tiempo creo que nadie tiene duda de sus capacidades profesionales para el cargo, pero para ser magistrado creo que no solo es suficiente cumplir con los requisitos, la tendencia es importante cuando se amenaza la neutralidad u objetividad que debe tener todo juez.
Es realmente deprimente que un gobierno con interés en un magistrado tenga que amenazar a través de un senador con retomar las armas por parte de las FARC para que se elija un representante ante la Corte más importante en materia constitucional del país. Entonces ¿no es cierto que van a entregar las armas como en reiteradas ocasiones lo ha afirmado el gobierno?, ¿será que no las entregan porque cada vez que vayan a imponerse en algún tema o decisión deberán amenazar con las armas?.
Queda la inquietud de qué clase de Juez será la doctora Fajardo, consultará con el gobierno y con las FARC los fallos que proferirá, esperará el 5 voto de la sala plena para poder dirimir los conflictos cuando se requiera favorecer un proyecto de gobierno o de las FARC.
Con su elección se demuestra la fragilidad del proceso de paz con las FARC, el gobierno debería tener consolidadas las mayorías en el Congreso para enfrentar los debates que de manera natural se deben dar para implementar los acuerdos de la Habana y no empezar a calcular los magistrados de la Corte para tener las mayorías en el control constitucional.
Es muy grave lo que pasó la semana pasada en el Congreso, 48 votos a favor de la doctora Fajardo y 43 a favor del segundo candidato lo que muestra la fragilidad de la coalición de gobierno, la debilidad en fortalecer las instituciones democráticas y judiciales propias de un sistema político como el colombiano, 5 votos es un diferencia muy corta que evidencia la polarización que no solo se vive en el país sino en el Congreso de la República.
Es paradójico leer las declaraciones de la doctora Fajardo cuando afirmó tras su elección "No quiero que en este país sigamos viviendo bajo el miedo y cuenten con mi colaboración irrestricta para lograrlo”, siendo así como permitió que su elección se viera impuesta con la amenaza de que si no era elegida las FARC retomarían las armas. Es absurdo si sus declaraciones fueran coherentes.
También es muy difícil comprender qué tipo de juez podrá ser y con cual neutralidad siendo víctima de la violencia según afirmó: “Mi familia ha sido víctima de la violencia, el abuelo de mis hijos murió en el Palacio de Justicia hace 31 años” , teniendo en cuenta que el país está pasando por un momento muy difícil en materia de paz, un juez que va a administrar justicia y propugna por la neutralidad que tendrá basado en ser una víctima de la violencia, es caer en el dicho popular de ser juez y parte.
Finalmente, es importante decir que ya nada sorprende en Colombia los últimos años, los paros no existen, la reforma tributaria que no se iba a hacer y se hizo más impositiva que siempre, un plebiscito que se hizo para nada porque no se respetó el resultado en el que se manifestaba la voluntad mayoritaria del pueblo colombiano en contra del proceso de paz, imponer los proyectos de implementación de los acuerdos en el congreso sin discusión ni debate a través del “fast track” un proceso único nunca antes visto, y ahora se eligen los magistrados bajo amenaza de que las FARC retomen las armas.
Se ha perdido definitivamente con esta elección la majestad de la justicia, no hay ningún tipo de respeto por el proceso de paz de la Habana ni por un gobierno que no es capaz de dar las peleas de forma democrática, sin amenazas o sin cálculos. El tiempo dará la razón y se evaluará la gestión de esta magistrada que marcó la diferencia en procesos electorales para las altas cortes y se verá si logró la tan anhelada neutralidad de un juez máximo constitucional.
