La desgracia de ser niño en Colombia

La desgracia de ser niño en Colombia

12 de junio del 2017

Uno se pregunta ¿siempre han existido abusos a menores y hasta ahora se hacen visibles los casos en Colombia?, ¿Antes no se denunciaba y ahora sí?, ¿Ahora existen más medios de comunicación y redes sociales que muestran la realidad del problema?, ¿Qué es lo que está pasando?.

Se han conocido casos aberrantes de abusos, violencia, maltratos y muertes a menores en todo el país, pero dependiendo de la víctima o del victimario se le hace más publicidad o no. Es evidente que no hay una política pública efectiva que persuada a los atacantes a evitar el delito, por ende tampoco hay una política criminal funcional y efectiva que sancione los comportamientos ni una resocialización que lo demuestre.

Sin embargo, estamos creciendo como uno de los países que más atentan contra los niños, aparentemente a nadie le importa. Siendo los niños nuestro capital humano del futuro y las bases de nuestra sociedad, que con estos antecedentes será violenta y agresiva, lo que seguramente demostrarán en unos años las cifras de criminalidad producto de este maltrato sistemático a los niños.

Vale la pena revisar algunas cifras publicadas en marzo de este año para poder ver el creciente fenómeno, las zonas del país más afectadas o que fueron escenario de violencia contra los menores son Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Santander y Atlántico. La cifra de 2.640 niños abusados, sólo entre enero y febrero de 2017, se conoce justo cuando una juez de Bogotá condenó a Rafael Uribe Noguera, el asesino y abusador de Yuliana Samboní, a 51 años y 8 meses de prisión.

Que extraño que sólo cuando el victimario es una persona influyente, adinerada y con algo de poder social y/o económico se conocen las graves cifras de lo que está ocurriendo.

El aberrante balance deja en promedio 44 niños abusados diariamente en el país, todos valorados por Medicina Legal, lo que comprueba el delito y nuevamente apunta a los familiares más cercanos como los mayores responsables. Y eso que el nivel de denuncia en estos casos es bajo, no quisiera imaginar cual es la realidad.

El Instituto Nacional de Medicina Legal también entregó el número de menores que fueron asesinados en los primeros dos meses de este año: 109, con el Valle del Cauca en la cabeza de lista.

En 2016 la cifra de abusos sexuales en todo el país llegó 17.908 y de asesinatos 682, la mayoría aún en investigación. ¿Qué pasa con estas investigaciones?, ¿Por qué no se le da prioridad a aquellas que involucran a menores que seguramente siguen viviendo con su abusador mientras la justicia funciona en Colombia?.

Pero lo más impresionante no es que no funcionen las autoridades en todo el país, dado que como algunos funcionarios públicos encargados del tema han respondido, es imposible vigilar cada casa. Eso puede ser parcialmente cierto y los problemas también se justificarán por las bases rotas de las familias y el desastre social en que estamos. Pero donde vigila el Estado y se supone tiene un control total del territorio como en las zonas de concentración de las FARC ¿Cuál sería la excusa?.

Un caso reciente así nos llama la atención, en la zona veredal de Vigía del Fuerte están concentrados los guerrilleros del Frente 57 de las FARC, que por décadas hicieron presencia en Antioquia y Chocó, principalmente en zonas cercanas al río Atrato.

La semana pasada se publicó cómo un guerrillero intentó abusar de dos menores en una de estas zonas, las autoridades civiles y militares de Antioquia y Chocó, emprendieron la búsqueda del guerrillero que habría intentado violar a dos niñas de 3 y 9 años de edad al interior de la zona de concentración de Vigía del Fuerte, en la región del Urabá.

El alcalde de Vigía del Fuerte, Manuel Enrique Cuesta, confirmó que el guerrillero que intentó abusar a los niños fue confrontado por el padre de los menores, otro subversivo concentrado en ese lugar. El mandatario agregó que luego del incidente, el abusador se fugó de la zona veredal, sin que hasta ahora se tenga conocimiento de su paradero. El alcalde de esa localidad del Urabá aseguró que se siente tranquilo con el trabajo del Mecanismo de Monitoreo que vigila la zona veredal, y agregó que el hecho se produjo al interior de la carpa donde convivían el presunto abusador y la familia de los menores víctimas .

No entiendo cómo se puede sentir tranquilo un Alcalde frente a tan grave incidente, teniendo en cuenta que hay un abusador suelto en la zona y seguramente en riesgo cualquier menor que se traviese a su paso, en este sentido las autoridades de la región hicieron un llamado para capturar al responsable para que sea procesado por la justicia ordinaria y no por la jurisdicción especial para la paz-JEP. Esto si suena totalmente razonable, obviamente no puede someterse a la JEP para salvar su responsabilidad ya sería una burla a la justicia colombiana.

Frente a un caso como éste es obvio que el control en las zonas veredales es nulo, empezando porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debería hacer una vigilancia rigurosa en estas zonas especialmente frente a quienes conviven con los menores y las condiciones en que se encuentran. Si bien es importante que los menores vivan con sus familias si no les pueden garantizar seguridad es preferible que los ubiquen en sitios temporales donde sí se les pueda garantizar su vida e integridad personal.

Estamos en mora de tener un Estado fuerte frente a los abusadores y asesinos de niños, es una situación que no puede seguir siendo mediática dependiendo del caso, se debe pensar en la efectividad de las penas existentes, sin disminución de penas, mayor celeridad en las investigaciones judiciales cuando se involucran niños, una fijación de responsabilidad para los padres que permiten los abusos y que de manera omisiva lo aceptan, un registro nacional de abusadores similar al norteamericano que impida que estén cerca de Colegios o espacios donde vivan menores y se les dificulte conseguir trabajo o un crédito bancario, necesitamos un sistema efectivo que castigue, sancione, resocialice y persuada en la comisión de estos delitos.

Es claro que el Estado colombiano se está enfrentando a una responsabilidad muy alta, es un caso perfecto para agotar ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se evalúe que es lo que está ocurriendo en Colombia dado que la realidad es que se tipifica como un genocidio sobre los niños.

Esperar que no sea tarde para actuar y que llegue algún gobierno que le interese la suerte de los menores y no siga siendo una desgracia ser niño en Colombia.

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