Justicia estratificada

Justicia estratificada

2 de febrero del 2018

El pasado 15 de enero de este año una mujer fue víctima de tres sujetos que, por robarle su camioneta blindada, le propinaron varios disparos que hoy la tienen con un grave estado de salud. Lo que más enerva de este caso es que la víctima ya se había rendido a los delincuentes cuando uno de ellos accionó su arma.

La dama, por su avanzado grado de embarazo no presentaba amenaza alguna para los sujetos. Este hubiera sido un caso más en las estadísticas de la Secretaría de Seguridad de Bogotá de no ser porque el hecho ocurrió en el barrio de más alta alcurnia de la ciudad.

Lo anterior desató uno de los operativos policiales más impresionantes en la historia de la policía nacional. De la misma manera se desarrolló un despliegue de medios que no se hubiera observado si el mismo caso hubiese ocurrido al de sur de la ciudad.

Tanto así que en un par de semanas dos de los cuatro sospechosos fueron detenidos y un tercero se entregó a las autoridades mientras se busca a alias ‘la gorda’, la cuarta integrante de la banda. Hasta el mismísimo presidente Santos dirigió un consejo de seguridad con la cúpula de la policía nacional y del alcalde Enrique Peñalosa.

Aún más extraño, por decir lo mínimo, es que el atraco fue la gota que derramó la copa para que el alcalde de Bogotá decidiera prohibir el parrillero hombre para las motos de más de 125 cc en toda la ciudad.

Aunque al poco tiempo cambió de opinión y ordenó que la medida fuera desde la Avenida Primero de Mayo hasta la calle 100 y entre la Avenida Carrera 68 y los cerros orientales. Esto después de que miles de moteros paralizaran la ciudad.

Parece ser que para Peñalosa los de las motos y sus acompañantes son los que están cometiendo la mayoría de atracos y que por eso se dispararon las estadísticas en toda la ciudad, entonces hay que restringirlos.

Pero según los datos que maneja la Policía de Bogotá de 62.169 denuncias por hurto a personas, 2.257 casos fueron perpetrados por conductores de motocicletas y 3.031 por parrilleros. En 2.250 ocasiones se emplearon armas de fuego para cometer los hurtos.

Pero aplicando la lógica matemática a las estadísticas anteriores los resultados no coinciden con lo que dice Peñalosa. Sumados los atracos hechos por los conductores de las motos y sus compañeros (2.257 + 3.031 = 5.288) y usándolos en una regla de tres simple, el resultado es que de esos 62.169 casos tan solo el 8.5% fueron cometidos por motociclistas con todo y parrillero.

Aparte, la medida propuesta por el alcalde mayor es machista, sexista y excluyente. Machista y sexista porque se prohíbe el parrillero hombre mayor de 14 años ¿Será que el alcalde no ve noticias donde casi que a diario se observan casos de fleteos y asaltos a mano armada donde bien sea como acompañante o como chofer participa una mujer? Existen cientos de bandas criminales lideradas y compuestas por solo mujeres a lo largo y ancho del país.

¿Y qué hay de los menores de edad? ¿será que el Secretario de Seguridad, Daniel Mejía, tampoco ve como estos “niños” roban y asesinan sin remordimiento alguno? La permisividad de los políticos colombianos para legislar en esta materia con el cuento de que es un “menor” ha permitido a las bandas delincuenciales aprovechar esta falta de criterio en la ley.

De tal forma que si un delincuente de 17 años y 364 días de edad apuñala en el corazón a otro ser humano no se le puede hacer nada porque “es un menor de edad”. Y luego ‘paga’ un muerto en 2 años en una correccional de menores si es que un juez, al que nunca han atracado, lo envía a la casa porque el angelito no se ha dejado pillar (léase no tiene antecedentes, entonces no es un peligro para la ciudad).

Pero la medida propuesta por Peñalosa y su secretario de seguridad también es excluyente. ¿O es que acaso en las zonas por fuera de la propuesta no atracan, fletean, violan, roban o asesinan? Lo que no dicen es que en la zona propuesta viven la mayoría de los ricos de la ciudad, incluyendo al mismo alcalde, su señora madre y muchos de los secretarios de su gabinete. También la Casa de Nariño, los ministerios, las altas cortes y el “honorable” Congreso de la República. Y por supuesto, la mujer que sufrió el atentado vive allí, en el barrio de la crema y nata bogotana.

Los Rosales es el barrio de más alto estrato del país. Está ubicado entre las calles 78 y 63 y entre los cerros orientales y la Carrera Séptima de Bogotá. El inmueble más pequeño y barato ronda los $700 millones, pero también se consiguen los que cuestan la friolera de hasta 10 mil millones.

Allí reside lo más taimado de la farándula y política criolla que a diario hacen las delicias de los chismes de una sociedad banal acostumbrada al matrimonio de fulana con zutano o al desfalco del siglo de las entidades públicas. Muchos de los más famosos ladrones de cuellos blanco pagan allí su casa por cárcel.

Pero ¿quién es esta mujer? ¿De quién, o quiénes, es familiar? ¿Qué nexo tiene con el poder como para que el propio presidente tome cartas en el asunto y en menos de 15 días ya estén tres de los cuatro delincuentes presos?

Si esta lamentable víctima de atraco no quiere identificarse por razones personales y de seguridad está en todo su derecho y debe respetarse, pero no es justo con el resto de mortales que habitan la ciudad, y el país.

Es lamentable y despreciable el vil acto que esos antisociales le causaron a la futura madre y la sevicia que utilizaron cuando esta, por su estado, representaba un mínimo de riesgo para ellos. Pero queda el sin sabor en la sociedad colombiana que por ser alguien de la clase alta, o familiar de alguien muy importante, la justicia, tan inefectiva en la mayoría de los crímenes en el país, actúo de forma tan eficiente y rápida. Ella, sin imaginárselo ni proponérselo, literalmente bajó de la moto a más de uno.

¿O solo pasó así por vivir en Los Rosales? ¿acaso los crímenes ocurridos en otras zonas de la ciudad son menos importantes? ¿es por esto que el crimen de la porrista de Millonarios, Luisa Fernanda Ovalle, ocurrido en el barrio Castilla, al sur occidente la capital, ¿el 29 de noviembre del 2013 no ha sido resuelto?

¿O el de la profesora Mónica Bravo quien fue apuñalada y arrojada a un andén el 11 de diciembre del 2014 en cercanías al estadio El Campín? ¿Acaso por haber pasado en el barrio San Cristóbal sur el asesinato de Wendy Calderón el 25 de enero de 2015 no merece la misma atención de la embarazada de Rosales? ¿Será que quienes asesinaron a Luis Cifuentes, estudiante del INEM de Kennedy, por robarle su bicicleta serán aprehendidos tan rápido como los que hurtaron los Rolex apenas el lunes pasado en la Zona G?

Esas son preguntas que ojalá el señor Alcalde Mayor de Bogotá y su Secretario de Seguridad deben responder. Ya que para el común del pueblo esos asesinatos se hubieran evitado si la policía hubiese actuado con la misma eficiencia con que se actuó en el caso de Los Rosales.

De haber sido así de seguro los victimarios ya estarían detrás de las rejas. Y más importante aún: no existiría en el imaginario social de los colombianos que la justicia funciona únicamente cuando atracan y matan a ricos y poderosos. Y donde solo pagan los más pobres, como los pobres parrilleros.

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