“El presidente Juan Manuel Santos, en la cumbre de poderes en Pasto, dijo que el país necesita una gran reforma de la justicia, pero que solo será posible si hay un acuerdo nacional”. La pregunta es con quién va a hacer el acuerdo nacional, generalmente e igual que con el proceso de paz con las Farc y con los paros solo negociará con una mínima parte de la población civil, algunos representantes de los partidos políticos que queden en la coalición y organizaciones que estén a fin con el gobierno. No incluirá a la oposición, universidades u organizaciones que no estén de acuerdo con el ejecutivo.
El Ministro de Justicia el día de ayer explicó a través de una entrevista con Yamid Amat en que consiste tan novedosa idea, que se denomina “acuerdo nacional sobre una reforma estructural, integral”, sobre cuatro ejes temáticos.
El primer eje, es la creación del tan esperado “tribunal de aforados, que ahora está dentro de la reforma política, busca que los magistrados puedan ser sujetos de investigación y juzgamiento por un órgano que actúe dada la inoperancia de la Comisión de Acusación (de la Cámara)”.
Será el tribunal de aforados el encargado de hacer las investigaciones de orden penal. Para lo disciplinario, se está pensando en crear un tribunal ad hoc integrado por los presidentes de las cortes, representantes de la academia de jurisprudencia y los decanos de las facultades de derecho del país.
Frente a esto, lo que debería repensarse es la inclusión de los presidentes de las cortes que han demostrado que siguen representando los mismos intereses de sus compañeros, por tanto, debería ser un tribunal que no esté relacionado con la rama y que realmente se dedique a evaluar los méritos y escoja a los mejores.
¿Cuál es el segundo eje temático? Es la “eliminación de las funciones electorales de las cortes como la de proponer candidatos para elegir Fiscal, Procurador y Auditor”, están pensando dárselas al comité interinstitucional, es decir, a los presidentes de las cortes, lo que evidentemente sería lo mismo con otro nombre, dado que los presidentes de las cortes tienen los mismos intereses que como si estuvieran sentados como magistrados eligiendo en sala plena.
¿Tercer eje temático? “Mejorar el funcionamiento y la eficacia de la justicia, eliminar la morosidad y ayudar a la descongestión judicial”. Esto significa fijar plazos razonables para que resuelvan los fallos y exista una justicia pronta y efectiva.
La verdad es que se requiere imponer plazos eficientes y sanciones contundentes contra los jueces que no los cumplan, recurso humano suficiente para que puedan ejecutar y cumplir con las funciones sin argumentar congestión judicial o negociar priorizaciones de manera indebida.
Así mismo, poner de antemano los derechos humanos de tal manera que si se agilizan los tiempos de administración de justicia de la misma manera se reducirían las condenas millonarias contra el Estado colombiano por parte de tribunales internacionales.
Se evitaría el abuso de la tutela y acudir a la jurisdicción internacional como la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son instancias de derecho subsidiario y no principal como se viene presentando por la eternidad de los fallos judiciales.
¿Cuál es el cuarto eje de la reforma de la justicia? “la enseñanza del derecho y la formación de ciudadanos; hay que reinventar la cultura ciudadana, la cultura de la legalidad, la ética y los valores. Hay que hacer una revisión general de la cátedra”.
Es absurdo pensar que la ética se enseña a través de un pénsum y que se impone por un acto administrativo, es un asunto más estructural y de la órbita societaria que una imposición a las facultades de derecho y la prueba es que de importantes universidades y acreditados programas de derecho también se han graduado personas condenadas por corrupción. E incluso personas formadas en importantes universidades del exterior.
En este punto hay que replantear la formación de la cultura de la legalidad desde las familias y los colegios, ya en la universidad es muy poco lo que se puede hacer.
En cuanto a la reglamentación de elección de magistrados “se proponen períodos de 15 años y que no tengan menos de 50 años, cuando ya no hay tentaciones emocionales o frivolidades”, ambas premisas son equivocadas porque precisamente se fija un período para que haya continuidad pero 15 años es demasiado en el caso de un magistrado que no sea eficiente, si no son capaces de renunciar cuando cometen un error como el Magistrado Malo, mucho menos ante la seguridad de un período de 15 años.
Por otro lado, pensar que con más edad se evitará la corrupción también es falso, son muchos los casos de personas que son investigadas y condenadas por corrupción que tienen más de 50 años y hay muchos menores de 50 que no tienen una sola investigación y una profesión brillante.
Por otro lado, el Presidente Santos dijo en Pasto que “las cortes no están corrompidas, que apareció una oveja descarriada”, eso también es falso, encontrar un cartel que presuntamente han coordinado expresidentes de Altas Cortes es realmente preocupante porque ello implica que hay una gran estructura detrás y que no es solamente uno, necesitan muchos funcionarios para hacer lo que parece se efectuó entre Bustos-Ricaurte-Moreno o el caso Malo, funcionarios en las Cortes, Fiscalía y Congreso, demuestra no solo que ha permeado una entidad sino varias organizaciones que representan a los ciudadanos.
En conclusión, es necesario pensar la mejor vía para lograr un Acuerdo legítimo entre todas las fuerzas políticas y ciudadanas del Estado que representen a la totalidad del pueblo y no solo a las vertientes afines al gobierno actual. Este gobierno no puede seguir desconociendo la multiplicidad de vertientes y grupos políticos, 7 años de gobierno sin reforma a la justicia y se viene a reformar en el último año a través de un grupo selectivo, es una cortina de humo que no llega a ninguna parte.
No se puede repetir la historia del plebiscito del 2016 que aún con la voluntad de la mayoría se desconoció su resultado, viciando de legitimidad todo lo avanzado posteriormente, la justicia no puede crecer viciada.
Se debe convocar a un gran acuerdo nacional (constituyente, plebiscito, referendo, cabildo abierto, etc…) que vincule no solo a todas las partes sino más de los 4 ejes temáticos que formuló el Ministro de Justicia, se quedan francamente por fuera muchos aspectos como los recursos de la rama judicial, la carrera administrativa, los requisitos para aspirar, el uso de la tecnología en el proceso, entre otros.
La justicia debe ser neutral, pronta, eficiente, independiente y ciega, no se impone al pueblo, se construye para garantizar derechos fundamentales que tanto nos enorgullecemos en el exterior de tener regulados en nuestra Constitución Política y en la multiplicidad de tratados internacionales que hemos ratificado para enmarcar en la materia.
