En Colombia siempre se han tenido dificultades con la justicia, por diferentes factores, entre ellos, la alta congestión judicial, los largos tiempos de los procesos, la falta de cobertura en algunos lugares del país y ahora, con la jurisdicción especial para la paz (JEP), la cual surgió como producto del proceso de paz con las FARC generando más problemas, incertidumbre y dudas.
Cómo no tener inquietudes frente a una jurisdicción que se aprobó de un proceso de paz donde la mitad del país estuvo en contra después del plebiscito del 2 de octubre de 2016, así mismo pasó posteriormente por otro invento que es el “fast track”, mecanismo más que expedito para sacar los proyectos del Congreso de la República en tiempo record, esto implica, sin debate, discusión, solo con orden presidencial de Palacio salen las votaciones.
Hoy esa mitad que votó «NO» al proceso de paz sigue pensando en los errores que se han cometido, porque aquellos que votaron «SI» no han podido responder a las inquietudes, la prueba de ello es que no se ha hecho la reglamentación de todo lo que se ha aprobado por “fast track”, ante las dudas deberían ser igual de ágiles las reglamentaciones y así evitar dejar a interpretación y decisión de unos pocos el alcance de la jurisdicción.
Según César Rodríguez, director de «Dejusticia», hay riesgo de abrir una puerta para todos los delitos. “Ampliar de esa manera el vínculo haría que la JEP deje de ser excepcional”, esto puede ser cierto, pero mientras no se reglamente ni exista una doble instancia, es muy difícil entender y aceptar una jurisdicción ilegítima. Mientras no se reglamente es imposible dejarlo a interpretación de los jueces.
Fuentes que ayudaron a diseñar la JEP aseguran que los casos que entran a esa justicia no se pueden argumentar solo en que estamos en un conflicto armado. “No veo cómo un hito contra la administración pública constituya per se una grave violación a los derechos humanos”, dicen algunos.
Otros aseguran, que tienen que ser casos directos, como los delitos graves cometidos por los actores del conflicto, o indirectos, “de terceros que han participado en esas conductas ya sea financiando, determinando, colaborando, ayudando, como cómplices, determinadores o financiadores”.
Pero mientras sigamos de especulación en especulación, no se deja claro que cabe y que no en la jurisdicción y por ende queda a merced de los jueces. Esto sin dejar a un lado, que el debate en el Congreso fue mínimo y que la reglamentación no existe. Por ello, la ciudadanía pide explicaciones frente al caso de Diego Palacio exministro del gobierno Uribe, al quien el pasado viernes se le negó la libertad en el marco de la JEP, en el mismo día se le aceptó a quien fue uno de los cerebros del atentado al Club El Nogal. Sin entrar en detalles jurídicos que no se conocen a cabalidad de ambos procesos, quedan dudas de porque a unos si se les aprueba y a otros no. En el momento en que se está sin reglamentación y sin aclaraciones del alcance de la JEP no deberían haber diferencias en sana crítica.
Es también difícil de entender como no existe una segunda instancia para estos casos, que es un derecho regulado en los principales tratados internacionales en materia de administración de justicia, pensar en el debido proceso implica una segunda instancia, no basta con la decisión de uno solo para decir que se tomó una decisión judicial. Adicional a esto, en un ambiente político tan polarizado como el actual en Colombia, deben darse más garantías a la oposición que en cualquier otro escenario, con ocasión de las verdaderas garantías democráticas.
Esperemos que el juez que tomó la decisión de Diego Palacio pueda explicar claramente sus razones y sostenerse en su fallo, no dejar dudas ni incertidumbres que hoy rondan en los ciudadanos que esperan una justicia garantista, que respete los derechos humanos y no esté dirigida a favores políticos contra la oposición.
El tiempo lo dirá….
