El día de hoy se publicó masivamente en medios de comunicación la grave noticia de que en las listas de miembros de las Farc están cuestionados miembros, criminales buscados y hasta los denominados capos del narcotráfico. Como un error más del improvisado proceso de paz de la Habana, se evidencia la falta de control y de rigor del gobierno nacional en algo tan importante como la veracidad de la información en las listas.
¿Por qué es esto tan importante?
Es precisamente para brindar garantías al proceso. Se requiere tener certeza plena de cuáles son los miembros de las Farc y cuáles no para ser beneficiarios de los privilegios pactados en el proceso. Solo el gobierno nacional podrá garantizar que con los filtros adecuados se tendrá la seguridad, que los de las listas lo son y no hay ningún tipo de error. Porque si así lo fuera como realmente pasó afecta una vez más la credibilidad del proceso.
Tal y como lo publicó la Unidad Investigativa de el periódico El Tiempo:
"El mexicano Irineo Romero Sánchez, de 31 años, registra un largo prontuario delictivo como negociador de coca en Colombia para los Carteles de Sinaloa y de ‘los Zetas’. Agentes de la DEA y la Dijín tienen evidencia de que negociaba cargamentos directamente con la cúpula del 'clan del Golfo'.
Por eso les desconcertó que tras capturarlo, hace seis meses, Irineo apareciera como miembro de las Farc-EP. La justicia italiana también lleva meses esperando que Édgar Ernesto y Giovanny Castillo Rico paguen una condena en ese país por inundar sus calles de drogas ilícitas, tras sellar alianzas con la mafia calabresa y con el narcoparamilitar Salvatore Mancuso.
Pero los Castillo también resultaron colaboradores de la guerrilla y aparecieron en la lista inicial de 3.803 personas privadas de la libertad (PPL) que las Farc le entregaron al Gobierno, aparece el señalado narco Eduardo Cabrera, el ‘Cura’, hermano de ‘Fabián Ramírez’, hoy, parte de los cuadros directivos del partido de las Farc. El ‘Cura’ es pedido en extradición por enviar cada mes 1.500 kilos de coca, desde Caquetá.”
De los 14.088 nombres que Iván Márquez, Mauricio Jaramillo, el ‘Médico’ y abogados de las Farc entregaron, solo 11.284 han sido acreditados, ¿por qué no se han acreditado todos los nombres?, ¿el gobierno por qué no ha exigido la totalidad de miembros acreditados?, ¿Cuál es la demora para los 2.804 miembros faltantes, si han tenido tiempo suficiente para acreditarlos?
Rodrigo Rivera, Alto Comisionado para la Paz, afirmó que son las Farc quienes deben responder por esos casos. Reveló que hay 352 más, bajo investigación, que aparecieron entre los PPL, los milicianos y los guerrilleros que llegaron a las zonas de concentración.
Si bien es cierto que las FARC tienen gran parte de responsabilidad en la omisión de información lo es también el gobierno nacional que es el garante ante la ciudadanía y como responsable del Estado colombiano debe realizar todas las acciones previas y necesarias para que no se cometan errores.
Al entregar privilegios a personas equivocadas implicaría un detrimento patrimonial de recursos públicos, ¿quién responderá? Quienes comandan el proceso y sus resultados, esperemos que estas omisiones no se olviden y como funcionarios públicos respondan ante las autoridades fiscales y órganos de control.
Pero no solo aparecieron destacados criminales del narcotráfico. También “los jefes de bandas que ahora resultaron colaboradores de la causa revolucionaria. Uno de ellos es Juan Carlos Cortecero, cabecilla de las llamadas ‘Águilas Negras’, un reducto de los paramilitares.
El señalado miembro del 'cartel del Golfo', Martín Emilio García Agudelo, también tuvo que ser expulsado, al igual que Miguel Bastidas Bravo, alias Gárgola, jefe de la narcobanda conocida como ‘la Constru’, que opera en el Putumayo y mueve dos toneladas de coca al mes.
La lista negra la cierran Jáider Sullivan Dajome Vidal, miembro de ‘los Rastrojos’, el ejército privado de ‘Los Combas’; y Luis Alberto Ramos Amézquita, señalado jefe de la banda criminal de ‘los R-15”.
Esto evidencia que no solo surgieron errores frente a capos de la droga sino que extrañamente aparecen líderes de bandas criminales que aparentemente han estado separados de los carteles de la droga.
La solución del Gobierno Nacional, es tener nuevos gestores de paz porque se ha quebrado la confianza en los actuales y vincular a los órganos de control, lo que es a todas luces una solución tardía dado que debieron estar vinculados desde un comienzo.
Una vez más se evidencia la debilidad del proceso de paz, un error más del gobierno nacional en realizar los controles y proyecciones adecuadas, siempre con errores que se encuentran a lo largo del camino a través de una estrategia débil e improvisada.
Ojalá se logre corregir esto a tiempo y en unos años no estemos lamentando haber entregado recursos públicos a personas equivocadas que hayan explotado al Estado colombiano con recursos de los contribuyentes y como siempre sin responsabilidad alguna de los funcionarios ejecutores.
La paz debe construirse e implementarse con verdad y justicia no con errores u omisiones, sin beneficiar a quienes no se los merecen abusando de la complacencia gubernamental.
