Las universidades públicas no aguantan más

20 de septiembre del 2018

Por Amaury Nuñez.

Las universidades públicas no aguantan más

Las universidades públicas no aguantan más, por eso la Universidad de Antioquia, Nacional, Industrial de Santander, entre otras, se han movilizado durante las últimas semanas. Con el anuncio de reformar el régimen salarial regulado por el decreto 1279 de 2002 y los efectos de la reforma tributaria de 2016 sobre su salario (aumentos de hasta 1.000 por ciento en tributación), los docentes encendieron las alarmas.

Esto ocurre cuando el gobierno de Iván Duque anuncia el desmonte de Ser Pilo Paga, que nació cuestionado en medio de la crisis más pronunciada que ha tenido la educación superior en Colombia. Mientras el costo promedio de un estudiante de universidad pública es de 5 millones de pesos, el de cada Pilo financiado por ese programa fue de 18 millones de pesos. En total, su costo podría financiar 40 mil estudiantes más en universidades públicas si se tiene en cuenta la relación de costo unitario. Pero 98 de cada 100 pesos terminaron en universidades privadas.

El gobierno anuncia su desmonte a pesar de haberlo negado en campaña. Duque reculó en una de sus promesas, aunque pudiera presentarse como un logro de las universidades públicas del país, no lo es, pues no hay indicios de que el gobierno pretenda trasladarle estos recursos.

Los aportes del Estado a las universidades públicas fueron del 0,42 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 1993 y 2015. El gasto público en educación superior que se destina a las universidades pasó del 83 al 59 por ciento, mientras que los recursos destinados al Icetex pasaron del 2 al 20 por ciento. En otras palabras: incentivo a la demanda a cambio de desfinanciar la oferta de las universidades públicas.

La situación de los docentes, desencadenante de la movilización de los últimos días, justifica los reclamos de ese gremio. De acuerdo con un estudio de Carlos Quimbaya y Jairo Villabona, profesores de la Universidad Nacional, el Estado y los gobiernos han desconocido una serie de obligaciones salariales que impactaron las finanzas del sector.

Lo que se ha dado es una desvalorización del punto salarial que define lo que devengan los empleados públicos docentes. Entre 1995 y 2017 el punto salarial se depreció, con relación al salario mínimo, en un 32,2 por ciento. Eso dio lugar a una “disminución relativa en el mismo porcentaje de los salarios de los profesores de carrera docente en las universidades estatales”.

Se suma a la situación de desfinanciamiento de las universidades públicas los recortes que habrían para el próximo año. Por ejemplo, el presupuesto de Colciencias para 2019 disminuirá en 18 mil millones de pesos, un 35 por ciento menos. Con este nuevo recorte se llega a una reducción del 60 por ciento respecto al 2012, año en que alcanzó su máximo presupuesto.

Nuevamente el ajuste del cinturón sobre la ciencia, la tecnología y la educación. Ya lo expresaba el director General del Presupuesto Público de la Nación, Fernando Jiménez Rodríguez, cuando respondió, hace algunos años, a las preocupaciones expresadas por los rectores de las universidades públicas acerca del estado de las finanzas de estas: las universidades “no pueden abstraerse de las dificultades fiscales por las que atraviesa el país […] la Nación no financia los costos del funcionamiento de las Universidades Públicas, sino que sus aportes constituyen una de las fuentes”.

Las políticas educativas desde 1992 no han revertido el esquema de desfinanciación que golpea a las universidades públicas colombianas. Si bien la movilización de los docentes universitarios se justifica en que golpea sus derechos adquiridos en materia salarial, hay otros reclamos.

Entre ellos se encuentra que se tomen acciones dirigidas a cubrir el déficit de las universidades públicas colombianas, dedicar el 1 por ciento del PIB a actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, cambiar el incentivo al endeudamiento de estudiantes a través de créditos educativos por financiación directa de las universidades públicas y su base presupuestal.

Hay dos opciones: o se resuelve el déficit y es escucha a la comunidad universitaria, o la crisis se profundiza. En cualquier caso la comunidad educativa seguirá su protesta.

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