Leyendo algunos textos de Antonio Morales en ‘Expediente Censurado’, me llamó la atención uno que trataba sobre el conocido adagio colombiano “a papaya puesta, papaya partida”. Una de las frases del texto me ronda la cabeza hace días: “Lo público no es mío, es de todos, y como no es mío me lo robo para que sea mío”.
A los ciudadanos del común, inmersos en las dinámicas diarias, en lo inmediato, no nos interesa el destino del dinero público, no sabemos cuánto se recoge anualmente y mucho menos cómo se invierte. Ni siquiera cuando saltan a los medios de información los escándalos de robos, desfalcos y multitudinarias estafas, parece que nos hablaran del dinero de otro país o de otras personas, y no de lo que es nuestro. Fallan también los medios –por omisión intencional u olvido contextual- en presentar cuál era el destino social de ese dinero que ahora reposa en paraísos fiscales y que deja en Colombia un barrio sin alumbrado público, una serie de veredas sin colegio y a millones de colombianos sentados en las salas de espera de hospitales que se caen a pedazos.
Morales aseguraba en su texto que de cada 100 pesos que los colombianos pagamos en impuestos sólo 7 pesos se regresa a nosotros convertido en el acceso y garantía a alguno de nuestros derechos. ¿Y por qué no nos importa? ¿Por qué no reclamamos? ¿Por qué no exigimos cuentas del dinero que con trabajo (mal remunerado y explotador) hemos dado al estado para que lo redistribuya? No existe en este país una cultura de lo público, de lo mío que es nuestro.
Por esta razón se defienden propuestas como las expuestas por Gustavo Petro, no por quién es, ha sido o será; sino porque ha generado cambios puntuales que han arrebatado de manos privadas lo público que se ha visto tan manoseado y violado. Las basuras y el consumo mínimo vital de agua son dos ejemplos de una gestión, que con una mejor planeación, puede iniciar un cambio hace el fortalecimiento y respeto de lo público en Bogotá, y tal vez algún día en el país.
Ahora que vengan las claridades que expongo y las reflexiones que propongo: Primero, no es una defensa a Gustavo Petro, es una defensa a la institucionalidad y la elección de los bogotanos mediante el voto popular. El irrespeto a los derechos políticos de Petro por parte de otras figuras públicas y funcionaros, cómo es el caso del Procurador Alejandro Ordóñez, son una muestra de la falta de garantías de participación política, tema que de hecho se discute actualmente en La Habana. Por esa razón, los casos de persecución de la Procuraduría a la oposición política, cómo a la ex senadora Piedad Córdoba y el actual alcalde de Bogotá, sobre pasan los hechos en sí mismos y se vuelven un referente de la realidad del ejercicio político en Colombia, y por ello puede poner a tambalear a la misma mesa de conversaciones entre Gobierno y Farc.
Segundo, quitémonos de la cabeza aquella idea del caudillo, el mesías o el redentor. Además de ser excluyentes desde la perspectiva de género, cuando se habla de lo público (dinero, espacio, derechos, zonas, recursos minerales, hídricos, biodiversos) no son los hombres y las mujeres quienes deben ser rodeamos, sino la idea misma de lo público, de lo mío que es de todos.
Tercero, invito al alcalde Petro, a quienes lo defienden, a quienes les simpatiza a proponer un modelo pedagógico efectivo para crear conciencia de la existencia de lo público, luego generar apropiación de ello y mecanismos de defensa de lo que nos pertenece a todos y todas sin distinción alguna. Entonces, elegir mandatarios que puedan responder a las exigencias de un electorado consiente y un pueblo inteligente. Un reto monumental que requiere dejar los egos de lado, los afanes de protagonismo y respetar el dinero que nos costó duro a todos.
Cómo dice otro adagio popular, “agárrame ese trompo en l´uña”.
Ahora que vengan las claridades que expongo y las reflexiones que propongo: Primero, no es una defensa a Gustavo Petro, es una defensa a la institucionalidad y la elección de los bogotanos mediante el voto popular. El irrespeto a los derechos políticos de Petro por parte de otras figuras públicas y funcionaros, cómo es el caso del Procurador Alejandro Ordóñez, son una muestra de la falta de garantías de participación política, tema que de hecho se discute actualmente en La Habana. Por esa razón, los casos de persecución de la Procuraduría a la oposición política, cómo a la ex senadora Piedad Córdoba y el actual alcalde de Bogotá, sobre pasan los hechos en sí mismos y se vuelven un referente de la realidad del ejercicio político en Colombia, y por ello puede poner a tambalear a la misma mesa de conversaciones entre Gobierno y Farc.
Segundo, quitémonos de la cabeza aquella idea del caudillo, el mesías o el redentor. Además de ser excluyentes desde la perspectiva de género, cuando se habla de lo público (dinero, espacio, derechos, zonas, recursos minerales, hídricos, biodiversos) no son los hombres y las mujeres quienes deben ser rodeamos, sino la idea misma de lo público, de lo mío que es de todos.
Tercero, invito al alcalde Petro, a quienes lo defienden, a quienes les simpatiza a proponer un modelo pedagógico efectivo para crear conciencia de la existencia de lo público, luego generar apropiación de ello y mecanismos de defensa de lo que nos pertenece a todos y todas sin distinción alguna. Entonces, elegir mandatarios que puedan responder a las exigencias de un electorado consiente y un pueblo inteligente. Un reto monumental que requiere dejar los egos de lado, los afanes de protagonismo y respetar el dinero que nos costó duro a todos.
Cómo dice otro adagio popular, “agárrame ese trompo en l´uña”.
