Tal parece que todo aquel que no tenga pasaporte debe estar execrado, no solo a la incertidumbre sino también a sus coterraneos. Mayor polémica ha causado Santos con el Decreto 1288, con fecha del 25 de julio, donde se otorga el Permiso Especial de Permanencia (PEP) a todo aquel venezolano que entró al país de manera irregular -es decir, sin un pasaporte- y haya participado en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV).
Hay quienes consideran injusta la medida que premia a cerca de 442 mil 462 personas que, a causa de que el Gobierno venezolano no está emitiendo pasaportes, han cruzado la frontera a toda costa –eso incluye a los malhechores–.
En un acto del presidente saliente, de dejar en orden la problemática ante el ascenso del nuevo gobierno, surge el reconcomio entre los propios venezolanos; entre aquellos que cumplieron con sellar o están solicitando una visa. De algún modo se concibe que un pasaporte representa poder adquisitivo y estabilidad, mientras que no tenerlo es sinónimo de “escoria chavista”.
La realidad es que el Estado colombiano no va a dar papaya donde pueda. Los tramites de prorroga y visado parecen estarle dando buen ingreso, sin embargo, es el contenido de la Ley lo que causa malestar. El goce de seguridad social subsidiada, prioridad en el sistema educativo, oportunidad de trabajo, vida financiera y amortiguación en trámites legales son los beneficios que como turista o residente no se consiguen –al menos no fácilmente- a pesar de que se dice estar ofreciendo ayuda humanitaria.
¿Es desigual la normativa? Sí, lo es. Aquellos que gozan de Visa quedan amarrados a un puesto de trabajo, pues están bajo el amparo de la empresa contratante. En el sistema educativo deben cumplir con todos los documentos debidamente apostillados y convalidados ante el Ministerio de Educación, deben pagar por su salud y cada proceso legal se traduce en impuestos para el Estado.
La solución sería institucionalizar los operativos migratorios y ablandar el ordenamiento jurídico, pero eso le tocará decidirlo al nuevo residente de Nariño. Lo que sí está claro es que con estas medidas no se busca alimentar el parasitismo social, por el contrario se aspira generar estabilidad –aún no se aviva el debate por derechos civiles- para hacer del fenómeno sostenible y productivo para la nación.
Muchos venezolanos han manifestado su intención de hacer una vida en Colombia y al paso que vamos será un hecho. Los vientos de cambio en Venezuela son dudosos y se estima que el terreno económico se recuperará a plazo de 30 años –si acaso-.
Curiosamente las acciones en política exterior se enfrentan a los nacionalismos, pero en este caso la misma inconformidad del grupo poblacional, que arrastra el conflicto social que dejó atrás, pone de manifiesto la ruptura del tejido de integración dando paso a: ¿por qué a ellos sí y a mí no?
