¿Quién le responde a Fundación después de la euforia del Mundial?

9 de julio del 2014

Después de ver el programa del 22 de junio de Caracol televisión Séptimo Día dedicado a la tragedia de Fundación donde murieron 33 menores y donde la alcaldesa Luz Estella Durán Manjarrez se equivoca al no aceptar responsabilidades de carácter administrativo en la omisión de aplicar las medidas de tránsito correspondiente a la supervisión de […]

Después de ver el programa del 22 de junio de Caracol televisión Séptimo Día dedicado a la tragedia de Fundación donde murieron 33 menores y donde la alcaldesa Luz Estella Durán Manjarrez se equivoca al no aceptar responsabilidades de carácter administrativo en la omisión de aplicar las medidas de tránsito correspondiente a la supervisión de los vehículos que transitan por el municipio. De escuchar el lenguaje técnico del viceministro de transporte, el relato del conductor y el pastor evangélico, el testimonio de los menores que sobrevivieron no hay duda de que nadie asume su responsabilidad, de que se atribuye a simples fallas extemporáneas o a un día fatal en medio del horno que se vive en Fundación, Magdalena debido a su alta temperatura.
La Ministra de Transporte Cecilia Álvarez tuvo el coraje en la conmemoración de los 30 días de la tragedia de reconocer un poco el mea culpa argumentando que “este es un momento de reflexión, aquí cada cual es responsable por uno y por los demás. Lo es el conductor, la Policía, el Ministerio y cada ciudadano”. ¿Pero será que con esto es suficiente? Cuando lo que se tiene que buscar son acciones de que un accidente de esta magnitud no vuelva a ocurrir en municipios de Colombia que no aplican las simples medidas de tránsito por el solo hecho de que sus gobernantes no saben dónde están parados, porque desconocen las funciones de una autoridad civil y en muchos casos hasta desconocen el municipio que gobiernan.
No cabe duda de que esta tragedia será un olvido más. Que los familiares serán los únicos que soportarán el dolor de la ausencia de sus hijos, donde será una lección que no se aprenda con un director de tránsito municipal, Jorge Domínguez Blanco, que se mantiene mudo al igual que sus acciones, no tiene el coraje de aceptar y renunciar, porque toda la responsabilidad ha recaído sobre las personas más frágiles de esta cadena de irresponsabilidades. Y así no se puede construir una sociedad cuando sus funcionarios públicos son los primeros en huir y no velar por sus actos, por la sencilla razón de que estos mandatarios regionales son elegidos no por capacidad sino por conveniencia del amiguismo del grupo político de turno.
Una elección cuestionada por sus propios habitantes donde al momento mismo de conocerse los resultados una turba enfurecida atacó la Registraduría, el Concejo y la casa del entonces alcalde Libardo García, me pregunto si la actual alcaldesa de Fundación tiene relación con Jorge Durán candidato al Senado por el Partido Liberal en los pasados comicios donde su familia, según el estudio de riesgo de la Fundación Paz y Reconciliación sobre Candidatos & nexos con fuerzas ilegales que lidera León Valencia (http://www.elpais.com.co/elpais/archivos/candidatos-con-presuntos-nexos-ilegales.pdf) se describe de la siguiente manera: “Sus tíos Jairo ´´El Mico´´ Durán, Álex Durán Fernández, y Carlos Durán Fernández, todos asesinados, fueron narcotraficantes, y se les sindica de formar grupos paramilitares en el Magdalena. Estos familiares promovieron a su sobrino Jorge Durán (ex Diputado), y quien ahora resucita, de la mano de Jaime Serrano, y ha sido el apoyo de Fossy Marcos en sus cuatro alcaldías de Aracataca. La impunidad que se ha tendido sobre el robo continuo a esa administración municipal, y a la de El Retén, siempre en disputa o asociado del condenado parapoítico Fuad Rapag Mattar”. Lo anterior no pone en tela de juicio el actuar de la alcaldesa ya que cada uno es dueño de sus acciones civiles y heredar los pecados de la familia sería injusto, pero lamentablemente en el Magdalena las alcaldías municipales se volvieron el trofeo de familias y un reparto monárquico donde capacidad es confundida con popularidad.
Un municipio de casi 60 mil habitantes, postrado en la Ley 550 o ley de quiebra producto de las malas administraciones de sus gobernantes. La llamada “Esquina del Progreso” vive su propio calvario de barrios subnormales producto del desplazamiento, entre ellos Altamira y Faustino Mojica donde residían la mayoría de infantes caídos en la tragedia. Vías destapadas, sin alcantarillado, sin agua potable, en fin sin nada y que si hubiera tenido una líder capaz de sentir la tragedia de ese municipio a lo mejor habría aprovechado para solicitar, ya que los ojos del país estaban volcados hacía su tierra, para gestionar, pedir, adelantar las ayudas gubernamentales que el municipio requiere. Un momento de dolor pero aprovechado políticamente para cumplir con lo que tiene que adelantar un alcalde, siempre y cuando sepa dónde está parado, para aclarar que es una responsabilidad compartida y no quedarse cruzada de brazos aclarando que Fundación solo tiene 3 policías para controlar el tránsito.
A 24 horas de la tragedia se estableció una reunión en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Barranquillas, donde se dio la declaratoria de calamidad y se destinaron 200 millones de pesos para apoyar el Plan de Acción para la atención de Familiares y Víctimas, Pero a una semana de cumplirse los primeros 30 días de la tragedia se denunció que la atención psicosocial no la están brindando todos los días, sino entre dos y cuatro veces a la semana, “dependiendo del estado emocional de los padres. Además, ellos decidieron darles un espacio para adaptarse a las nuevas condiciones”. En los 45 días de la tragedia ya no se le proporciona los medicamentos necesarios a los menores que sobrevivieron por inconvenientes con las EPS, los bomberos del municipio esperan por equipamientos digno de su profesión, ¿Qué se puede esperar cuando pase más tiempo?
Para el Ministerio de Transporte la solución está en una Agencia Nacional de Seguridad que permitirá intensificar las labores de control y vigilancia en el país. Otro aparato burocrático más que trate de mitigar las irresponsabilidades, cuando el asunto está simplificado en que los funcionarios públicos cumplan con sus funciones amparados en campañas de control y educación ciudadana, pero al igual que esta y otras tragedias todo se resuelve con la plata del FOSYGA, que entre otras, la indemnización prometida a los padres está embolatada ya que aseguran que es la misma utilizada para los gastos fúnebres, y lo peor es que ya aparecieron las filas de lobos de abogados que se frotan las manos con las demandas que lloverán contra el Estado, que entre otras son nuestros impuestos los que tienen que responder por las omisiones de sus mandatarios, que a lo mejor ofrecerán sus buenos oficios de sus amigos abogados para los requerimientos necesarios.
Lo de Fundación es tan peculiar que en el antiguo Idema, se gastaron una cantidad de plata haciendo un supuesto mercado que nunca ha funcionado, como todas las obras en el Magdalena, donde sus dirigentes son recordados no por las cosas buenas que casi nunca pasan, sino por las tragedias donde esta será una más en una tierra donde la Procuraduría no existe y con ella la justicia.
El Magdalena produce dos clases de noticias, unas de corrupción y otras de tragedias, algo que avergüenza a sus coterráneos pero que no les produce el más mínimo rubor a sus mandatarios.

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