Ser practicante en Colombia o morir en el intento

La mejor forma de entender el estado actual de la Educación Superior en Colombia y su relación con el mercado laboral es fijar la mirada en los estudiantes de pregrado de los últimos semestres. Como requisito, es sabido que todo estudiante debe realizar una práctica profesional en alguna entidad afín a la carrera, pero esto en el papel es apenas favorable. Seguramente, los entes encargados de regir la educación en el país ven con buenos ojos que un casi profesional se acerque, poco a poco, al ejercicio laboral. Sin embargo, lo que está sucediendo es que están tirando de cara a los estudiantes a un futuro inmediato tan incierto en donde escasean las garantías. Y bueno, es posible que la incertidumbre laboral a la que se enfrentan (nos enfrentamos) los jóvenes de este país, sea un mal que es necesario conocer. Leyes como la del primer empleo buscan, aparentemente, impulsar la contratación de nuevos profesionales a cambio de beneficios fiscales para las empresas, pero esto no va más allá de una simple leguleyada. ¿Y qué pasa con los practicantes? En este país, nada. Practicante es igual a no-profesional, novato y, con suerte, aprendiz. No tener el cartón debajo del brazo implica toda suerte de demoras y menosprecios, y eso que se trata de posible mano de obra semi-calificada y barata, muy barata, para las empresas. Así las cosas, el panorama es preocupante. Las posibilidades de que un estudiante de pregrado logre realizar su práctica profesional en una entidad de prestigio se reducen al poder de la palanca. Entre más alto esté el amigo, más chances existen. Como todo en este país, claro. Son pocas las ocasiones en las que se tienen en cuenta factores como el rendimiento académico, las habilidades y las competencias, tan promocionadas por el modelo educativo imperante en la actualidad. A la basura. Siempre sobresalen detalles, aparentemente nimios, como en qué universidad estudia el aspirante. Si es privada, punto; si es de las tradicionales capitalinas, punto extra. La cobertura académica y el trabajo, en Colombia, se encuentran radicalmente desproporcionados. Ser practicante, entonces, se convierte en un dolor de cabeza. Con contadas excepciones, alguno logra sobreponerse gracias a sus capacidades. Y con lo anterior me refiero a que solo pocos logran un buen sitio para hacer su práctica. El resto de estudiantes (los otros miles) están destinados a lo que el director de su programa académico  logre hacer (nada, en la mayoría de los casos) o a lo que cada uno logre conseguir, bien sea por suerte o por amistades importantes. Ello demuestra, en el caso de las universidades públicas, principalmente, que el cuento de las oportunidades para los graduados está bien echado, pero no deja de ser una farsa. Si conseguir trabajo con el título profesional es tedioso, tratar de hacerlo sin él puede ser hasta humillante. A propósito de lo anterior, es preciso recordar la editorial de la Revista Arcadia titulada ¿Hora de repensar una carrera?, en la cual se da un panorama de lo que significa enfrentarse por primera vez ante el complejo mundo de los medios de comunicación. La cuestión se centra, entonces, en la eficiencia de las universidades durante el proceso de formación y la dureza de un mundo laboral que no respeta ideas, ideologías ni consciencias. Ser practicante significa muchas veces hacer cosas que atentan en contra de los principios, y eso cuando se cuenta con la fortuna de ejercer lo que se estudió, y no ser el pasador de los tintos. Sólo resta mencionar la precariedad de la situación. En el año 2012, el Ministerio del Trabajo radicó un proyecto de ley mediante el cual se modificaba "el contrato de aprendizaje", es decir, se reglamentaban las prácticas profesional. Dicho proyecto contemplaba la posibilidad de que un practicante recibiera apenas un 75% del salario mínimo vigente, más prestaciones sociales, pero fue finalmente retirado. Ello implica que buscar una práctica profesional en Colombia equivale a mendigar para que alguien se aproveche del trabajo gratuito realizado por un estudiante. Eso cuando la responsabilidad de las empresas sugiere que es necesario un miserable auxilio de transporte como contentillo. Por supuesto, conseguir trabajo en Colombia implica tener que remar dos veces. Pero el poco compromiso, tanto del Estado como de las universidades y otras instituciones de educación superior, para brindar garantías laborales, torna más preocupante la situación. Ni siquiera contar con la fortuna de lograr una buena práctica profesional significa una certeza luego de los seis meses exigidos por la universidad. Es entonces necesario replantear la ecuación entre el desarrollo económico que promueve el Estado y las condiciones verdaderas de la Educación Superior en Colombia. Más que un problema para los practicantes, se trata de un problema estructural que hasta el momento a nadie le interesa.