¿Qué se acordó con las Farc en el tema agrario?

5 de junio del 2013

La desigualdad entre los grandes poseedores y los campesinos pobres que la trabajan, ha sido uno de los mayores problemas sociales del país

Artículo originalmente publicado en elcentauro.co

Transcurrida casi una semana desde que el gobierno y las FARC anunciaran con bombos y platillos haber llegado a un acuerdo en el primer punto de la agenda, el país aún no sabe qué fue lo que se acordó. Aunque algunos analistas afirman que se logró un gran avance, recalcando que las conversaciones van por buen camino, la opinión pública, además de un escueto comunicado y declaraciones generalizadas, no tiene certeza de lo que se pactó en La Habana.

Según el comunicado de prensa conjunto, fueron seis los temas sobre los cuales se logró consenso:

• Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.

• Programas de desarrollo con enfoque territorial.

• Infraestructura y adecuación de tierras.

• Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.

• Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.

• Políticas alimentarias y nutricionales.

¿Conclusión? Nada concreto (o por lo menos no que se sepa). Es decir, durante seis meses, entre declaraciones absurdas de las FARC, silencio hermético del gobierno, y desconfianza en la mayoría de los colombianos, el resultado del primer punto de las conversaciones no es más que una idea general, conceptos abstractos sin puntos concretos que discutir o criticar.

¿Que se necesita salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza? De eso no hay duda. ¿Que para el desarrollo agrario es necesario el desembolso de subsidios, tecnificación y créditos? Claro que sí. No hay que ser una pseudointelectual (que de vez en cuando asesina a uno que otro campesino) para saberlo.

El acuerdo que el gobierno y la guerrilla pretenden presentar como la gran ruta de desarrollo del campo colombiano no se diferencia mucho de la promesa de campaña de cualquier político en busca de votos (planteamientos generales sin planes específicos de acción).

Pero incluso si se hubieran acordado estrategias concretas para lograr “planes en vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos” o “erradicar el hambre a través de un sistema de alimentación y nutrición”, ¿son válidos y ejecutables estos acuerdos secretos?

Probablemente aquellos que respaldan el proceso de paz desconocen, o pretenden darle la menor importancia, al hecho de que las grandes reformas que requiere el país están siendo firmadas (en secreto y sin oposición de la ciudadanía) con los asesinos más grandes que ha tenido que soportar Colombia durante las últimas décadas.

Tal vez para aquellos que defienden a capa y espada los diálogos con terroristas, resulte normal que los mismos que han obligado a miles de campesinos a abandonar su tierra, ahora dicten la política agraria colombiana. Esta paradoja no solo es éticamente reprochable sino democráticamente inviable.

Desde el nacimiento de la república el problema del campo colombiano ha sido enorme. La desigualdad entre los grandes poseedores de tierra y los campesinos pobres que la trabajan, ha sido uno de los mayores problemas sociales del país. De ahí que la respuesta que dé el Estado al problema agrario sea urgente.

El problema es la forma en la que se pretende dar solución a los problemas del campo: con un gobierno que, en vez de tener iniciativa propia (presentando los programas que sean necesarios y las leyes que considere pertinentes), cede ante las propuestas de una organización armada que (en cualquier sociedad democrática del mundo) no debería tener derecho a presentar propuestas hasta que no entregue las armas.

Ahora, dejando de un lado este dilema ético (haciéndonos los de la vista gorda como se pretende hacer con los crímenes que las FARC han cometido), ¿Qué tan viable es implementar lo que se ha acordado en Cuba?

Materializar el bonito discurso del tema agrario no será fácil. Dejando de un lado los obstáculos presupuestales y técnicos (que con acuerdo o sin acuerdo se deben hacer, porque el campo no puede seguir abandonado), el gobierno, para cumplir con lo que se comprometió con las FARC, deberá expedir decretos, modificar leyes y, aseguran algunos, hasta modificar la Constitución. ¿Qué tanto campo de acción tendrá el Congreso? ¿Podrán modificarse los proyectos de ley que el gobierno presente o se deberán aprobar a “pupitrazo” (como últimamente hace el ejecutivo aprovechando su bancada mayoritaria)? ¿Y si la Corte Constitucional declara inexequibles las leyes de La Habana?

Si se supone que las FARC entregarán las armas a cambio de estas “revolucionarias reformas”, ¿de no aprobarse por las vías institucionales (como debe ser – con debates entre miembros de la sociedad civil y no por imposición de grupos al margen de la ley), la guerrilla volvería a las “montañas de Colombia”, con su absurda lucha armada?

Negociar con la guerrilla no es malo, lo preocupante es que, con la excusa de la paz (que todos queremos), se terminen negociando aspectos que requieren de gran debate, reformas que se deben hacer de manera democrática y no por chantaje de unos delincuentes.

http://twitter.com/Jhoan123

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