¡Señores, ya no más… paremos esto!

16 de mayo del 2011

Si el interés real fuera el de cumplir con los dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Nacional, en cuanto a garantizar a todas las personas la prestación de servicios de salud dentro de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad que allí se señalan, nunca habría tenido cabida una norma como la ley 100 de 1993, con sus desarrollos y reformas posteriores.

Y no habría tenido cabida, sencillamente, porque su inspiración no está en cumplir con lo que manda la Constitución en materia de salud sino en explotar la mina de negocio que se abría con la prestación de ese servicio.

Desde ese momento se arrancó mal, pues el objetivo que es la salud se subordinó al lucro, y al afán desmedido de éste, que es lo que viene sucediendo desde que no hubo nadie que, con la seriedad debida, cuidara los intereses de la comunidad frente a la irrupción (dentro del excluyente y mundialmente impuesto modelo económico que  tuvimos a bien en adoptar, sin más ni más) de los privados y las grandes corporaciones en la prestación de servicios públicos.

Asimismo, si ese fuera el interés, mínimamente, a la par con la habilitación jurídica, administrativa y financiera de las empresas prestadoras de los servicios (y no es sólo el caso de la salud) el Estado debería haber estructurado y organizado las reglamentaciones correspondientes y los mecanismos necesarios para ejercer la vigilancia y el control que le señala el mismo artículo 49. Mientras ese alistamiento no estuviera, no podía arrancar el sistema, pero, reitero, como ese no es el interés, desde 1993 hasta los días presentes que dan luz al escandaloso ‘robo a la salud’, reglamentaciones y mecanismos brillan por su debilidad y raquitismo.

Aun así, con todo y alistamiento del Estado y sin que se hubiera presentado el saqueo que por cobros y pagos fraudulentos autoridades investigan (bienvenidas condenas, sanciones e intervenciones), no se puede perder de vista que el sistema no responde a las necesidades de la comunidad, pues, la negación recurrente y/o el suministro inoportuno de servicios y medicamentos (prácticas que develan la condición de negocio de quienes tienen a su cargo prestar los servicios) cuando no agravan la condición de salud de los enfermos les causan la muerte, despropósito que, al parecer, no importa.

Es por ello que resulta espeluznante que, tanto Congreso, exceptuando unas escasas minorías, como funcionarios del gobierno, insistan en defender o preservar esta organización de nuestro sistema de salud si, por encima de todo, resulta inhumano y despiadado.

No es sino reparar un poco en las posiciones esgrimidas por el ministro del ramo, para quien, en síntesis, la solución está en una mejor gestión en sistemas de información, en regulación y en la actualización del plan de beneficios, todo lo cual permitirá un sistema más equitativo y de mejor calidad. Pero, se debe insistir, eso que para él es suficiente no llega al fondo del problema.

No deja uno de admirarse cuando se pregunta en qué pensarán los congresistas, qué sentirán, cuando, como en el debate sobre la salud, realizado en la Plenaria del Senado, hace unos días, se demostró lo inapropiado del sistema. ¿No sentirán que le deben al país? ¿No los atormentará el hecho de prestarse para que reine un orden tan inhumano que atenta contra la vida de la gente, incluidos sus allegados? Si ellos quisieran es mucho lo que podrían hacer. Ellos en sus comunidades han visto los padecimientos de sus conciudadanos. Y si en algún campo debe imperar el interés general sobre el particular (que tantas e indebidas veces se impone en las decisiones legislativas) es en el de la salud.

Son varias las voces de conocedores del tema que aconsejan la adaptación a nuestro medio de modelos de administración de la salud similares a los de otros países, donde el ser humano es primero y, por lo tanto, los intereses de negocio están por debajo de ese derecho fundamental. También nos han dicho que con los 38 billones de pesos que cuesta nuestro sistema actual, un modelo probado de los que ellos sugieren nos proporcionaría resultados más rotundos, en calidad y cobertura, que es lo que la comunidad requiere.

La sola necesidad sentida de la gente debería, también como en otros países, ser el motor para un cambio radical de este estado de cosas. Pero, mucho me temo que ante la aquiescencia del gobierno con el modelo económico que inspira el ‘modus operandi’ de nuestro sistema de salud, y por ende, su falta de voluntad, y con ella la de Congreso y empresarios, para atacar el problema como corresponde, no queda otro camino que dejar a un lado la pasividad que nos caracteriza a la hora de demandar nuestros derechos y acudir a manifestaciones masivas, sin tregua, como la de febrero de 2008, en rechazo a la guerrilla. Sólo que en esta oportunidad será contra un régimen inhumano, prohijado por quienes, invocando nuestra Carta Política, y, a la vez, burlándose de ella, dictan decretos y leyes que permiten a unos cuantos lucrarse con un negocio de avaricia y de muerte.

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