¿Al mejor postor o al mejor ponente?

13 de mayo del 2011

Aunque parezca increíble nuevamente nos enfrentamos a posturas político-legislativas que aun no encuentran consenso en materia de víctimas y restitución patrimonial y se sigue jugando con las expectativas y necesidades morales y económicas de los sujetos pasivos de la violencia en Colombia.  A un debate que sería el decisorio de la suerte de la famosa Ley de Víctimas, nos vemos avocados no solamente al conocimiento y discusión de la ponencia de Juan Fernando Cristo  (coordinador de ponentes), Jorge Eduardo Londoño, Hernán Francisco Andrade, Roy Leonardo Barreras, Hemel Hurtado y Luis Carlos Avellaneda, sino a una ponencia adicional y alterna a la primera basada en el texto definitivo, aprobado en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, el pasado 12 de abril. Es una ponencia que de manera individual el Senador Luis Carlos Avellaneda, radicó el miércoles pasado ante el mismo cuerpo colegiado del Senado. Esto sin duda prende  más el debate y con seguridad le va a dar más largas a la plenaria y convierte para las víctimas, este show político en un debate sempiterno.

No obstante, a juicio del escritor, la ponencia del senador Luis Carlos Avellaneda, esta un poco más cercana a una realidad humanitaria en materia de reconocimiento y dignificación de las víctimas que la ponencia del senador Juan Fernando Cristo. De todas formas se asemeja más a una colcha de retazos, que a una compilación seria y juiciosa que maneje un resarcimiento integral para sus destinatarios. Esto pues, parece una puja que comienza con una base para entrar a las apuestas, que le juegan al protagonismo mediático, mientras los maltratados, débiles y desprotegidos esperan resultados positivos.

La ponencia alterna le apuesta a aspectos modificatorios en puntos determinantes del proyecto de ley como lo son: fecha, concepto de víctima, proceso administrativo, restitución de patrimonio, distinción entre reparación y medidas de asistencia humanitaria, bienes de utilidad pública e interés social, la no repetición, el neo-paramilitarismo, el derecho de superficie y el contrato de transacción.

Establece de manera acertada nuestro segundo contendor legislativo, que en el proyecto nasciturus se tienen que mejorar las condiciones para la participación efectiva de las víctimas en los procesos que de ellas se deriven, tanto en lo concerniente a reparación, como en lo relativo a la restitución patrimonial. Esto en el caso del primer postor ha sido desconocido, pues de arranque, ni siquiera pasaba al teléfono para concretar citas con las organizaciones de víctimas, y lo digo porque fui víctima de su indiferencia. Con esto podemos ver que el texto aprobado sobre reparación a las víctimas adolece del principio de integralidad, incumple disposiciones constitucionales e instrumentos internacionales, no satisface la expectativa de reconciliación, y por tanto esto impide un respaldo del mismo. Por estas razones Avellaneda y su bancada resolvió presentar su propia ponencia.

Me gustaría tocar punto por punto, pero el tiempo y las letras son escasos en los medios de comunicación. Toco un tema de vital importancia que es establecer una definición limitada de víctima que contraviene los principios del DIH, siendo excluyente y contrariando las disposiciones del Derecho internacional Humanitario, dado que imposibilita la reparación de los niños, las niñas y adolescentes reclutados forzosamente y a quienes se les ha arrebatado la posibilidad de un desarrollo libre de su infancia. Esa  definición  no contribuye a evitar los excesos que eventualmente se puedan presentar por los actores armados inmersos en el conflicto, dado que el DIH establece la protección de los miembros de los grupos armados ilegales o miembros de la fuerza pública,  en un episodio de exceso injustificado del uso de la fuerza, como en situaciones de tortura o muerte por sevicia, casos en los cuales, un victimario pasa automáticamente  a ser considerado víctima y por ende ser sujeto de protección por parte del Estado.

El parágrafo 4 del articulo tercero reza: Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del primero de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley. Esto es más romántico que jurídico y reconocedor de los DD.HH., pues no se requiere de su integración en el articulado para ser reconocido como derecho fundamental y que hace bloque constitucional con tratados internacionales. Los DD.HH., la verdad y garantías de no repetición son erga omnes y de estricta observancia con lo cual simplemente están ahí y se materializa sin necesidad de integrarlos a una u otra norma, pues condición de abstractos y globales así lo determina.

La justicia transicional exige de los Estados la búsqueda y difusión de la verdad histórica, programas de reparación integral para las víctimas, que no pueden ser reducidos a una mera indemnización ni ser condicionados a la renuncia de otros derechos, y el diseño de modelos excepcionales de aplicación de justicia, que si bien admiten la flexibilización de principios como el de proporcionalidad e igualdad en materia penal, no pueden constituirse en paradigmas de impunidad que profundicen el dolor y el rechazo de las víctimas y en consecuencia impidan la cicatrización de las heridas.

Para terminar debo decir que la fecha es discriminatoria a todas luces, o sea un puntillazo más de inconstitucionalidad, que sirve de sustento a mi demanda ante la Corte Constitucional de este manoseado proyecto de ley.

Llamado: ¡Hagan sus apuestas! ¿Quién da más, mientras afuera del Capitolio siguen mendigando justicia las víctimas?

Twitter: @colconmemoria

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