¿Amarrar el gato con los chorizos?

31 de enero del 2011

El debate sobre los precios de los medicamentos en nuestro país no ha terminado

El llamado “régimen de libertad de precios” de los medicamentos comenzó a finales de 1998. Notas de prensa de la época registraban la decisión gubernamental de dejar que la oferta y la demanda determinarán el valor de los productos farmacéuticos, lo cual obedecía al propósito de “proteger a la industria”. Algunos creían que los precios no se alterarían (El Tiempo. Liberan precios de medicinas. 31/12/1998). Vana ilusión: los precios estallaron rápidamente a comienzos del siguiente año (El Tiempo. Disparados los medicamentos. 11 /06/99).

La ley de oferta y demanda no ha servido para regular precios en un sector tan sensible a la manipulación, ni ayuda a reducir los fabulosos márgenes de rentabilidad de la industria. Todo lo contrario. Para 2002 la situación había empeorado y se decía con sorna que “Los medicamentos subieron tanto de precio en el último año que los enfermos, con solo ver los costos de las nuevas fórmulas, se alientan sicológicamente” (El Tiempo. Alzas exageradas sin remedio. 11/09/2002).

Vino luego la llamada “libertad regulada” como la gran solución: los precios de ciertos medicamentos fueron intervenidos. Sin embargo, un estudio contratado en 2005 por el Ministerio de Comercio (encargado entonces de hacer seguimiento al comportamiento de los precios) concluyó que ese modelo no era funcional si no se definían con claridad los requerimientos de información que, de manera confiable y oportuna, resultan necesarios para identificar los medicamentos en los que existe poder de mercado. No de otra forma se podría seguir periódicamente el comportamiento de los precios en los mercados relevantes. Aquel estudio cuestionó que no se hubiera hecho un “análisis crítico de la información sobre precios exfábrica reportados por los laboratorios para este propósito”. Se concluyó que el principal error del Gobierno es que la regulación de precios se estaba realizando sobre la base de información suministrada por los mismos laboratorios. Como quien dice: amarraron el gato con los chorizos.

Partiendo de tales análisis se creó en 2006 el llamado SISMED (Sistema de Información de Medicamentos), que buscó centralizar la información sobre precios de medicamentos y servir como herramienta de apoyo para la regulación de precios de manera efectiva a lo largo de la cadena de comercialización. Los resultados prácticos de ese SISMED no se ven por lado alguno. Ese sistema de información aun no cumple el objetivo para el cual se creó. Por lo que sabemos, la base de datos de ese SISMED no empieza siquiera a cruzarse con otras bases de datos, de modo que permita definir si se está por fuera de los límites de precios de los medicamentos.

Desde que se decidió liberar los precios de los medicamentos las noticias han sido negativas respecto al impacto de la medida. Han sido múltiples las ocasiones en las que se ha enviado un mensaje de urgente reestructuración de políticas a ese respecto, pero éstas se han mantenido sin mayores variaciones. Por su lado, los diferentes actores en las cadenas de comercialización no cumplen con el acuerdo de mantener precios accesibles y viven felices de que, para acabar de ajustar, no existen consecuencias legales contra quienes ayudan a elevar los precios de los medicamentos: los partícipes de la cadena de producción y comercialización aprovechan el libre mercado y actúan conforme al esquema normativo que protege la libre competencia en Colombia, con total impunidad.

Las autoridades tienen una agenda pendiente en el control de precios de los medicamentos que redunden en beneficio de los pacientes en general, y del Estado que paga medicamentos a precisos de escándalo ya sea a través de los famosos recobros, o a través de las UPC.

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