¿Cacería partidista?

4 de junio del 2011

El llamado del presidente Juan Manuel Santos a las altas Cortes pidiéndoles ponderación de sus fallos, pone otra vez en boca la frase “politización de la justicia”, por estos días que tan cuestionados andan los fallos de  la Corte Suprema por parte de la opinión pública que al principio creyó en la eficacia de las instituciones, pero que con el pasar de los días ha evidenciado la firme posición política en los fallos emanados, en especial de esta corporación.

El presidente, con su llamado a las altas Cortes de ponderar sus decisiones, se entiende como la posibilidad del juzgador de equilibrar, contrapesar, atribuir un peso a un elemento de un conjunto con el fin de obtener la medida adecuada para un caso concreto, hablando de la realidad social, las normas y los valores sin confundirlos; Kelsen planteó ello como “complejidad pura”. Santos no es el primer presidente que expresa sus opiniones frente a decisiones judiciales controvertidas, la diferencia es que a Santos no se le cuestionan sus opiniones al respecto, frente  los cuestionamientos que se hicieron en su momento a Uribe. ¿Por qué?

¿Cómo no preocuparnos de las decisiones que afectan el normal desarrollo del Estado, máxime cuando se declaran de ilícitas las pruebas recaudadas en una operación militar que se reconoce en providencia como legítima, en donde el material probatorio se embaló y se manejó según los protocolos para no romper la cadena de custodia? ¿Cómo dejar pasar inadvertido una sentencia del Consejo de Estado en la cual se enuncia que el Estado creó la situación de riesgo al instalar una base militar? ¿Acaso no es un fin del Estado velar por la seguridad del territorio a lo largo y ancho del país?

Pues todo esto preocupa obviamente no solo al presidente Santos, también a los institutos dedicados a estudios jurídicos, a juristas, y a ciudadanos del común que ven inapropiadas y salidas de contexto, algunas decisiones de las altas Cortes.

Esta semana que pasó, según fuentes, fue planteada la posibilidad de tipificar los delitos de narcotráfico y lavado de activos a los congresistas involucrados en el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Al parecer hoy van adelantados tres procesos y para analizar cada caso en particular se rompió la unidad procesal y se abrieron 14 procesos por el escándalo. Lo que llama la atención es por qué se tipificarían los delitos de narcotráfico y lavado de activos a quienes están inmersos en este escándalo.

En el derecho penal últimamente se han acogido en decisiones las tesis del finalismo donde el resultado es el que se reprocha. Atrás quedaron las tesis causalistas que buscaban responsables en una cadena causal que probablemente nunca tendría límite.

Llama la atención desde todo contexto que a los congresistas que están salpicados con este triste episodio de la Dirección Nacional de Estupefacientes se les pretenda imputar los presuntos delitos de narcotráfico y lavado de activos pues desde un comienzo se hizo público que el posible delito imputable a quienes en juicio se les compruebe relaciones con depositarios de bienes de la DNE, serían los delitos de tráfico de influencias y conexos pero en ningún momento se socializó la posibilidad de llevarlos a los estrados por delitos tan graves, reprochables y bárbaros como narcotráfico, testaferrato y lavado de activos. ¿Será cierto que así serán calificadas sus conductas por la Corte Suprema de Justicia?

De tener alguna base este rumor, queda un manto muy contundente de la “politización de la justicia” pues de probarse que congresistas convocados por lagartos y especímenes propios de la “política” para ayudar a “gestionar” la administración de bienes incautados al narcotráfico, aquellos honorables estarían incursos del tipo penal de tráfico de influencias, no del tipo narcotráfico y lavado de activos. La justicia debe operar, ser eficaz y más si de tráfico de influencias se trata, pero de ahí a hablar de narcotráfico y lavado de activos es otra cosa. La preocupación es grande pues hay un grueso número de congresistas implicados en el escándalo de un mismo partido político, partido muy afecto a las decisiones del gobierno anterior y que en el evento que se les impute, sean vencidos en juicio de los delitos de narcotráfico y lavado de activos la responsabilidad no solo sería de aquellos que quisieron ser “gestores” de la administración de bienes incautados al narcotráfico, sino también de los partidos políticos a los que pertenezcan, y que por cuenta de este delito su solidaridad estaría en la pérdida de esas curules por cuenta de la silla vacía que opera también en los tipos penales de narcotráfico y lavado de activos. Ojalá la Corte Suprema pondere bien las circunstancias de este grave escándalo y al igual pondere la adecuación típica a cada caso. De lo contrario… estaríamos en una cacería partidista.

TWITTER: @g_rodriguezm

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