¿Cuáles son los estándares éticos de esta sociedad?

20 de abril del 2011

El cambiar de panorama viajando a otro país nos permite salir del remolino que nos absorbe en Colombia, por la permanente avalancha de noticias sobre corrupción, todas graves, que se atropellan unas a otras sin que se den los necesarios debates públicos y sin que haya consecuencias sociales y políticas.

En contraste, hemos encontrado casos interesantes en Chile, que reflejan unos estándares éticos que alcanzan las democracias a medida que logran elevar su nivel de desarrollo. Estos estándares se podrían definir como el nivel de intolerancia de una sociedad frente a las actuaciones irregulares, impropias, o poco éticas de quienes están investidos de poder, bien sea por ser parte del Estado o por tener una posición de preponderancia en la sociedad.

Recordamos dos casos que se dieron al inicio del gobierno Piñera: l del Director de Gendarmería, General Iván Andrusco, que se vio obligado a renunciar a su cargo a los pocos días de su posesión, por haber formado parte del organismo represor, en el gobierno Pinochet, que fue causante de la muerte de tres personas, aunque en la investigación judicial no se hubiera comprobado la participación del funcionario en los asesinatos; pero las organizaciones de derechos humanos consideraron que este antecedente le impedía ocupar el alto cargo.

Igualmente, el Embajador de Chile en Buenos Aires, Miguel Otero, se vio obligado a renunciar tras el escándalo causado por una entrevista en el “Clarín” en la que legitimó el golpe de 1973 y aminoró los efectos de la dictadura al afirmar que “la mayor parte de Chile ni sintió la dictadura”.

Más recientemente, el debate que duró dos meses sobre las actuaciones de la intendenta del Biobío, Van Rysselberghe, al haber prometido subsidio de reconstrucción a los vecinos de Aurora de Chile de Concepción, pese a no ser damnificados del terremoto del 27 de febrero pasado, quien contó inicialmente con el apoyo del presidente Piñera, finalmente se resolvió con su renuncia al cargo, dada la presión de los medios de comunicación, de los partidos de oposición, de varios centros de estudio, porque “intentó burlar la fe pública”, “rebajó el estándar del servicio público”. Independientemente de que la exfuncionaria sea investigada por la Fiscalía, su caída se dio por el rechazo social a su conducta, no por un juzgamiento o una condena judicial.

El episodio de la intervención de Eliodoro Matte, uno de los empresarios más emblemáticos e influyentes de Chile, ante el Fiscal General para solicitarle celeridad en la investigación de su amigo el sacerdote Fernando Karadima (acusado de abuso sexual a menores de edad y actor del mayor escándalo de la Iglesia Católica chilena) muestra el estándar ético de esa sociedad. En efecto, aunque no había quebrantado ley alguna, luego de que varios artículos periodísticos se refirieran a la gravedad de que una figura económica y social interviniera, aunque fuera mínimamente, en un proceso judicial, el señor Matte se vio obligado a reconocer su error y a ofrecer disculpas de manera pública. Dice su carta: “Formulo mis excusas en perfecta conciencia de que todos los que ostentamos de una u otra forma alguna autoridad o poder debemos ser extremadamente cuidadosos al ejercerlo”.

Dentro del mismo debate público sobre Karadima, fue removido del cargo de vice gran canciller de la Universidad Católica el obispo Andrés Arteaga, quien había desestimado las acusaciones en contra de aquél y criticado duramente a sus denunciantes, dentro de una investigación eclesiástica en 2006.

Ahora bien, a pesar de que hay certeza sobre la culpabilidad del sacerdote Karadima – ya que fue condenado por el propio Vaticano-  la jueza que lleva el caso en la justicia chilena ha sido duramente criticada por haber decretado el allanamiento de la oficina del abogado defensor para retirar unas pruebas que él se negaba a entregar pero que podían conseguirse de “mejor manera”. Es decir que, aunque el país entero parece querer que se castigue al sacerdote, no está dispuesto a tolerar vías de hecho en su proceso judicial.

El análisis de éste y otros casos recientes hace exclamar a Héctor Soto, columnista del diario La Tercera:”Se diría que Chile está preparado para todo: para decirlo todo, discutirlo todo y transparentarlo todo”. Si esta afirmación es exagerada podrán decirlo los expertos, pero en todo caso es claro que supera con creces el ambiente de indulgencia e impunidad de nuestro país, no vistas bajo el lente de la justicia, sino de una sociedad que todo lo tolera.

Porque en Colombia los debates parecen ser flor de un día, que con el anuncio del siguiente escándalo son olvidados y a la postre las decisiones quedan en manos de la justicia. Como si los gobernantes y las personas que ostentan el poder no estuvieran obligados a rendir cuentas y a asumir responsabilidades políticas y sociales frente a los ciudadanos, de acuerdo con los estándares éticos de la cultura imperante. Desafortunadamente, parece que en Colombia la ley, en vez de constituir un estandar mínimo aceptable, es el único estándar, pues la ética dejó de ser una preocupación de la sociedad y, así, la “corrección” en las conductas de las personas sólo se hace social y políticamente exigible cuando hay de por medio la sentencia de un juez.

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