¿Fallos en estricto derecho?

9 de junio del 2011

El país todavía no se recupera del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró que las informaciones contenidas en el célebre computador de Raúl Reyes no podrán ser utilizadas en procesos judiciales en Colombia. El fallo produjo declaraciones emocionadas de Correa, Chávez, Piedad Córdoba e incluso Anncol.

Inmediatamente salieron los comentaristas a afirmar que la Corte había fallado en “estricto derecho”. Pareciera como si la administración de justicia fuese una ciencia exacta como sumar  dos y dos obteniendo cuatro. El derecho es la menos exacta de todas las ciencias pues la justicia, como bien lo decía Robespierre, es un “sentimiento grabado en el corazón de los seres humanos”. La administración de justicia es un proceso inmerso en las realidades de una sociedad. La justicia se enmarca en principios éticos, en referencias culturales, en restricciones fiscales e incluso, así les duela a los jueces, en contextos políticos. Fallar en “estricto derecho” es un imposible práctico y constituye la mejor excusa para justificar fallos que son, por definición, contrarios al sentido común.

Los colombianos siguen sin entender por qué una información que es válida para Interpol, la Audiencia Nacional de España o la Corte Internacional de Justicia no puede ser tenida en cuenta por los jueces nacionales. Los colombianos no entienden por qué si todo lo que ha sido publicado de los computadores de Raúl Reyes ha resultado cierto, no puede ser utilizado por nuestra justicia para defender nuestra democracia. Nadie logra explicarles por qué los hechos consignados en el computador, que ni las Farc cuestionan como falsos, son menos importantes que la forma como fueron obtenidos por la Policía Nacional en el marco de una brillante operación militar.

Los puristas del derecho argumentan que el debido proceso es la mayor garantía del ciudadano. Otros creemos que la mayor garantía del ciudadano es que se haga justicia. En este país donde reina la más absoluta impunidad nos solazamos con el purismo legal que beneficia a los bandidos, que constituye la estrategia predilecta de los abogados inescrupulosos y de quienes se amparan en la lentitud de nuestro sistema judicial para salir libres por vencimiento de términos. Llenamos  de garantías a los criminales para dejar indefensos a los ciudadanos. Protegemos las formas para olvidarnos del fondo y seguir ignorando que esta sociedad no es viable por que la justicia no opera. Y luego argumentamos que fallamos en “estricto derecho” para que las sentencias no puedan ser controvertidas.

Un Estado democrático tiene derecho a defenderse de quienes amenazan la libertad de los ciudadanos. En los últimos años hemos venido librando una heroica lucha contra quienes quieren destruir, en otras cosas, el estado de derecho. Hemos aceptado que vivimos en medio de un conflicto y que nuestras instituciones son vulnerables a agentes criminales como la guerrilla, el narcotráfico y los paramilitares.  Tal vez los jueces no se han dado cuenta que las circunstancias de nuestra realidad no son “normales” y que, frente a enemigos tan poderosos, nuestro Estado es siempre el actor más débil. Encerrados en sus códigos y sus teorías parecen desconocer la magnitud de las amenazas que se cierren sobre esta sociedad. Buscando “el inciso al tenor del cual” borraron la prueba reina contra las Farc. Y lo lograron. Vendrá la demanda de Piedad Córdoba por haber sido “injustamente” suspendida. Vendrán todos los auxiliadores de la guerrilla a exigir sus derechos que fueron violentados por un Estado que se atrevió a creer la verdad revelada en los computadores. Valientes las Cortes españolas, italianas o alemanas que no perdieron de vista que en la lucha contra el terrorismo, el bien supremo a defender es la democracia. Ellos adoptaron el principio de defender las instituciones amenazadas por aquellos que quieren destruir los cimientos de nuestra sociedad. ¿Será que los jueces colombianos creen que las Farc respetarán su independencia y protegerán el estado de derecho?

Quiero vivir en una sociedad donde se respeten las libertades. Quiero soñar con un país donde reine la justicia y no la impunidad. Valoro más que nada los principios democráticos. Por eso sé que el fallo de la Corte debilita estos pilares de la sociedad  en aras de un innecesario purismo legal. Creo que la justicia debe ser independiente lo que no significa que sea una rueda suelta de la sociedad. Disiento de algunas de las decisiones de nuestras Altas Cortes pero obviamente, como no soy un terrorista, acepto sus fallos, así me parezcan muy peligrosos para Colombia.

Coletilla: Andan diciendo que Ernesto Samper quiere refundar el Partido Liberal. A mí se me ocurren como 8.000 razones por las cuales Samper debe abstenerse de participar en la política nacional.

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