¿Hilando fino?

8 de mayo del 2011

Sin pretensiones ni orgullos, sí con frustración -lo confieso- creo ser el colombiano que más denuncias penales por delitos ambientales he presentado en la historia de este país. Durante las administraciones Curi,   Paniza y Diaz, (1991-2003)  como ciudadano o funcionario público denuncié más, mucho más, de cien invasores multiestrato.

Ante la expansión urbanista de Bocagrande, en 1992 acusé a los últimos cinco alcaldes por contaminación ambiental y falsedad documentaria y, como director de Damarena, a ricos y pobres por daños a los recursos naturales, concierto para delinquir, urbanización ilegal, prevaricato por acción; también por concurso de delitos y usurpación del patrimonio natural.

Acusé o participé en las denuncias por ocupaciones ilegales en La Boquilla, Manga, las islas del Rosario, Barú, San Bernardo. Nunca hubo denuncias por  rellenos en la Bahía ni en Bocagrande.  Las acreciones antrópicas o rellenos se clasificaban como baldíos, después, entre Cardique y la Capitanía, le llamaron rectificación de orillas y otorgaron permisos. Un ejemplo es la Isla del  Diablo.

Constitucionalmente sustentado actué con optimismo y valor patrio enfrentando individuos determinados e indeterminados. Unos muy poderosos otros muy marrulleros,  Ni riesgo ni temores detuvieron las acusaciones ante la Procuraduría General de la Nación de fiscales y funcionarios, desde directores de Cardique hasta uno de la gobernación, camaleónico y abusivo. Denuncié abogangters ante la Judicatura y el gobernador de turno, sin resultado alguno. Allí siguen cumpliendo su infame labor de violar la ley en nombre de la ley.

La Contraloría General de la República, receptiva a mis quejas en defensa de lo que es de todos,  ha formulado cargos a las entidades competentes de detener la infamia, sin consecuencias. Existiendo daño evidente, responsabilidad y la continuada ocupación indebida del Patrimonio Natural: imprescriptible, intransferible e inembargable, nada pasó ni pasa mucho. Lo más grave es que esto pasa en todo la zona costera.

En nombre del debido proceso, existiendo flagrancia transmutan la conducta en presunta para que las denuncias no prosperen. Las ratas le tiran a las trampas, de allí las acusaciones contra el funcionario que cumpla  su obligación y se atreva, denunciándolo ante la Procuraduría y la Fiscalía  bajo cargos de abuso de autoridad y/o perturbación de la “posesión”. Varios lo hicieron conmigo.

Con indignación,  derrotándolos en todas las instancias, fui exonerado y, claro, terminé hipertenso.

La fiscal Nury Márquez, ascendida y trasladada a Bogotá, de un plumazo liquidó 97 denuncias instaurando un nuevo modo de adquirir: la preclusión. El delito o la contravención protegidos desde las instancias obligadas a perseguirlo y frenarlo, sigue vivo gracias a tolerancias, indiferencias o complicidades.

No todo fue perder, actuando en ecobloque con el compromiso del almirante (r) Edgar Romero y los constructores que entendieron, detuvimos el absurdo comercio ilegal a ojos vista y el uso del mangle  en la construcción. De 185 mil hectáreas quedaban 80 mil.

El resultado de la tutela para tumbar la prescripción de Aníbal Olier en los manglares de la Boquilla se cocina a fuego lentísimo en la Corte Suprema de Justicia. La acción popular ganada en el 2004 a Hernán Bohórquez y Karime Puello ordenándole desalojar y reconstruir el ecosistema es violada con la continuidad de la presencia y de los rellenos. El fraude a resolución judicial con el desacato no se valora. El proceso ante la capitanía entre resoluciones y apelaciones cumplió ya 20 años. Lista por fin la restitución ahora usaron al Incoder  para frustrarla, antes lo hicieron con una tutela ante un juez de menores. Los invasores atribuyen la hazaña a la “calidad” de la abogada, una ex funcionaria de la capitanía.

Ante la incapacidad para recuperar lo que es de la Nación y  se lo apropian  ampliando linderos, sacrificando aguas, playas, bajamar, zona de jurisdicción de la Dimar, el abogado Giovanni Torregroza desde 1977 presentó  al Distrito la tesis de baldíos costeros, es decir, “la legalidad de poder enajenar, previa la desafectación a favor del Distrito”, el terreno surgido de “la  acreción irreparable del territorio  cuya  titularidad es de la Nación y no de quien lo rellena o acrece”. El referente legal aplicable es la llamada Ley Tocaima.

Sustentada en la Ley de Distritos y autorizado por el Concejo,  en administraciones anteriores procedieron a notarizar e inscribir, entre otros, el terreno que la administración Pinedo  encontró con registro inmobiliario y sin tacha,  vendiéndolo para inversión social y priorizando a quien, sin pagar impuesto alguno, lo ocupaba hacía 34 años. Estamos hablando del Hotel Las Velas, hoy Dann y  de otro ocupante de apellido Useche, quién en defensa de “su derecho”,  denunció a la alcaldesa y otros, incluido Torregroza, por “la venta de una playa”.

Además de lo  aquí contado, en la sola bahía de Cartagena  existen más  de 3.500.000 mts2  rellenados y en manos de particulares, por eso  impresiona y produce extrañeza el escándalo  armado  por la  enajenación de  240 mts2.  También  la calificación del delito, amplificado por el representante a la Cámara William García, opositor de la alcaldesa Pinedo y quien fungía como presidente del Concejo cuando se emitió el Acuerdo que incluyó con vendible el terreno cuestionado.

La venta se produjo sobre un justo título preexistente, nunca cuestionado por la  capitanía y   ahora sí por un fiscal que, hilando más allá de lo fino, ve dolo donde no existe.

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