¿Pero quién convence al Gobierno?

24 de enero del 2011

Los últimos gobiernos han aplazado la tarea de simplificar el enrredado sistema jurídico nacional. Estamos en mora de compendiar y sistematizar la escalofriante cantidad de normas que a diario producen las autoridades, de  juntar los códigos Civil y Comercial en un solo estatuto y de refundir los códigos de procedimiento en uno solo. Y si la cursilería romántica de algunos abogados lo permitiera, debería también acometerse la tarea de actualizar las leyes de interpretación del derecho que nos rigen desde los días de Rafael Núñez (leyes 57 y 153 de 1887) pasadas ya de moda. Una nueva Constitución (1991) exige nuevas normas de interpretación que permitan ajustar el derecho antiguo al derecho actual. Nuevas normas que sean incorporadas en una ley independiente del derecho civil y del derecho político, reglas que sean comunes a todas las jurisdicciones para asegurar una mínima disciplina judicial y más seguridad jurídica para los ciudadanos.

Cierto esnobismo “posmoderno” nos quiere hacer creer que ingresamos ya a lo que llaman la “edad de la decodificación”, pero es llamativo que se esté codificando en todo el mundo, inclusive en el anglosajón (en Suramérica Perú, Brasil y Bolivia han recodificado recientemente), a consecuencia, en parte, de los desafíos que supone la actividad de interpretación judicial tan marcadamente creadora de derecho de nuestros días. También a causa de la instauración de un derecho constitucional de aplicación directa en diversas materias (antes, el derecho constitucional no se tomaba en cuenta para casos concretos) y finalmete a causa de la presión sobre el derecho local de toda clase de derecho supranacional y del llamado soft law que se le superpone (v.gr. estándares internacionales de verdad, justicia y reparación, o recomendaciones de Uncitral y Unidroit en materia civil y comercial).

Ya es hora de que el Gobierno considere que el desarrollo económico y la prosperidad de un país no es posible sin un sistema jurídico limpio, de reglas simples, claras y visibles. Debería crearse incluso una comisión para la simplificación del derecho que, calendario en mano y sin dilaciones, entregue recomendaciones en un corto tiempo acerca de lo que es necesario para barrer toda la telaraña que le cuelga al sistema legal. Los integrantes de una comisión así creada tendrían como primera condición la de no convertir ese esfuerzo en una pasarela de vanidades “juri-intelectuales”, tentación muy frecuente en esta clase de encargos.

Esa comisión para la simplificación legal debería enfocarse con igual interés en la forma como trabajan los servicios técnicos legislativos del Congreso. Malas prácticas de técnica legislativa profundizan los problemas de interpretación y transmiten incertidumbre. Pocos discuten que la formación técnica del personal legislativo de apoyo deja mucho qué desear acerca de su profesionalismo, y que la hemorrágica radicación de proyectos de ley ante las cámaras, y su mal diseño, distraen la atención sobre las iniciativas más valiosas. El exceso de leyes, las leyes mal hechas y la ausencia de un seguimiento a su posterior ejecución propician toda clase de contradicciones normativas y afianzan una imagen de País atrasado.

Y para que no se crea que estoy exagerando, les tengo a los lectores un ejemplo reciente de la Ley 1430 de 2010 (paradójicamente, de normas tributarias “para la competitividad”!), sancionada el pasado 29 de diciembre. Avance Jurídico ha encontrado que tres artículos de esa ley incorporan errores crasos: a. En el artículo 60, por decir “transferencia de dominio”, la ley dice “transferencia de domicilio”; b. En el artículo 63 dice que la “Superintendencia Financiera” le debe reportar evaluaciones a la “Superintendencia Financiera”, y, c. En el artículo 64: ¡atérrense!: la ley adiciona un artículo, no a otra ley, como es debido, sino a ¡un proyecto de ley! (proyecto de ley numero 124). No se trata ya de simples gazapos o incorrecciones, sino descuidos graves que dejan ver  las protuberantes fallas en los servicios técnicos legislativos.

¿Qué hacemos? ¿Quién convence al Gobierno de esta necesidad? Doctor Humberto de la Calle: Usted se ha referido a preocupaciones similares (“sistema jurídico a la deriva”): jálele!

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