¿Qué hay detrás del lío del ICBF?

23 de agosto del 2011

Control al control: resumen del informe veedurial En días pasados la Procuraduría se despachó con regadera contra el ICBF – Instituto Colombiano de Binenestar Familiar- con un mal llamado informe “preventivo” y la apertura de investigación disciplinaria con una sesión “coincidente” de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, con lo que se llevó […]

Control al control: resumen del informe veedurial

En días pasados la Procuraduría se despachó con regadera contra el ICBF – Instituto Colombiano de Binenestar Familiar- con un mal llamado informe “preventivo” y la apertura de investigación disciplinaria con una sesión “coincidente” de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, con lo que se llevó a hacer creer que sus directivos han saqueado por vía de contratos y convenios –nacionales e internacionales- billones de pesos, cuando allí lo que hay fundamentalmente es el debate formal  sobre  interpretaciones legales y de procedimientos contractuales, la validez y alcance de ciertos convenios, pues aquí tales directivos no se han enriquecido ilícitamente a costas del Instituto, ni hay indicio  de que  se hayan pagado coimas o “mordidas” por la adjudicación de tales contratos.  Pero entonces, ¿qué hay detrás  de este escándalo chato, deformado?

La respuesta, para nosotros, tendría relación con la presencia de  evidentes intereses políticos por tratar de remover –a codazos- la dirección del ICBF para convertirlo en un fortín político muy probablemente de sectores áulicos del Partido Liberal que aspirarían a tomárselo tratando de provocar la renuncia de su directora, Elvira Forero, curiosamente en la antesala de las decisivas elecciones de octubre, cuando la entidad como anillo al dedo podría aportar además de burocracia, los decisivos votos con los que se cambiaria fácilmente los destinos de departamentos y municipios para los próximos cuatro años.

Cabe preguntarse, ¿por qué la Procuraduría Delegada se acordó de “prevenir” hasta ahora, justamente en pleno debate electoral territorial, por hechos acaecidos, así como por contratos y convenios firmados hace meses e incluso años, durante  los cuales guardó lapidario silencio? ¿Por qué la Procuraduría Delegada no presentó sus “recomendaciones” en su momento y de esta forma cumplir su papel al evitar que tales compromisos se suscribieran? Hacerlo hasta ahora no demuestra sino que la Procuraduría Delegada fue la primera en incumplir sus funciones de evitar de manera oportuna con debida anticipación que tales hechos sucedieran y que tales contratos o convenios se suscribieran.

Me consta que el ICBF constantemente invita a la Procuraduría en sus procesos de contratación, como lo hacen muchas entidades, pero en la práctica solo después de un intenso lobby muy ocasionalmente interviene, y entonces aparece después adelantando costosas investigaciones que hubiera podido esta misma Procuraduría evitarse. No ha explicado la Procuraduría Delegada por qué el propio órgano de control tardó tanto tiempo, meses e incluso años, para realizar y presentar tal informe, sin previo traslado o derecho a la defensa del ente investigado.

La Procuradora Delegada incluso en su “informe” documenta que se basó en una visita de veinte días realizada por varios funcionarios meses atrás. ¿Por qué no envió tales funcionarios oportunamente…en lugar de hacerlo hasta ahora  y más  cuando la Procuradora Delegada es una experimentada funcionaria casi a punto de jubilarse? ¿Por qué la Procuradora Delegada expresó la semana pasada ante la Comisión Primera de la Cámara, transmitida por el Canal Institucional en diferido,  que no se le había preguntado si quiere ser la directora del ICBF? ¿Es que acaso  busca con su investigación el puesto de la directora del ICBF?

Para quienes van por la cabeza del ICBF, el pecado de su directora Elvira Forero  es hallarse en el cargo por confirmación que le hiciera el actual gobierno, esto es, por haber sido funcionaria del gobierno anterior, como si todos los funcionarios del Estado, sin excepción alguna, fueran automáticamente corruptos. Ni todos los funcionarios designados en el gobierno Uribe son corruptos, ni todos los antiuribistas que buscan desesperadamente su puesto son honestos.

Si la Procuradora Delegada pretendía prevenir o anticiparse a los daños posibles en los programas destinados a la niñez, la familia, la adolescencia y los adultos mayores por qué solo se presenta  después de ocurridos los hechos que se supone debía “prever”, optando por irresponsablemente, solicitar se investiguen incluso penalmente directivos de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) o como el Minuto de Dios? Desde ya en nombre  de los colombianos de bien, presento disculpas la OIM por el vergonzoso desafuero de una Procuraduría Delegada, por el bochornoso episodio de injustificadamente llevar hasta los tribunales criminales como si fueran delincuentes a una de las organizaciones mundiales más reconocidas del planeta por su probidad y servicio, por décadas,  a cientos de miles de inmigrantes y refugiados incluidos miles de colombianos –mi familia y yo le debemos la vida a la OIM, pues ésta me tendió la mano para salir asilado a Canadá cuando tuve que hacerlo por amenazas de muerte derivadas de mi actividad anticorrupción-. Pido perdón a la OIM porque en Colombia una nueva modalidad de canibalismo se evidencia y ensaña contra quienes nos han donado miles de millones de pesos de recursos de cooperación internacional.

Dos escándalos sirvieron de puente a los intereses de tomar por asalto el ICBF. Los escándalos de los Nule –que ilegítimamente lograron cuando eran empresarios boyantes y admirados- como interventores o fiscalizadores de la Bienestarina, por lo que los Nule deben ser objeto de sanción ejemplar por haber engañado al ICBF. Recuerdo como cuando el ICBF quiso liquidar este contrato por solicitud nuestra, la propia Superintendencia de Sociedades se opuso, incluso después de la caída de este grupo. Adicionalmente, los múltiples cuestionamientos en varias partes del país a los contratos de Alma Mater sobre objetos variopintos que ellos mismos tendrán – si pueden- defender y que ha generado ya sanciones administrativas. El ICBF viene anunciado con anterioridad el progresivo desmonte de su contratación con Alma Mater. Los contratos con los abogados del Castillo y Pino vienen de meses atrás siendo investigados por la Procuraduría así como la responsabilidad personal por su gestión, luego tampoco son nuevos como la Delegada pretende. Por el contrario, de nuevo llega tarde al tema.

Quisiera pensar que el Procurador no está suficientemente enterado del informe y que cuando afirmó por TV que había irregularidades en el ICBF, quiso decir, en virtud del debido proceso y derecho a la defensa que eran “presuntas irregularidades” y que ”aguardaría” las daciones de las investigaciones respectivas, pues muchas de las cuales ni siquiera se han iniciado; y de otra forma tendría que dejar de creer en la labor moralizadora del Procurador en materia de defensa del interés patrimonio público y de la conducta de los servidores estatales … El ICBF precisa no ser convertido en botín de guerra,  un ente cada más técnico, con mayores y mejores recursos técnicos y humanos como parte de una política de estado -y no del gobierno de turno- en defensa de la familia, la juventud, la niñez,  los adultos mayores, las madres comunitarias votos… revestido por un país solidario que en un voluntariado colectivo organizado se vuelca en su apoyo, y cuyos programas, planes y contratos precisan ser blindados por participación ciudadana como ninguna otra institución del país. Si hay alguna entidad donde nos juguemos como nación el futuro, y a la cual debamos aportar en su mejoramiento permanente, como de hecho RED VER lo está realizando activamente,  ese es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar…

Por lo mismo,  mientras los entes competentes resuelven el fondo de los cuestionamientos técnicos o jurídicos en el ICBF, -que debieran excluir la OIM- esta veeduría estima que se deben adoptar e implementar todos y cada uno de las recomendaciones  y reajustes derivados del Informe de la Procuraduría Preventiva, a fin de evitar mayores traumatismos posteriores en los servicios esenciales que el Instituto presta a más de 14 millones de muy vulnerables colombianos(as)… los usuarios están por encima de las disputas legales pues sus necesidades impostergables están fuera de duda… y por supuesto las irregularidades en la ejecución de contratos o convenios que se establecieren y que se han denunciado incluso por el propio Instituto aun no han sido sancionados ejemplarmente, como debiera, por parte de la inconsistente disciplina de control de la Procuraduría General que es lo que por lo pronto concluye este ejercicio veedurial de control al control.

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