¿Quién le teme a la descentralización en materia de convivencia?

3 de febrero del 2011

La Constitución de 1991 buscó una mayor descentralización, con pocos resultados; por el contrario, ha prevalecido un ánimo centralizador, muy nocivo en materia de convivencia.

Por ello, y por otros motivos que analizaremos en próximos escritos, no se ha logrado expedir un código nacional de policía, o código de convivencia ciudadana, y el que nos rige data de 1970, de forma tal que muchas de sus disposiciones han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, otras son desuetas, otras han sido reformadas por leyes sobre temas puntuales, sin que haya claridad en las ciudades, tanto para los ciudadanos como para las autoridades, acerca de las normas que rigen la vida cotidiana.

Los intentos de reforma han sido múltiples: en el gobierno Samper se creó una comisión extensísima compuesta por varios ministerios, entidades públicas, organizaciones asesoras, pero el proyecto no fue aprobado; posteriormente,  en el gobierno Pastrana se creó otra comisión, que elaboró un nuevo proyecto; el gobierno Uribe presentó un proyecto que no tuvo éxito en el Congreso dado un gran número de desaciertos jurídicos y conceptuales; y el actual gobierno ha presentado un proyecto que no difiere mayormente del presentado por Uribe.

Mientras tanto, la ciudad de Bogotá, agobiada por el desorden imperante, emprendió la tarea que duró tres gobiernos, de redactar y aprobar un código que fue el fruto de la concertación con la ciudadanía, en el primer gobierno de Mockus en talleres llamados semilleros de convivencia, trabajo que se retomó en el segundo gobierno cuando se consultó ampliamente a entidades públicas, organizaciones sociales, universidades, colegios, y desde luego, a la Policía Nacional.

El resultado de este trabajo fue un Código distrital que aprobó el Concejo de la Ciudad luego de largos meses de discusión, en el año 2003. Su contenido tuvo en cuenta todas las leyes que regulan la seguridad y la convivencia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Su gran virtud fue la sencillez de su lenguaje, ya que el propósito era la comprensión por todos y cada uno de los y las habitantes de la Ciudad.

Las demandas no se hicieron esperar, dados los intereses en juego: proxenetas, abusadores de niños, casas de prostitución disfrazadas de whiskerías, dueños de mascotas, amantes del ruido que perturba a los vecinos, mafias que utilizan y explotan a vendedores ambulantes, fumadores compulsivos y tabacaleras, hasta el momento no han logrado éxito en su cuestionamiento sobre la juridicidad del Código.

Y es que las competencias del Distrito Capital y de los Departamentos en esta materia, dentro de su respectiva jurisdicción, son constitucionales e indiscutibles. El Congreso tiene, entonces, la enorme responsabilidad de desarrollar y precisar estas atribuciones, de conformidad con las disposiciones constitucionales de 1991, lo que no se ha hecho en el proyecto presentado por el gobierno, el cual es abiertamente centralista.

De otra parte, la Constitución también confirió a los Concejos municipales la facultad de reglamentar los usos del suelo y para dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

El Legislador está llamado entonces, a hacer un justo balance entre el carácter unitario de la República y su organización descentralizada, ambas características contenidas en el artículo primero de la Constitución, y a darle contenido a la autonomía de sus entidades territoriales.  Es propio de la centralización que el Congreso legisle sobre la regulación de los derechos y  las libertades, pero a su vez la ley debe tener la amplitud y la flexibilidad  necesarias  para que las entidades territoriales puedan actuar con la autonomía que requieren sus necesidades particulares, y sus características geográficas, demográficas y culturales, así como el nivel de conflictividad.

¿Será que el Congreso también le teme a la descentralización?

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