A Sincerarnos

13 de junio del 2011

Ya se pierde la cuenta de los intentos fallidos de los gobiernos, a través de buena parte del siglo XX y de lo que llevamos del actual, para combatir la corrupción que en prácticamente todos los ámbitos de la contratación pública azota al país.

Reincidir y reincidir en el simulacro de atacar las manifestaciones delictuales del problema y no sus causas estructurales sólo logrará que sigamos asistiendo, sin la indignación debida, al ya acostumbrado saqueo del Estado.

La contradicción existencial de una sociedad con acendrados valores religiosos que rigen la cotidianidad de la vida pero que es laxa y permisiva a la hora de exaltar y reconocer el éxito económico de los individuos, sin importar que en muchos casos tal condición se alcance indebida o ilegalmente, es el punto de partida de esa postración moral en la que naufragamos día a día.

La sanción social descalificatoria de los comportamientos que atentaban contra la sociedad y los valores que, en épocas de menos desarrollo de derechos que la actual, era salvaguarda frente a desmanes y delitos ha ido debilitándose a tal punto que hoy resulta anticuado y hasta anacrónico pretender ocuparse de restaurar ese deber ser.

Extinguidos esos mecanismos de defensa primarios y connaturales a todo ser vivo, la sociedad lo es, resulta frustrante que las instituciones y organismos llamados a preservar a ese ser vivo de las conductas nocivas de varios de sus individuos no cumplan su papel como corresponde.

Y no lo cumplen porque la verdad monda y lironda es que en nuestra sociedad actual el interés particular reina sobre el general, y esa ecuación cuando no pone en riesgo la ética pública la subordina, dando al traste con la esencia de la democracia como sistema de gobierno, y aprovechándose de ésta para a su amparo imponer la voluntad de unos cuantos sobre la mayoría.

Es lo que se revela en los problemas que ataca el nuevo estatuto contra la corrupción que por iniciativa del gobierno acaba de aprobar el Congreso de la República y que se reafirma con la poca severidad de las penalizaciones señaladas para cada caso.

Buena parte de esos problemas de corrupción nace del despropósito de privados de saltar sobre lo que sea con tal de alcanzar sus objetivos: enganchar exempleados públicos para aprovechar información que manejan; financiar campañas políticas para después contratar con el Estado; usar los anticipos de pago en inversiones ajenas a la obra para la cual se fue contratado; utilizar indebidamente información privilegiada; prometer o dar dinero por favorecimiento en contratos; evasión fiscal en monopolios rentísticos; tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio económico; prácticas de competencia desleal o acuerdos restrictivos de la competencia. Como se observa, el común denominador de esta muestra selectiva de problemas, de los cuales se ocupa el estatuto anticorrupción, es el objetivo económico que en todos se persigue.

Y es ahí donde está el meollo de toda nuestra problemática como sociedad. Si definitivamente aceptamos que el interés económico prime sobre el resto de intereses de la comunidad debemos entender que no habrá gobierno, ni legislativo, ni sistema judicial, que puedan cumplir a cabalidad con las funciones para las cuales fueron creados y organizados; sencillamente, porque el interés de quienes ostentan ese poder económico siempre encuentra la manera de subordinar a esa institucionalidad, alejándonos cada vez más de la democracia real y de la vida digna.

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