Alarmante anuncio de ley para la “pax colombiana”

30 de mayo del 2011

“…creo que la decisión del Gobierno es: todo el plomo que sea necesario hasta que se sometan a la justicia. Y para que se sometan es que necesitamos el nuevo marco jurídico…Hay temas para discutir, muy de fondo. Le menciono apenas uno: el delito político. En Colombia es un asunto anacrónico, todavía se habla de asonada, rebelión y sedición. Hay que reabrir la discusión de este tema” (Senador Roy Barreras, www.eltiempo.com /19 de mayo de 2011).

Se han acuñado conceptos como “pax romana” y “pax americana” para significar tiempo de orden y prosperidad. Su base es una pacificación montada con el poder de las armas de centros imperiales y la idea de conquistar una amplia geografía en un largo tiempo, sin rivales serios ni amenazas considerables. La globalización parecería afianzar esta pretensión hoy día con inéditos instrumentos. Pero fenómenos surgidos en parte por los modernos medios de esta época, como las protestas ciudadanas o de multitudes inconformes y en rebelión que se suceden en diversos países, y en parte por fenómenos heredados de graves problemas de opresión secular como la nuestra, pueden echar por tierra los objetivos legitimadores del dominador.

Una “pax colombiana” basada en semejante triunfalismo cegador, en una racionalidad del vencedor que niega de antemano y de forma humillante al supuesto o real vencido, es una paz condenada al fracaso. Hoy sería una paz no sólo breve sino fingida, por la fragilidad de una seguridad antidemocrática, de corta duración y excluyente, y por la prosperidad solo posible para un puñado de capitales, porque el modelo económico y social está fundado en mayores desequilibrios e inequidades.

Esa estrategia de fuerza para la pacificación sin diálogo ni acuerdo ha mostrado en este mes de mayo sus intenciones: al tiempo que se vota una insuficiente “Ley de Víctimas”, se afirma la férrea voluntad de cerrar  cualquier consideración del conflicto armado con las consecuencias que su reconocimiento supone, no ya en la retórica de si se distingue en cuanto tal (tema ya superado), sino sobre la entidad y alteridad del adversario. Me refiero a la vertiente de sometimiento penal, al pensamiento que no halla más que criminalidad en la acción insurgente, despojándola de su carácter esencialmente político.

Un mensaje de varias caras pero de un solo cuerpo ha sido confeccionado hábilmente a efectos de la representación de un proceso de vencedores y vencidos, de una “pax nacional” sin atisbo de justicia. En él se admite la asimilación de una justicia transicional, por encima o por debajo de cánones del derecho internacional, sorteando los efectos políticos y jurídicos del Estatuto de Roma del que es signatario el Estado colombiano. O sea referido a la Corte Penal Internacional, que ha sostenido una posición turbia por su alcance evasivo y selectivo de nuestra realidad. Ese mensaje de ultimátum penal se armoniza con un eventual amago de paz que algún día hará el presidente Santos, solo cuando él y nadie más lo decida.

Mensaje que, de entrada, ratifica que estamos desautorizadas y desautorizados para proseguir con los canales legítimamente habilitados para el diálogo con las organizaciones guerrilleras Farc-EP y ELN. Se dice enseguida que no se reconocerá ninguna personería distinta de la del derrotado militar, política y judicialmente. Esa oferta de paz remite a una dinámica que por definición es avasalladora y negadora de la otredad, a un escenario no de conversaciones entre dos partes contendientes, sino de rendición de una de ellas: de los rebeldes. Es decir, descarta de antemano la dialógica entre dos proyectos políticos en disputa que podrían llegar a un pacto de paz.

Esa tendencia de negación que persiste en la práctica es incompatible con la construcción de la paz en la medida en que el horizonte político no existe; sólo existe el horizonte penal de medidas más o menos severas, de “penas bajas”, pero no más. Es lo máximo para rebeldes o “terroristas” que dejen de serlo, mediando el arrepentimiento y la delación, como ha sido la fórmula en el pasado. Por adelantado establece cuál y cómo será el vínculo. Total asimetría entre partes políticas contendientes, mientras se sigue manteniendo una perversa simetría entre paramilitarismo/crímenes de Estado e insurgencia, para desnaturalizar y distorsionar ésta, para hacer desaparecer cualquier vestigio no sólo del delito político a nivel interno (concepto ligado al liberalismo humanista), sino para barrer y borrar cualquier categoría ligada a la condición misma de parte contendiente con derechos y obligaciones, como el propio Derecho Internacional Humanitario reconoce objetivamente a los grupos armados de oposición.

Es un plan retrógrado anunciado por el Senador Roy Barreras, del partido uribista, presidente de la Comisión de Paz del Congreso: “…creo que la decisión del Gobierno es: todo el plomo que sea necesario hasta que se sometan a la justicia. Y para que se sometan es que necesitamos el nuevo marco jurídico…Hay temas para discutir, muy de fondo. Le menciono apenas uno: el delito político. En Colombia es un asunto anacrónico, todavía se habla de asonada, rebelión y sedición. Hay que reabrir la discusión de este tema”. (www.eltiempo.com /19 de mayo de 2011)

Como si el delito político fuera idéntico a las violaciones a la ley cometida por intereses no altruistas, se buscará entonces que si a los insurgentes se les aplica alguna medida de favorabilidad en el sometimiento penal, el mismo beneficio u otro mayor les sea concedido también a mandos militares responsables de crímenes de lesa humanidad, a narcotraficantes y paramilitares, a las llamadas bandas criminales, a políticos corruptos, en aras de un paso más de la alegada “pax social” con seguridad, en un totum revolutum que beneficie no a los empobrecidos y a las víctimas de los poderosos, sino a quienes han esquilmado el país, fomentando la guerra sucia y diseminando desgracias.

Tal plan, que incluiría una reforma constitucional bajo el discurso de la reconciliación, es un atentado directo a las aproximaciones con la insurgencia para allanar caminos de encuentro y diálogo a fin de avanzar en un proceso de paz. Les invita a asumir desde ya, previsoramente, el papel de reos. De reos ausentes a reos presentes. Tal plan no induce al diálogo. Lo hace trizas. Hace desistir de él e impulsa por derroteros militares el conflicto político.

Por lo pronto, el guión expuesto por el Senador Barreras y al parecer aprobado por el presidente Santos, nos marca una tarea a los/as liberales, a los/as progresistas, a los/as humanistas, a quienes desean trabajar por una Colombia en paz con democracia plena y justicia social: estar presentes con toda la energía y todos nuestros argumentos en el debate y la defensa del legado conceptual y ético del delito político y del Derecho Internacional Humanitario, no como estandartes de mentira sino como razón y verdad, a partir de las cuales develamos no sólo el relato de las violencias políticas sino el acontecer de nuevas luchas populares.

La historia que viene es a la que teme el poder. Por eso este alarmante anuncio de ley y reforma constitucional para la “pax colombiana”, con la que se quiere dar carpetazo al conflicto social, político y armado. Un carpetazo al estilo de normas rutinarias cargadas de ignominia, elaboradas desde un escritorio a espaldas y en contra de un país con múltiples expresiones y organizaciones cargadas de sentido, que no cesan en sus diversas demandas y reivindicaciones de dignidad.

Piedad Córdoba Ruiz

Colombianas y Colombianos por la Paz

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