Amenaza mayor

26 de agosto del 2011

La democracia es un sistema político muy resistente. Aguanta la mediocridad de nosotros los políticos. Resiste niveles elevados de corrupción. Es capaz de asimilar la ineficiencia estatal. Incluso convive con abiertas violaciones a los derechos más elementales. Lo que la democracia no puede tolerar es que se roben las elecciones. Por eso resulta tan grave […]

La democracia es un sistema político muy resistente. Aguanta la mediocridad de nosotros los políticos. Resiste niveles elevados de corrupción. Es capaz de asimilar la ineficiencia estatal. Incluso convive con abiertas violaciones a los derechos más elementales. Lo que la democracia no puede tolerar es que se roben las elecciones.

Por eso resulta tan grave los hechos recientes que se han conocido en la Registraduría General en Cali. La verdadera mafia enquistada en esa institución ratifica las sospechas que desde hace varios años planean sobre los resultados electorales en ese departamento. Lo mismo puede decirse de lo que acontece en las registradurías en departamentos de la Costa y en el interior. Todavía muchos recordamos la catástrofe que fue el escrutinio de los votos de las elecciones parlamentarias del 2010. El país estuvo varios meses sin conocer cuáles eran los resultados finales de los escrutinios. Ello dio lugar a una avalancha de demandas que todavía no han empezado a resolverse. Casi todas las curules de Senado y Cámara están siendo cuestionadas jurídicamente en el Consejo de Estado o tienen procesos en el Consejo Electoral.

Nuestro sistema electoral es obsoleto en todo sentido. El censo es poco confiable y el proceso de inscripción electoral no es permanente lo que implica que muchos ciudadanos, por el simple y natural proceso de movilidad de la población, quedan excluidos del derecho a votar. Las mafias electorales trastean votos sin control real efectivo. Las anulaciones de inscripciones son un tortuoso proceso que solo cobija pequeños municipios donde el incremento de los registros parece sospechoso. Nunca hay condenados por estos hechos que son verdaderos atentados contra la democracia local. Ni hablemos del proceso electoral como tal. En cada elección, el tarjetón se modifica: que con número, que sin foto, que con partido, que solo el nombre. Estoy seguro de no haber votado nunca en una elección en la que el tarjetón sea igual al anterior. Tiene mucha gracia el elector siempre paciente con las inexplicables modificaciones del mecanismo de voto. Y el conteo es otro de los procesos donde no brilla la transparencia. Los votos aparecen y desaparecen como por arte de magia y hoy en día la red informática se presta para todo tipo de fechorías. En las elecciones de marzo de 2010 quedó en evidencia la fragilidad de este sistema que colapsó en medio de críticas y denuncias de robo de votos.

La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Electoral son dos grandes botines políticos. Lo han sido siempre pero en los últimos años los problemas de corrupción se han agravado. Tener la Registraduría  es para un político una medalla de honor que refleja su fortaleza y le brinda un indudable margen de maniobra con respecto a sus contrincantes. Hay contratos, puestos y beneficios derivados de contar con poder en esta institución. El actual registrador debía haber renunciado luego de la catástrofe de marzo de 2010. Para su fortuna las elecciones presidenciales fueron muy fáciles pues el margen del triunfo del actual presidente fue aplastante. Eso lo salvó pues el país olvidó que el 19 de julio de 2010, un día antes de la posesión del nuevo Congreso, en varios departamentos no se conocía quiénes recibirían la credencial.

Lo que sucedió en Cali demuestra que si hay dinero de por medio uno puede anular o admitir candidatos. Si ello es posible también debe ser factible borrar o poner votos. No podemos poner ese manto de duda sobre las próximas elecciones. La Registraduría debe ser intervenida como lo fue la Dirección Nacional de Estupefacientes.

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