¿Asalto al presupuesto?

17 de mayo del 2019

Opinión de Jaime Arias

¿Asalto al presupuesto?

Es curioso que la noticia sobre el avance del acto legislativo que busca modificar el artículo 351 de la Constitución para darle al Congreso la potestad de definir partidas presupuestales de efecto regional, equivalentes al 20 % del aforo total de la inversión, no haya suscitado mayores comentarios en la opinión y entre los columnistas de economía. Tampoco se ha escuchado la opinión rotunda del Gobierno y solo el Centro Democrático se ha opuesto a la propuesta apoyada por las bancadas de izquierda y, posiblemente, por los partidos que no hacen parte del Gobierno. En esa iniciativa, que ya ha avanzado en seis debates y a la cual le faltan solo dos para convertirse en norma constitucional, se envuelve la posible intención de algunos congresistas de hacerse con la hacienda pública por la puerta delantera de la Carta Política, o de quienes, por hacer parte de la oposición, no cuentan con cuotas de poder y por ello carecen de injerencia para definir partidas presupuestales.

Lo que propone el proyecto de acto legislativo es una forma de reemplazar el modelo actual que centra la capacidad de definir las inversiones en cabeza del Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, para lo cual se aplica la argumentación sofista que presenta a los congresistas como los mejores conocedores de las necesidades regionales y locales, o se sostiene que al permitir a los miembros del Congreso la definición de las asignaciones presupuestales desaparecerá la mermelada. Este proyecto tiene relación, si bien en sentido contrario, con la iniciativa —afortunadamente no aprobada— de unificar la definición del presupuesto de gasto e inversión en cabeza de Hacienda, quitándole la iniciativa de la inversión al Departamento Nacional de Planeación. También era una forma de asalto.

Considero que estamos ante un asunto de la mayor importancia que merece una amplia discusión nacional, pues se viene repitiendo hace muchos años —desde la época de los auxilios parlamentarios en los años sesenta del siglo anterior— con diferentes fórmulas: unas buscan unidad en las decisiones en cabeza del Gobierno y otras reconocen que el Congreso debe tener algún grado de participación en ellas. El problema se relaciona con la gobernabilidad, debido a que la intervención de los partidos en el gabinete y en cargos importantes constituye una forma de darles a estos una cuota de participación indirecta en la definición de gastos.

En los anteriores períodos presidenciales, incluyendo el Frente Nacional, los diferentes presidentes lograron el respaldo fácil del Congreso en la mayoría de las propuestas que presentaban a la consideración del parlamento, gracias a la distribución de cuotas dentro de la administración. El sentido de participación política, que existe en casi todos los países y que en Colombia ha sido una constante, se fue perdiendo al transformarse en participación burocrática. El conocido caso de los “ñoños” se extendió a muchos departamentos —no solo de la Costa Atlántica—, lo que permitió que algunos clanes políticos regionales adquirieran un poder inmenso en la repartición de los recursos públicos y de paso se lucraran, no al definir los gastos y las inversiones, sino al participar directamente en la contratación obteniendo significativas coimas. En otras palabras, la potestad que alcanzaron ciertos congresistas para influir en la contratación se convirtió en una de las causas más frecuentes de corrupción. ¿Por qué no se ha escuchado la voz de la senadora y hoy candidata a la Alcaldía de Bogotá, Claudia López, ni de la bancada verde en este debate?

De alguna manera estamos frente a una especie de “tire y afloje” alrededor de la repartición de los recursos públicos entre las dos (o tal vez las tres) ramas del poder público. Al final, una parte amplia del ejercicio del poder consiste en la distribución de la riqueza por medio del ejercicio presupuestal.

La “untada de mermelada” ha sido una práctica aplicada por casi todos los mandatarios, a veces de una manera grotesca, si bien se hizo más visible cuando la opinión pública mostró su repugnancia hacia esa forma de maridaje oscuro entre los gobiernos y los congresistas. El actual mandatario consideró que era el momento de “darse la pela”, como años atrás lo hizo Virgilio Barco, al establecer el esquema Gobierno-oposición para romper con la tradición frentenacionalista de compartir el poder entre conservadores y liberales. Hasta el momento las cosas no le han salido bien al presidente Duque: las principales iniciativas legislativas no han avanzado y la oposición se ha unido con la participación de varios partidos que constituyen mayorías capaces de frenar la legislación. Algunos llegan a considerar que el Gobierno ha fracasado y que, por ahora, el ganador indiscutible es el Congreso, el cual está frenando en muchos campos la acción gubernamental. Otros creen que para romper la tradición de compadraje entre los poderes públicos se necesita pasar por una experiencia dura como la que se está viviendo en la política.

No sé hasta qué punto se pueda gobernar sin el concurso de la rama legislativa, es decir, sin que se aprueben algunos proyectos indispensables y respondiendo eficazmente al ejercicio del control político por parte de la oposición. Ambas cosas son difíciles y se puede terminar en un debilitamiento del liderazgo necesario para acometer los grandes cambios que reclama la situación nacional. Por ello, no parece descabellado que más adelante las partes tengan que llegar a un acuerdo para regresar parcialmente al modelo del Frente Nacional, tan arraigado entre nosotros desde la época republicana, en el que partidos no triunfadores en las elecciones presidenciales participan en el gabinete y colaboran en el éxito de la agenda legislativa en los puntos de acuerdo. Esta participación es de carácter político como ocurre en los regímenes parlamentarios, excluye desde luego la repartición de puestos y de contratos, y se construye en torno a algunos puntos de acercamiento considerados fundamentales. La mayoría de los partidos colombianos coinciden programáticamente y en conceptos de fondo como son los valores democráticos, las libertades y demás derechos humanos, la defensa del trabajo y de la empresa privada, entre muchos otros. Desde el ángulo ideológico no es tan lejana la posibilidad de un acuerdo: las dificultades estriban en la mecánica, en las ambiciones personales y en las vanidades de uno u otro bando.

* Los comentarios, textos, investigaciones, reportajes, escritos y demás productos de los columnistas y colaboradores de Kienyke.com, no comprometen ni vinculan bajo ninguna responsabilidad a la sociedad comercial controlante del medio de comunicación, ni a su editor, toda vez que en el libre desarrollo de su profesión, pueden tener opiniones que no necesariamente están acorde a la política y posición del portal.

Ver comentarios
KONTINÚA LEYENDO