La semana pasada se conoció el fallo del Consejo de Estado, por medio del cual, la sección tercera declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la nación por la muerte de 36 personas y las lesiones a más de 158 civiles, fruto de los hechos ocurridos el 7 de febrero de 2003, cuando integrantes de las Farc ingresaron un renault megane cargado con aproximadamente 250 kilos de material explosivo en las instalaciones del club El Nogal.
En la sentencia, el Consejo de Estado señaló que el atentado fue un hecho que se desarrolló en el marco del conflicto armado, y que la finalidad de ese acto no era otra que la de infundir miedo y zozobra en la población civil, ello con el ánimo de debilitar la institucionalidad colombiana.
Razón por la cual, la responsabilidad de la nación se configuró con base en el hecho de que agentes estatales -ministros de interior, altos funcionarios públicos y la entonces ministra de defensa- utilizaron las instalaciones del club por fuera del marco de sus actividades sociales, y en ese sentido, al utilizar el club como “centro de operaciones” institucionales –o en palabras de Carlos Antonio Lozada miembro del secretariado, El Nogal “era un centro de operaciones contrainsurgentes”-, los socios y trabajadores del mismo, fueron sometidos a una carga excesiva por parte de la nación.
Si bien es cierto que dos miembros de las Farc fueron encontrados penalmente responsables por un Juzgado Penal del Circuito de Bogotá, y fueron condenados en calidad de coautores a penas de 480 meses de prisión por los delitos de terrorismo y homicidio agravado; desde el año pasado uno de los condenados obtuvo la libertad condicional por haberse acogido a la JEP y Hernán Darío Vásquez, alias “El Paisa”, quien fuera el jefe de la columna Teófilo Forero de las Farc, y el autor intelectual del atentado al Club, hoy se encuentra desaparecido, después de que abandonada junto con Iván Márquez, la zona de concentración en Miravalle.
El fallo del Consejo de Estado, plantea una peligrosa teoría, en la que impone a la nación –de manera desproporcionada- la obligación de establecer de manera reforzada las medidas e instrumentos para cumplir el deber de prevención y protección y así aminorar los peligros a la población civil en situaciones como las del Club el Nogal; lo que implicaría casi que una obligación a lo imposible, en tanto que, cualquier lesión que sufra un civil, en el marco de un atentado dirigido contra un agente estatal derivaría en una condena patrimonial y administrativa contra la nación, aumentando esto significativamente los procesos en contra de la nación, cuyas pretensiones a 21 de agosto de 2018 están por llegar a los 4 billones de pesos.
Así, por la forma en la que opera nuestra justicia, seremos una vez más los colombianos quienes repararemos a las víctimas de los actos terroristas de las Farc, mientras los responsables continúan en libertad.
@SamuelHoyosM
