En Colombia los manifestantes repiten al unísono las mismas arengas. Por lo menos eso es lo que se escucha en la Plaza de Bolívar cada semana, cuando los inconformes se dan cita para protestar contra los gobiernos de turno de Bogotá y nacional. Aumento salarial, congelación de precios, la educación gratuita y de calidad, contra el imperialismo yanqui y los TLC y toda suerte de causas que los que marchan consideran están siendo vulneradas.
En el último año, nuestro Estado garantista está siendo desafiado por los gracias a la benevolencia de la Constitución de 1991 que en el artículo 37 reza: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.” Corre afanosamente una corriente según la cual la protesta social es el único mecanismo que tienen los colombianos para reclamar sus derechos. ¿Por qué están atizando el fogón de la inconformidad en los últimos días? ¿Cuáles son las verdaderas causas de la protesta social? ¿Cómo está respondiendo el Estado? ¿Quién paga los destrozos que semanalmente causan los infiltrados? ¿Dónde están los líderes que convocan las marchas? ¿Cuál es el resultado concreto de estas manifestaciones?
En líneas generales el colombiano es un sujeto político pasivo. Se acomoda con indolencia a los peores maltratos y se acostumbra a la inercia. No protesta y por ello muchos de los problemas de nuestra sociedad no se corrigen. Vivimos con la corrupción, la inmoralidad o la injusticia y muy poco hacemos por protestar frente a los graves hechos de nuestra cotidianidad. Sería bueno que protestáramos contra los jueces que sueltan a los bandidos del carrusel, contra los políticos corruptos o los gobernantes perezosos. Porque la protesta social es una de las manifestaciones de la incapacidad del Estado de resolver los problemas de la población. El recurso a este mecanismo es producto de la indolencia de los funcionarios para atender las necesidades sentidas.
La protesta es válida cuando hay fines concretos y loables. Las movilizaciones —que siempre se llaman pacíficas— en muchos casos registran lanzamientos de artefactos explosivos artesanales y cápsulas de pintura contra edificios sin importar si son públicos o privados. En la última Marcha Patriótica en Bogotá el ambiente estuvo pesado. Las autoridades reportaron 71 personas conducidas a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ), una capturada por violencia a empleado oficial, 26 personas atendidas por las unidades de salud, de las cuales se confirmaron 8 remitidas a hospitales por inhalación de gases y heridas en tejidos blandos. El Sistema Transmilenio reportó 31 vidrios quebrados en la estación de San Victorino, 5 articulados y 3 alimentadores manchados con pintura, 20 materas de la Carrera Séptima destruidas, además de vidrios rotos en establecimientos afectados por pinturas y grafitos entre las calles 11 y 22. Los daños ocasionados fueron estimados en 1.200 millones de pesos.
La protesta es también un arma política para ejercer presión y enviar mensajes. En La Habana se está negociando pero en Colombia las Farc están actuando en el plano militar y buscarán intensificar las movilizaciones sociales para distraer al gobierno y ganar espacios políticos.
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