El método está probado. Es eficaz. Funciona. Si se quiere inculpar a alguien por una falta, real o ficticia, ha de indagarse la vida privada de la persona, hurgarse impúdicamente entre sus aficiones y deseos, en particular los sexuales, meterse literalmente en su cama y presentar para escarnio los hallazgos “investigativos” ante la opinión pública como debilidades y perversiones. Entre más abunden los detalles y más morbosos sean, más contundente el efecto, más rápida será la difamación en boca de la masa, siempre ávida de vileza y maledicencia.
Una vez expuesta esta degradación en la picota pública, queda muy fácil hacer pasar por cierta y procedente la acusación que se buscaba imputar, esta se convierte en una consecuencia, en un corolario de fácil asimilación, triunfa fácilmente el “sentido común”, gran juez justiciero, carente de imparcialidad, de mesura y conocimientos de ley.
¿Adónde hemos llegado? Nos hemos convertidos en Maquiavelos de baja monta, en investigadores del catre ajeno, en cancerberos de morales vetustas, en censores públicos de aquello mismo que anhelan nuestros cerebros en la penumbra o que practican nuestros cuerpos en la clandestinidad. Ni siquiera en la Edad Media, que bajo las indolentes ataduras cristianas asoló la humanidad Occidental por 10 siglos, se vio tal fenómeno; en esa nefasta época oscurantista, y a pesar de todos sus horrores, la sexualidad fue más libre. Torquemada buscaba afianzar el reino de su dios, la época actual con sus despreciables prácticas busca apuntalar el poder de algunos, mediante la coacción, el vilipendio y la estigmatización de la cosa sexual.
Es este el nuevo método investigativo periodístico, ese que se alía con extorsionistas para lograr resultados, para obtener primicias y premios periodísticos. El fin justifica ampliamente los medios empleados.
Los últimos casos que han enlodado de escándalo los medios de comunicación y redes sociales son lamentables. Uno de ellos es del ahora exviceministro del Interior, Carlos Ferro, que fue filmado a sus espaldas mientras hacía confesiones íntimas y de contenido sexual a un capitán de la policía quien premeditadamente lo fustigaba para que “cantara”, para comprometerlo. Grabación reprochable, y más reprensible aún que, Vicky Dávila, la flamante Directora de la conocida emisora La FM se prestara para difundir este video dizque de “interés público”. Por fortuna, el torrencial aguacero de críticas inundó suficientemente su cobarde proceder, y la periodista de marras, loada por muchos, premiada por los mismos medios, se vio forzada a renunciar a su cargo (despedida, más bien, se rumora). Justo castigo, que debería servir de escarnio, ese que ella con alevosía buscaba sembrar para otros.
El otro caso reciente es el del General Palomino, ahora exdirector de la Policía Nacional, a quien le escarbaron su catre para descubrirle una aparente “debilidad” por personas de su mismo género, lo llenaron de oprobio y hasta lo entronizaron como jefe de una comunidad de nombre descalificador.
Estos tristes acaecimientos de manifiesta violación de la intimidad de las personas no son novedosos, lo único notable es constatar que la técnica se generaliza y afina. ¿Acaso no vimos hace algunos años como la negra Candela en su insulso programa de chismes faranduleros osó presentar el video de una conocida actriz en una relación sexual?. Por fortuna, fue sancionada por ello. También hemos aprendido de otros países, del norte importamos la destreza del escándalo creado por la práctica Lewinsky, en la que un par de felaciones casi tumban a Clinton el más poderoso presidente del planeta, por sólo citar ese caso.
Tanto Ferro, como Palomino han sido imputados de varias anomalías que conciernen su actuar en los cargos que ocupaban, por ello están siendo investigados sin que hasta el momento haya alguna prueba determinante o acusación formal. Es claro, sin embargo, que el detonante de las renuncias a sus puestos oficiales, es el escándalo sexual que les fue orquestado y que deliberadamente sirvió de juicio somero. Que la justicia actúe para desenmarañar la culpabilidad o inocencia de ellos, sin que en el veredicto medie ninguna consideración que ataña la intimidad ni sus gustos sexuales. Es la libertad a la que todos tenemos derecho, y ellos no hacen excepción.
Que no se preste a equívoco, aquí no se está defendiendo a determinadas personas ni menos sus eventuales casos delictivos; quien incurre en corrupción, deshonestidad, narcotráfico, asesinato, etc. debe tener justo y debido proceso y castigado de probarse su mala actuación. Aquí estamos defendiendo la sexualidad privada de cada individuo, la intimidad que es sólo incumbencia de cada cual, el respeto que se debe tener por la lascivia personal, esa que es consentida libremente por los partners sexuales y que se efectúa entre adultos.
Los escándalos tienen categorías. Las acciones de los homosexuales son más graves; por definición y prejuicio son malévolas, pecaminosas y pederastas, así lo entiende la opinión pública, que en buena medida es homofóbica, y de ello sacan malintencionada ventaja quienes desean derrotar a su adversario e imponer su voluntad; es con este tipo de golpes bajos y censurables que se evitan discusiones y análisis; se garantiza con esto el descrédito, y como consecuencia que cualquier otra acusación sea considerada, a priori, como cierta. Caso juzgado. En ello radica la argucia de la manipulación y malevolencia.
Se necesita, y con urgencia, una ética periodística, a no dudarlo, esta no es opcional; sus investigaciones igualmente necesitan de reglas de conducta adecuada. A falta de ellas, la justicia se vuelve de vitrina, de exhibición, de quien más grite y de quien más posibilidad de hacerse escuchar tenga; los medios de comunicación no pueden escapar, entonces, de adoptar y respetar un deber deontológico, que incluya el no acusar de antemano a alguien y el no publicar, en voracidad de rating y dudoso prestigio, cualquier basura denigrante.
