Bogotá y el posconflicto

13 de diciembre del 2015

junto con el Gobierno Nacional tendrá que ofrecer un escenario de garantías y pluralismo político.

La pregunta es inevitable. ¿Qué tiene que ver Bogotá con el Posconflicto? Y las respuestas suelen situarse en dos extremos. Por un lado, quienes consideran que la Capital ha sido extraña a la confrontación armada y en consecuencia también lo será a unos acuerdos de paz que sobre todo impactará en la Colombia profunda, allá donde se ha padecido el conflicto.  Por el otro, quienes insisten en supeditar toda la agenda urbana a la paz que viene, como si la ciudad hubiese sido el centro de la contienda militar entre el Estado y la Insurgencia Guerrillera.

Ni un extremo, ni el otro. Cierto es que en Bogotá hemos vivido el acecho de la guerra y su esporádica presencia con acciones cada vez más marginales de los grupos armados. Que ocurrieron graves ataques como en el Club El Nogal y la Escuela Superior de Guerra, o los atentados a dirigentes políticos como German Vargas Lleras, Wilson Borja o Fernando Londoño. Que los asesinatos de Bernardo Jaramillo Ossa y José Antequera ocurrieron en el Aeropuerto El Dorado y que una de sus concejales, Aida Avella, tuvo que salir precipitadamente del país a un largo exilio luego de un atentado criminal contra su vida. Que la masacre contra la UP, defensores de derechos humanos y militantes de izquierda también ocurrió en las calles de la Capital. Que la localidad de Sumapaz ha sido escenario de la guerra y ha visto interrumpida por largos periodos su normalidad institucional. Pero también es cierto que las estructuras armadas de guerrillas y paramilitares no han podido anclarse territorialmente, y que Bogotá ha podido consolidar una institucionalidad publica que ha funcionado con regularidad y capacidad de mediación de la vida ciudadana. Institucionalidad que ha permitido tres sucesivos gobiernos de izquierda y el desarrollo de una ambiciosa agenda social que sin duda le ha quitado legitimidad a la lucha guerrillera.

Aun así, los rostros del conflicto visitan la Ciudad Capital. Sus impactos han obligado la formulación de políticas públicas y la expedición de normas que son como la cuota inicial del aporte bogotano al postconflicto que viene. Las cifras tienen una contundencia que no da lugar a la indiferencia. 411 mil personas, según los registros oficiales, constituyen la población víctima de la violencia política con asiento en Bogotá. Un poco mas del 5% de su población total. De ellas el 79% son desplazadas y el 10% son víctimas de homicidio de uno de sus familiares. Y el universo de victimizaciones que hacen presencia en la ciudad es una muestra representativa de los horrores de esta guerra: amenazas, desaparición forzada, despojo de bienes, secuestro, niños vinculados al conflicto, tortura, delitos sexuales, lisiados de guerra y victimas por minas antipersonas.

Esa sola realidad exige una agenda concreta del postconflicto en Bogotá que no extravíe las urgentes soluciones urbanas en movilidad, seguridad o medio ambiente. Habrá que actualizar las normas y programas hacia las víctimas con arreglo a los acuerdos de La Habana. Pero también habrá que ajustar y formular políticas en los otros temas de la agenda de paz, que aunque no parezca tienen que ver con asuntos de la ciudad. Los acuerdos en el tema agrario exigen el fortalecimiento de las políticas hacia la ruralidad bogotana que representa el 76.5% del área total del Distrito. Seguridad alimentaria, superación de la pobreza rural, eliminación del analfabetismo, actualización del catastro rural, titulación y restitución de predios, protección de áreas de especial interés ambiental, son tareas derivadas de los acuerdos y aplicables en Bogotá. Quizás la implementación de una Zona de Reserva Campesina en Sumapaz como Territorio de Paz puede ser un importante aporte de  la Ciudad a la reconciliación.

El punto del Narcotráfico contempla acuerdos en los que la ciudad tiene avances importantes pero que podrían adquirir un renovado impulso: los programas de prevención del consumo de drogas desde un enfoque de salud pública revisando y ajustando la experiencia de los Camads, y una estrategia de persecución a los mercados ilegales del narcomenudeo. En participación política estaremos emplazados a una reforma a las normas existentes, en particular los Acuerdos 12 y 13, y prepararnos para que la Capital tenga una circunscripción electoral especial de paz que otorgue dos curules en el Concejo y dos en la Cámara de Representantes a las fuerzas políticas derivadas de los acuerdos.

Aún no sabemos en que condiciones ocurrirá la desmovilización de las FARC y el ELN y su posterior transformación en fuerzas políticas civiles, que es el punto 5 de la agenda de La Habana y que está por acordarse. Pero Bogotá junto con el Gobierno Nacional tendrá que ofrecer un escenario de garantías y pluralismo político para quienes en marzo próximo sustituyan de una vez y para siempre las armas por la política. Y para que no repitamos esta horrible noche.

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