Bogotá y los Mercados Criminales

24 de marzo del 2015

Hay la sensación de que estamos perdiendo la batalla contra el crimen.

Le aplicamos acetaminofén a un cáncer. Es lo que hacemos con la seguridad de Bogotá. Hay la sensación de que estamos perdiendo la batalla contra el crimen. Que las nuevas características de la inseguridad capitalina han desbordado la política pública y los instrumentos con los que hasta ahora hemos gestionado este asunto, que como lo indican todas las encuestas, constituye una de las dos preocupaciones más importantes de los bogotanos. Y que las apuestas más novedosas como el Plan Cuadrantes de la Policía o el Plan 75/100 de la actual administración acusan preocupantes desgastes o sencillamente van camino al fracaso.

A quienes dicen que es solo un asunto de percepción, hay que responderles con las recientes cifras del comportamiento de los 12 delitos de alto impacto. Y recordarles también que la percepción es una variable dura y objetiva que hay que medir. Porque el fin último de una política de seguridad es que la gente se perciba viviendo en entornos y contextos seguros. Pero más allá de las cifras, hay que plantear un debate de profundidad, una discusión de hondo calado que examine de raíz las hipótesis sobre las que descansa la actual política pública de seguridad de la capital. Hemos supuesto que la inseguridad de la Capital se debe a problemas de convivencia y a la existencia de organizaciones delictivas extrañas a estructuras criminales tipo BACRIM. Que las autoridades deben seguir actuando por un lado, sobre las riñas entre vecinos, los enfrentamientos entre barras de fútbol, las infracciones a normas de tránsito, la violación de las restricciones en venta y consumo de alcohol o la acción de bandas y pandillas juveniles; y por el otro, sobre los típicos delitos urbanos como el homicidio, el hurto a personas, a residencias o a establecimientos comerciales.

Pero esta vez estamos buscando la fiebre en las sabanas. Porque aunque siguen existiendo problemas de convivencia que merecen ser atendidos eficazmente, los típicos delitos urbanos desde hace cierto tiempo operan en el contexto de mercados criminales. Mercados ilegales que según investigaciones contratadas por la propia Secretaría de Gobierno en el año 2011 y dirigidas por expertos como Ariel Ávila o como lo señalan teóricos de Virginia Commonwealth University (Jay S Albanese), articulan agentes, demandas y ofertas de actividades criminales cuya complejidad se basa en una intensa movilidad territorial. Ávila identificó en Bogotá por los menos seis grandes mercados criminales y entre los más activos documentó los mercados de narcomenudeo, el sicariato y los servicios de seguridad, y el comercio ilegal de autopartes.

Ello explica los resultados del plan 75/100. Plan que se propuso intervenir 75 barrios de 19 Unidades de Planeamiento Zonales -UPZs- en las 10 localidades más violentas. La hipótesis central del Plan era el arraigo territorial de las estructuras delincuenciales y del comportamiento de los delitos de alto impacto. Los resultados son desalentadores. Es probable que los indicadores mejoraron específicamente en los barrios o en unidades territoriales más pequeñas pero se dispararon en la localidad respectiva. El Homicidio, por ejemplo, en el año 2014 se disparó en Ciudad Bolívar en un 14%, en Bosa en un 8%, en Usme en un 49%. Solo en dos localidades (Kennedy y Usaquén) hubo una disminución, pero en general para las 10 localidades intervenidas hubo un promedio de incremento en un 16%. Lo propio ocurrió con otros delitos. El hurto a residencias se incrementó en un 12.2%, el hurto a automotores en un 23.7% y el de motocicletas en un 48.8%.

Y ello sucede porque los mercados criminales no tienen vocación de establecimiento espacial de manera permanente. Su éxito radica en su alta movilidad territorial y en la complicidad, participación o protección de agentes estatales. Ello se corrige si se adelanta una reingenieria de la política de seguridad que parta por reconocer la existencia de estos mercados. Y que rectifique el enfoque para poner el énfasis en las labores de inteligencia y las mejoras tecnológicas en la operación de la política pública de seguridad.   Ello hay que hacerlo antes de que nos llegue el postconflicto que siempre trae nuevos desafíos a la seguridad de las grandes ciudades.

@AntonioSanguino

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