Cabezazo de Petro con la droga

Definitivamente al alcalde Petro no le gusta explicar su política, sus decisiones; simplemente las impone  como “voluntad del gobernante”. Eso sí, acertó con su decisión sobre la política a seguir respecto a los drogadictos. Por su parte el Procurador, caracterizado guardián a ultranza de la “moral pública”, tuvo el gesto noble y republicano de rectificar su calenturienta reacción inicial a la decisión distrital. Reacción ilustrativa de los fantasmas, temores y dogmatismos que acá y en Estados Unidos principalmente, rodean al tema sensible pero fundamental de las drogas psicoactivas en la sociedad contemporánea, tanto la colombiana como la universal. Se trata ni más ni menos, que entender y por consiguiente asumir la realidad de la drogadicción no como un simple problema de policía que solo debe ser reprimido, sino en su complejidad, destacando su dimensión humana que involucra la dignidad que como personas tienen los enfermos por la droga. Petro es el primer gobernante que asume el paso fundamental de aplicar el mandato de la ley 1655 de 2012 del senador Juan Manuel Galán, que establece que la drogadicción es un problema de salud pública, que el drogadicto por consiguiente es un enfermo no un delincuente y que el Estado, Distrito incluido, debe proporcionarle obligatoriamente, el necesario tratamiento médico. La gravedad del mal del consumo de drogas en Colombia se disparó, pues ya no solo somos productores de primer orden sino además ávidos consumidores, y  con él crece el microtráfico que lo alimenta, convertido en  una de las primeras causas de nuestra violencia urbana. No se debe ocultar la amenaza mortal que la droga representa tanto para los individuos como para la sociedad, el narcotráfico. Difícil encontrar un agente más destructivo para  la sociedad, de sus instituciones, de sus costumbres, valores éticos y ciudadanos que el narcotráfico, hijo maldito de la política de prohibición absoluta de las drogas y de su criatura “la guerra contra las drogas”, impulsada hace ya 40 años por Estados Unidos como una verdadera cruzada moralista que no dejó alternativa diferente que la guerra para combatir un mal mayor como es, sin duda, la droga en su consumo y en su comercio. Guerra que hace florecer y fortalece a quienes supuestamente combate, a  las organizaciones del narcotráfico y con ello al crimen organizado nacional y transnacional que, a partir de ese negocio ha  diversificado  su actividad criminal y que entre nosotros es el sostén indispensable de los grupos violentos de todos los pelajes que siguen presentes y fuertes. Hoy el mapa del narco se confunde con el mapa del mundo. Estamos ante una guerra perdida. La decisión de Petro es fundamental, realista y con un hondo contenido humanista, estoy tentado de decir cristiano, aunque algunos se echen la bendición. De entrada la apoya uno de cada dos ciudadanos. Se iniciará con la apertura de los dos primeros centros de atención médica para adictos a las drogas (Camad), que no serán “ollas” financiadas por el Estado ni expendios de drogas que operen como “la tienda de la esquina”. Serán centros públicos con médicos, psicólogos, psiquiatras, odontólogos y enfermeras para  atender a los drogadictos no dándoles bazuco, como algunos insinúan, sino facilitándoles drogas legales de difícil consecución, que les disminuye la ansiedad generada por su falta, el “síndrome de abstinencia”, que está en el origen de mucha de la violencia nacida de su consumo. Estamos frente a un primer pero promisorio paso que empieza a demoler el tabú, a enfrentar los miedos que lo alimentan y que ejemplifica la reacción inicial del procurador Ordoñez. Un primer paso en el (¿largo?) camino que nos permitirá dejar atrás la absurda “guerra contra el narcotráfico”. Un primer paso que acompaña a los ya dados, entre otras, por los expresidentes Gaviria de Colombia, Zedillo de México y Henrique Cardoso de Brasil, aplaudidos por Carlos Fuentes y muchos verdaderos humanistas. P.S.  Es sintomática la manera como otro expresidente, Álvaro Uribe, comenta la decisión distrital: los Camad serían centros de consumo de drogas y no de atención profesional a ciudadanos enfermos. Se trataría de un acto permisivo del Alcalde que favorecerá el consumo y el narcotráfico, al dificultar y desalentar la acción de las autoridades. Sin comentario.