Cae presidente Comisión Legal de Cuentas de la Cámara

La decisión adoptada la presente  semana  por el Consejo de Estado por medio del  cual dispuso despojar de su investidura al Representante a la Cámara  por el departamento de Antioquia, Oscar de Jesús Marín, por solicitud  de la Red de Veedurías Red Ver, no logró ser entendida en su real alcance máxime porque se trata del presidente de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes.

Comisión Legal de Cuentas de la Cámara no rinde cuentas El parlamentario Oscar Marín era presidente  de la Comisión Legal de Cuentas, es decir  la encargada de revisar y auditar las cuentas de la nación, la cual constituye una  de las funciones  clásicas  de los parlamentos en el sistema de pesos y contrapesos democráticos, de cuidar el manejo adecuado de los billonarios recursos del presupuesto nacional, ejerciendo dicho encargo  de la mano de la  Contralora General de la República. Tal Comisión pese a su gran importancia es prácticamente  desconocida para el país, quizás esta sea la primera vez que por su gestión se le pida rendir cuentas ante la justicia disciplinaria constitucional, en un largo trámite  donde el Consejo de Estado tardo más de 20 veces los términos máximos  de ley para adoptar la decisión en cuestión. Conflicto de intereses  y conflicto de valores Siendo Presidente  de la Comisión Legal de Cuentas y contador  con una  larga carrera profesional, y trayectoria al “servicio público”, Oscar de Jesús Marín, aprovechó una  sesión donde se hallaba citada y a la cual concurrió la Contralora  General, Sandra Morelli, y sin que esta hiciera el más mínimo reparo, decidió presentar una proposición, presidir la sesión y votarla, donde se favorecía  a sí mismo con el traslado de una investigación que en su contra le adelantaba la Contraloría de Antioquia, para que fuera asumida por la Contraloría General con quien tenía mejores  lazos, y donde con cierto presumir le resultaría mas benigno el resultado, y así fue. Lo que terminó ocurriendo es que el obligado divorcio de los intereses privados frente a los colectivos, se antepusieron los intereses públicos, y su condición de parlamentario se usó para quebrar groseramente  la igualdad  ante la ley. El mismo Presidente  de la Comisión Legal de Cuentas como consta en el acta respectiva de la sesión, tomó   la palabra y explicó ampliamente a los parlamentarios miembros de tal Comisión y a la Contralora -quien estaba citada y asistió a la sesión- que como  consecuencia de la investigación prácticamente  su  futuro político estaba comprometido así como algunos de sus bienes  amenazaban ser embargados. Después, muy orondo sometió a decisión de la Comisión la proposición de quitarle la investigación a la Contraloría de Antioquia para trasladarla a las dependencias de quien por así decirlo sería su “nueva mejor amiga”, la Contraloría General, donde efectivamente corrió la suerte mencionada y el proceso fue concluido conforme al deseo del parlamentario. Misceláneos: Vuelve y cae Gobernador del Chocó Luis Gilberto Murillo: en política el que es caballero…no repite Hace aproximadamente   catorce años, la Red de Veedurías Red Ver  logró por primera vez la nulidad de la elección de Luis Gilberto Murillo, por parte del Consejo de Estado. Entonces no fue fácil que el presidente Pastrana nombrara como su reemplazo alguien del mismo partido de Murillo, pero finalmente así lo obtuvimos, sentando un precedente  que sirvió para alumbrar el camino de los reemplazos de alcaldes o gobernadores destituidos. La semana pasada el Consejo de Estado de nuevo decretó la nulidad de la elección del nuevamente electo Luis Gilberto Murillo, solo que para antes de estas el mismo había sido condenado por haber cometido un delito contra la administración pública. Pataleo sin éxito ante la Corte Suprema de Justicia, como ante el Tribunal Superior del Chocó, pero la condición de delincuente se le mantuvo. No contento con ello acudió ante la Procuraduría para que le removiera la inhabilidad permanente que aún tiene, y en dos instancias la perdió, ante la Viceprocuradora y ante el Procurador General. Curiosamente ante  el Consejo de Estado el Procurador que hasta entonces había sostenido que existía  la inhabilidad, extraña y casi sospechosamente  cambió su concepto, asegurando que no había tal. Ahora amenaza con tutelas y recursos  improcedentes. Se recuerda que  él mismo fue suspendido como medida provisional desde el comienzo del proceso de nulidad como la Red Ver solicitó al Consejo de Estado. La conclusión es pura y simple: nadie en el país, y no solo en el Chocó que haya sido condenado “en cualquier tiempo” por delito contra el patrimonio público puede acceder a cargos de elección popular como alcaldes o gobernadores, sin importar las variaciones que al interior del derecho penal tengan la calificación de hechos punibles. Lo que fue delito no deja  de serlo por el hecho de cambiar de código, y más cuando se afecta el patrimonio público como lo aseguró el propio Juez de Ejecución de Penas del Chocó. @reddeveeduriascol