El doble discurso del gobernador de Nariño

El doble discurso del gobernador de Nariño

13 de junio del 2017

Mientras el gobernador de Nariño, Camilo Romero, habla de ‘gobierno abierto’ su administración promueve contratos opacos que la Fiscalía y Contraloría deben desentrañar.

Lo advierte Jhon Mario González, con documentos en mano, que nos presentó en extenso. González es consultor docente, profesor universitario, columnista, exfuncionario del Banco mundial, asesor del Ministerio del Interior e investigador de Planeación Nacional.

-Puede que en Bogotá lanzar huevos a los políticos y ser fundador del movimiento político juvenil mamagallístico ‘Tienen huevo’ fuera visto no más que como travesuras de un joven inquieto deseoso de llamar la atención. O que promover la revocatoria del desprestigiado Congreso, a escasos 6 meses de las elecciones de 2014, un total sinsentido, fuera visto no más que como un intrascendente truco de un político en campaña. Pero en el caso del exsenador Camilo Romero ha sido más que eso. Le permitió obtener 730 mil votos en la consulta interna presidencial del partido Verde el 9 de marzo de 2014, intentar heredarle la curul a su padre, Ricardo Romero, quien se quemó al Senado ese mismo día, y desembarcar en Nariño como el adalid contra la corrupción.

No importaba –sigue González- que hubiera denuncias de que su madrastra, Miriam Margoth Martínez, exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, hubiera puesto la entidad al servicio de su elección al Senado en el 2010, como lo publicó El Espectador o Semana en abril de 2010 y 2013, o como lo denunció el Senador Carlos Fernando Galán. Menos importaba que hubiera disparado la nómina de la UAESP de 40 funcionarios de planta a 500 contratistas, o que fuera destituida e inhabilitada por 10 años por la Procuraduría por el cuestionado contrato de Doña Juana.

De lo que se trataba era de posicionarse, así fuera con un doble discurso, así fuera con pilatunas y absurdos, los que si bien en Bogotá se diluían con cierta rapidez en Nariño lo catapultaron como el candidato favorito en las elecciones a gobernador, las que ganó en octubre de 2015. Pero como los gobiernos alternativos que han presidido el departamento en los últimos 15 años no se podían quedar atrás en la práctica del nepotismo, el joven gobernador salió electo en fórmula con su padre Ricardo Romero, esta vez sí, como alcalde de Ipiales.

Uno de los negocios más jugosos

Explica González: -Si la receta ha funcionado tan bien, había entonces que acuñar un nuevo eslogan. Esta vez el de ‘gobierno abierto’, que quedó inscrito como uno de los pilares del Plan de Desarrollo. Pero en ello no parecían creer sus mejores amigos, quienes a los 15 días de su elección constituyeron en la Cámara de Comercio de Pasto la Organización de Licores de Nariño. Lo que había entre manos era uno de los negocios más jugosos del departamento.

Los empresarios de Licosur, que habían manejado el negocio sin contratiempos en los últimos años, y temiendo lo que podía ocurrir, enviaban cartas al gobernador desde enero de 2016 para conocer de los términos de la negociación, cartas que no eran contestadas.

De repente, se desató un récord mundial en eficiencia administrativa. El 24 de agosto de 2016 el gobernador publicó el Decreto 364 de 2016. Mientras los empresarios de Licosur recibían ese mismo día la contestación sobre la promulgación del Decreto, la Organización de Licores de Nariño radicaba a las 2 p.m. la solicitud de compra de aguardiente y de crédito, la que fue estudiada y aprobada por el comité de crédito de la gobernación al día siguiente, el 25 de agosto a las 4 p.m.

Richard Portillo, el favorecido del gobernador

A pesar de que los empresarios de Licosur radicaron su solicitud de compra del aguardiente el 26 de agosto y consignaron en efectivo los 18 mil 901 millones de pesos, ya no había nada que hacer. El ‘gobierno abierto’ del mandatario Romero prefirió la opacidad para vender a crédito –lo que puede constituir un detrimento patrimonial- a su amigo Richard Portilla, (ver fotos) de la Organización de Licores de Nariño, sin más, sin esperar propuestas, y violando presuntamente el artículo 35 de la ordenanza 005 de 2012. Como mínimo, debía constituirse una garantía por valor total del crédito, pero la Organización de Licores de Nariño había consignado 2.087 millones de pesos en efectivo, un cheque sin fondos por 11 mil millones y una carta crédito por 15 mil 100 millones, que si bien pudiera cubrir el cheque no alcanzaba a sumar 18 mil 901 millones de pesos.

Todo un doble discurso que las inspecciones que la Fiscalía realizó en las oficinas del departamento hace pocos días deben desentrañar, pero que no se limita a eso. También está el convenio interadministrativo 1871 del 19 de agosto de 2016 que el gobernador ad hoc para Ipiales, Edgar Roberto Mora, firmó con la empresa municipal Unimos de Ipiales por 3.307 millones de pesos, cuyo objeto era prestar el servicio de conectividad de internet en los establecimientos educativos públicos del departamento.

Con la empresa que depende del papá del gobernador, así no tuviera la capacidad técnica y así en el pasado la gobernación hubiera contratado los mismos servicios por invitación pública y con empresas idóneas.

Pero el gerente de la empresa Unimos de Ipiales, Andrés Oliva Ortega, se inventó la fórmula de subcontratar con empresas desconocidas, como DOO Comunicaciones, de la que días antes era el mayor accionista y representante legal. No importó que el objeto del contrato no se cumpliera, ni que las clases de informática de los niños en Nariño se recibieran solo en teoría, pues, al parecer, tienen huevo los que creen en el tal ‘gobierno abierto’. De lo que se trata, también parece, es de saber manejar el doble discurso.

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