A campesinos, Santos los ama de mentiras

Grave error cometería el gobierno si se escuda en la infiltración de la guerrilla para no dar una respuesta de fondo al problema del Catatumbo. O si concentra su remedio en lo de costumbre: presencia militar, y ya. O si de las tres mesas de diálogo con los campesinos, que dice estar dispuesto a instalar, salen compromisos que también, como de costumbre, no se cumplirán. Debería tenerlo claro: si la guerrilla mete la mano no se anula el problema. Los campesinos han dicho que para poder vivir tienen que hablar con todo el mundo. Eso no los hace guerrilleros. No les queda otra. El espejo del Catatumbo refleja a otras zonas del país. Alternativas a los cultivos de coca, erradicación manual de cultivos ilícitos, inversión social y reconocimiento como zonas de reserva campesina, son necesidades comunes del campesinado nacional. Sólo que esta vez el turno para reclamar las soluciones correspondió a los campesinos de esta región nortesantandereana. Por lo tanto, también sería equivocado pretender abordar tal problemática con la mentalidad inmediatista de salir de un paro. ¿Cuándo entenderá el gobierno que la dramática condición de vida de la gente del campo ya no da para el cortoplacismo? Si actuara con la responsabilidad que se le demanda debería tomarse en serio el instrumento legal de las zonas de reserva campesina. Despojarse de prevenciones sobre ellas y entender que en lugar de intervenciones aisladas, en las ZRC tiene el mecanismo para lograr lo que nunca se ha logrado: Que la institucionalidad del Estado llegue donde no ha podido hacerlo, para construir el ordenamiento social, ambiental, productivo y de tierras, de las áreas rurales, con la participación de la comunidad. Así, haría democracia verdadera y generaría condiciones para que la gente permanezca en los territorios. Y, de lo más importante: cortaría el espacio de las necesidades de supervivencia de los campesinos, del que la guerrilla siempre se ha aprovechado. Todo eso se puede alcanzar si se exigiera en desarrollar las ZRC. De otro lado, en su usual retórica, Santos ha dicho que en el modelo de desarrollo rural que quiere implementar, están incluidos tanto los empresarios como los campesinos. Sólo que corrió a repicarlo para evitar los nervios de los potenciales inversionistas, tras el cuestionamiento público a las ‘non sanctas’ adquisiciones de tierras, realizadas por Riopaila Castilla y Cargill, en el Vichada. Negocio estructurado jurídicamente por la firma de su hoy embajador en Washington. Pero la cabida de los campesinos en las zonas de agroindustria a gran escala, debe ir más allá de la posibilidad de ser tan solo jornaleros de las grandes empresas agroindustriales, usualmente irrespetados en sus derechos laborales, culturales y sociales. La gran agroindustria debe funcionar pero ceñida al respeto al territorio. Es decir, a las comunidades que en él habitan, a su cultura, al medio ambiente y a los raizales vinculados a sus proyectos. La gente  no se opone a la agroindustria, como de manera simple argumentan varios de sus defensores, Hommes entre ellos. A lo que se opone es al sello de abuso múltiple con el que se montan estos negocios, con la vista gorda de quienes gobiernan. La cabida de los campesinos propietarios de las 800 mil fincas de menos de tres hectáreas, que producen el 70% de la seguridad alimentaria del país, obliga a ir más allá de este reducido cuadro de posibilidades. Ellos demuestran lo que muchos no les reconocen: que sí son productivos. En lugar de desaparecerlos, lo que se debe es propiciar su desarrollo. No producen más porque no cuentan con una política de desarrollo rural que los incluya y que los provea de los bienes públicos, como crédito de fomento, asistencia técnica, programas de comercialización, salud, educación e infraestructura, que les permitan aumentar y consolidar su productividad. Fórmula que también en otros dos casos sería la salida: en el de la restitución de tierras, porque no basta con  devolverlas a los campesinos propietarios  si no tienen con qué ponerlas a producir. Y en el de la sustitución de cultivos ilícitos, reclamada por el Catatumbo y otras regiones colombianas, porque permitiría atacar la economía de bonanza que impone la coca sobre otros productos. Como el único que se paga bien y que les permite la supervivencia es la hoja de la mata, pues no les queda más remedio que cultivarla y olvidarse de otros cultivos. Si se quisiera, en la institucionalidad que aportan las ZRC podría estar el vehículo para ese desarrollo rural. O la gente que nos gobierna no es apta, o simplemente no está interesada. O las dos cosas.