El proyecto de acto legislativo para reformar la justicia ha desnudado la profundidad de la crisis institucional que vive Colombia.
Uno de los primeros actos del gobierno fue anunciar un proyecto que marcaría un hito en la historia judicial. Luego cometió el primer error político al aceptar conformar una comisión para redactar el texto final. Se perdieron valiosos meses mientras los comisionados cada día ratificaban sus puntos de desacuerdo. Muy en el estilo de este gobierno, en lugar de enfrentar los desacuerdos con voluntad política, se fue peluqueando el texto hasta dejarlo en una propuesta sin color ni olor, que no resuelve los temas de fondo, pero ha logrado antagonizar a la rama judicial como nunca en la historia de la República.
La discusión de fondo no es si el proyecto responde al enorme desafío de un país donde reina la impunidad. La discusión se ha centrado en el reparto del poder. Es evidente que en Colombia no hay equilibrio de los poderes. El Legislativo es un poder minusválido, atenazado entre la influencia del Ejecutivo y el temor al Judicial. Curiosamente, en esta discusión, es el fiel de la balanza entre las aspiraciones del gobierno y la resistencia de las Cortes. En un inicio, parecía que el gobierno había cedido a las Cortes pues, a espaldas del Legislativo, concluyó un acuerdo con el poder judicial sobre el texto y lo anunció con bombos y platillos. Pero luego cambió de parecer y decidió jugar sus cartas ocultas en la discusión en Senado y Cámara.
El gobierno quiere que el Congreso sirva de carne de cañón en esta disputa y para eso finge jugar del lado del Legislativo. El punto de ruptura fue la decisión respalda por el gobierno de quitarle a las Cortes el poder de nominación. El Consejo de Estado, luego la Corte Suprema y finalmente el Consejo Superior de la Judicatura abandonaron al gobierno, unos días antes de que se discuta el tema en la plenaria de la Cámara de Representantes. El gobierno quiere mostrar ahora la firmeza que le hizo falta durante los largos meses de negociación con las Cortes. Anuncia que no retirará el proyecto de Acto Legislativo. Falta ver si el Congreso lo seguirá en esa línea que equivale a una declaración de guerra al poder judicial.
Lo que está de por medio es una verdadera crisis institucional. Los tres poderes no están de acuerdo en el reparto del poder, tal como quedó definido en la Constitución de 1991 y como ha venido evolucionando en los últimos años. Hay consenso que la reforma solo tocará de forma marginal los graves problemas de la justicia. Incluso el Gobierno acepta que es un texto sin carácter. Su única virtud es haber destapado la magnitud del problema institucional de nuestra democracia.
Los textos de derecho afirman que cuando se rompe el consenso que representa la carta constitucional es necesario proceder a una constituyente.
