Carruseles, carteles y otros demonios

2 de mayo del 2011

La realidad ha resultado más rica que la imaginación. Ocurre pocas veces. Pero los protagonistas del escándalo del “cartel” de la contratación, si los hechos resultan ciertos, nos han sorprendido por su inventiva para diseñar y ejecutar esta inmensa operación delictiva. Por lo menos dos billones de pesos del presupuesto público bogotano, según la fiscalía, se esfumaron. Y faltan datos de otros municipios.

No se trata de clientelismo tradicional. Que también lo hay. Todavía tenemos noticias de la distribución de porciones del aparato público para la reproducción de redes políticas tradicionales. En la Bogotá de los Moreno esta tradición retornó con renovado ímpetu. Pero, más grave aún, todo indica que el aparato público se distribuyó también a casas contratistas y con ello, en el ejercicio del gobierno y la función pública, los negocios resultaron más importantes que las ideas o terminaron retroalimentando el clásico clientelismo.

Cuando el 10 de junio del 2009 cinco Concejales de Bogotá le advertimos al alcalde Moreno que “respecto de la contratación distrital no podría haber más rumores sobre la presencia de una suerte de cartel que todo lo controla y todo lo decide” no nos referíamos a personajes con una “reputación bien sentada en un asunto determinado”. Mas bien queríamos indicar, en uso de la definición académica, la existencia de un “convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo”. Solo que esta vez, tratándose de la incursión de actores privados en la ejecución de actividades públicas delegadas por el Estado, este “convenio” entre un “grupo” de contratistas se hace ocultándose en las normas legales o moviéndose en las “zonas grises” de dicha legislación. O violándola. El “cartel” asume entonces modalidades mafiosas.

Los “carruseles” son otra invención de los magos en la contratación estatal. Consiste en una cadena entre quienes aparecen ganando los contratos y las empresas que terminan haciendo las obras a menor precio y bajo la modalidad de la subcontratación. Estas últimas, muchas veces, son personas jurídicas de papel, entidades sin músculo financiero y capacidad técnica, o trincheras para el testaferrato.

Carteles y carruseles requieren del monopolio de la contratación. Ha quedado demostrado que la contratación de Bogotá de los últimos tres años se concentró en cinco casas contratistas. Dicho monopolio se aseguró con el pago de jugosas prebendas, coimas y comisiones que le dio vitalidad a una eficiente red de lobistas, casas estructuradoras, empresas y consorcios, funcionarios públicos, representantes políticos y hasta organismos de control.

Estas prácticas no son exclusivas de Bogotá. Pero la ciudad parecía lejana a los escandalosos hechos de corrupción pública de la nación o del resto del país. Ahora nos ofrece un retrato de su sofisticación. Y el demonio está en los detalles. Para crear esos demonios abunda la creatividad de quienes cínicamente exigen la plena prueba a las denuncias mientras fabrican nuevas trampas para burlar la ley. Y de gobernantes que, cuando menos, se complacen con este paisaje. O ponen caras de “yo no fui”.

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