Cartelización de la contratación pública

10 de febrero del 2011

La contratación pública cada vez tiene menos de pública, pues tiene unos grandes dueños definidos en lenguaje de cartel, y por tanto ya no es un acuerdo de voluntades sino la resultante de una confrontación abierta del cartel de los contratistas contra el cartel de los servidores públicos  en una disputa a muerte donde los precios del mercado resultan de la tensión entre la común necesidad de asaltar el erario público y la volumetría de las “mordidas”.

En el cartel de la oferta de servidores públicos dispuestos a prevaricar se halla uno de los puntos críticos en el desangre de las arcas públicas en la contratación de los órganos del estado, donde de manera creciente y en ocasiones muy sutil, se practica la cada vez más refinada sastrería contractual: a través de convocatorias hechas a la medida de amigos,  o prefabricadas , o de convocatorias “superman” donde los requerimientos se tornan tan exigentes que ningún proponente puede satisfacerlos.

En uno y otro caso el propósito es el mismo, o adjudicar en la primera fase a aquellos para quienes se confeccionó la convocatoria, o ir  sacando “de taco” a los concursantes o proponentes para deshacerse del proceso licitatorio por vía de la convocatoria pública y adjudicar de manera directa.

Pretextando la prevalencia del principio de la buena fe, las entidades se relevan cada vez más de la evaluación de las propuestas dejándolas al arbitrio de las autoevaluaciones y así dejan a salvo la posibilidad de revisión con posterioridad al contrato, lo cual vulnera la transparencia del proceso contractual.

Los méritos o capacidades como tales se tornan, si no inanes, cada vez menos relevantes a la hora de escoger contratistas y esto vale tanto para empresas como para profesionales independientes. Con ello se convierten más en un fortín para contraprestar favores políticos o para triangular recursos públicos, cuando no para lavar activos.  Esto me hace acordar cuando a una reconocida académica colombiana le preguntaron lo que pensaba de la meritocracia y contestó que “había  que tener cuidado de ella”, parodiando, algo así, a un ex presidente con “reducir la meritocracia a sus justas proporciones”.

No hay estadísticas conocidas en este sentido, pero es claro que se necesita crear un sistema nacional de evaluación y seguimiento de compras o contratos públicos  donde jueguen indicadores como estos: números de adjudicaciones mediante convocatoria abierta, declaratorias de desierto, contratación directa, tipos de contratos montos y entidades en riesgo de tales prácticas excluyentes.
La gran permisividad frente a tales prácticas de corrupción en la contratación pública se expresa en cómo el escándalo de macro corrupción en Bogotá  fue  mal llamado  “carrusel de la contratación”, llevando a la equivoca idea  de ser una especie de “juego”, juego de niños, pues los niños son los que juegan al carrusel.  Nosotros lo rebautizamos “cartel de la contratación”, refiriendo el carácter mafioso del manejo del erario público, y al carácter organizado de tal actividad delictiva, la existencia de capos, de los cobradores extorsionistas, y de una  paralela red receptora o consumidora de coimas, un ejército de funcionarios púbicos dispuestos a vender no solo sus conciencias… una suerte de campañas políticas que se financian de esta forma y sobretodo una falsa moral de figuras públicas que se nutre de la ilegalidad contractual.

Tales hechos  no solo comportan un mapa de corrupción a gran escala sino que evidencian las prácticas de captura de las compras,  exteriorizando algo que ya se sabía pero que parecía imposible, que ni la propia  capital de la república podía ni quería atajar. Por el contrario, lo más refinado de la corrupción costeña se une  con los capos de la contratación a nivel no solo distrital sino nacional: se juntaron el cartel de la costa con el cartel del interior en materia de contratación. Mientras los carteles de la droga se enfrentan a bala y a cuchillo limpio, en el cartel de la contratación fueron más allá y en lugar de eliminarse  se unieron para celebrar sobre las arcas del Distrito y de la nación; el problema surgió cuando todos quisieron ser “el Padrino”.

Por eso, aunque es muy importante la judicialización de los “peces gordos” es necesario variar las reglas del juego y el proceso de selección de contratistas. Porque la posición dominante la ejercen quienes acceden al lobby acompañado de prebendas o mordidas, o acceden a la coima abierta. “El pez gordo se come…a si mismo…” siendo claro que en Colombia falta un sistema de vigilancia oportuno, ágil y contundente muy ejemplarizante sobre el saqueo de las arcas públicas que precisa no solo del esfuerzo del Estado sino de la sociedad civil organizada y el fortalecimiento de sus espacios de acompañamiento. La contratación se puede poner en urna pero allí es donde se hace más importante el valor de quien o quienes la miren. La transparencia está en la mirada del observador.

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