Comparaciones ¿odiosas o necesarias?

28 de marzo del 2011

En el contexto de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y durante el actual trámite legislativo del proyecto de Ley de Víctimas, es bueno hacer un parangón entre dos sistemas que se han avocado a llamar a las instituciones, entidades estatales, a la academia y cómo no, a la sociedad civil, con el ánimo de encontrar alguna respuesta sensata que oriente el porvenir de los derechos de quienes han sufrido los embates inescrupulosos e indiscriminados del terrorismo en Colombia.

Como primera medida, el terrorismo no ha diferenciado ni seleccionado sus víctimas, tratándose o no, de intereses políticos, religiosos, económicos o sociales. Para nadie es un secreto que ante la mira de los victimarios es indiferente cuál es su presa, pues en desarrollo y ejecución de su cometido ilegal no tienen en cuenta si son o no inocentes, o actores de un conflicto. Es paradójico, pero el Estado en nuestro país sí las discrimina y me refiero específicamente a la ponencia radicada en la Comisión Primera del Senado de la República, que desconoce las víctimas de la cruenta década de los 80.

Es por esto que la proclama fundamental de los DDHH y el DIH es poner en evidencia que se han desconocido por mucho las necesidades mínimas de las víctimas, y por ende, han sido desatendidas. Históricamente muchas personas en el mundo han sufrido pérdidas y daños irreparables a causa del terrorismo, entre ellas encontramos defensores de DDHH e incluso miembros de la ONU. Dice Ban Ki Moon, secretario general de las Naciones Unidas, que las víctimas del terrorismo son verdaderos héroes y pide a la comunidad internacional que se una a ellas para que en un esfuerzo mancomunado se logre dignificarlas y darles un tratamiento humanizado en las medidas y políticas propias de cada Estado, sus voces sean oídas, se les trate con respeto, se reconozcan sus derechos y se atiendan sus necesidades. Parece que aquí no llega ni a los oídos de los legisladores ni  del Gobierno; sobra explicar lo que ya todos conocemos. Señor Ban Ki Moon, hable un poquito más duro a ver si el HS Juan Fernando Cristo y sus secuaces lo oyen en este lado del mundo.

Resulta que en España sí oyen y no solo eso, sino que actúan y ponen en práctica estos preceptos humanitarios. Esta monarquía parlamentaria que es un Estado Social de Derecho y que ha padecido los actos del terror de la banda ETA, tiene una legislación a favor de las víctimas del terrorismo. Acá increíblemente tenemos leyes favorecedoras de los victimarios –casi da risa-. Los ibéricos han concebido un sistema legislativo que se solidariza con las víctimas, propende por la memoria, la justicia y su reparación. Es sabido que la diferencia en términos de cifras es abismal, pues mientras ellos manejan cifras en menos de dos miles, nosotros tenemos cuatro millones mal contados. No obstante, la templanza y valor democrático de los españoles, da como resultado una ley de víctimas que repara simbólica y económicamente a los sujetos pasivos del terrorismo. Manejan una tabla indemnizatoria que oscila entre los 200 mil y los 500 mil euros, según cada caso y establece unas medidas de reparación simbólica y moral otorgando a las víctimas y sobrevivientes, títulos como los de de “excelentísimo” e “ilustrísimo”, con lo cual se dignifica al ser humano. Acá los olvidamos y a los defensores de DDHH nos señalan y persiguen como si fuéramos los propios victimarios y no los sujetos de derecho, que realmente somos.

Comparemos: será que en este país con más de cuatro millones de víctimas, que se supone es una democracia, no nos estará faltando alguito de monarquía, o mejor, ¿cuál de los dos sistemas encarna verdaderamente los pilares de un Estado de Derecho incluyente y solidario?

Fundación Colombia con Memoria
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