Diez concejales de lbagué, en problemas

29 de noviembre del 2010

Otro integrante de Polo está en líos con la justicia. Se trata de Alveiro Tique, concejal de Ibagué, a quien Tribunal Administrativo del Tolima le acaba de decretar la perdida de investidura por cuenta de una demanda instaurada por la Red  Ver- Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, que denunció un tráfico de influencias consistente en exigirles parte de su sueldo a sus escoltas y reportar viajes inexistentes para cobrar viáticos.

De igual manera, por tales  hechos cursa investigación penal donde estuvo privado de la libertad por espacio de seis meses y enfrenta un juicio que ha sido pospuesto, en repetidas ocasiones, por maniobras de la defensa.

Recientemente uno de estos escoltas, que sirvió de testigo, fue objeto de un atentado cuando dos individuos armados interceptaron su moto y la emprendieron a tiros contra su humanidad, milagrosadomente salvándose. El escolta  atribuye tales intimidaciones  a sus denuncias por el caso Tique, debido a que decidió no aceptar arreglo alguno y mantener los cargos contra Tique.

El segundo cargo resulta aun más inverosímil. Se trata de la llamada “rifa burocrática”, referida a la presunta elección a dedo que hicieron del personero municipal de Ibagué diez concejales de la coalición mayoritaria, para luego imponerle cuotas burocráticas que, según algunos medios, se hizo por el sistema    de baloto “que ningún concejal  saliera más favorecido que otro”, luego la repartija fue por sorteo.

Esta acción de muerte política también incluía al concejal Tique, pero fue denegada. Sin embargo, la Red de Veedurías, presentará apelación esta semana con el objeto de que sea el Consejo de Estado el que dirima el asunto. Pero tendrá un elemento adicional: la declaración de una juez de Ibagué que está dispuesta a declarar en contra de los concejales,  pues cuando se desempeñaba como funcionaria de la personería de ese municipio, fue víctima de presiones para que abandonara su puesto como resultado de la “rifa burocrática”.

Pero hay más. Uno de los concejales le reveló a un periodista local –hoy amenazado-  tales hechos. El comunicador grabó la conversación que  fue emitida por diversas cadenas radiales y periódicos locales. No obstante, tal entrevista extrañamente fue declarada inaudible para la Fiscalía, en tanto que para la Procuraduría apenas efectuó una simple identificación de voces.

Esta es la clara metáfora de la espiral de impunidad que de alguna manera continuamos rompiendo y respirando: la ciudadanía ve y oye  cuanto las autoridades callan.  Por fortuna el Consejo de Estado podrá acceder a las pruebas completas que le permitan revocar la decisión de Tribunal de Ibagué y sancionar ejemplarmente a los 10 servidores involucrados en estas actuaciones poco transparentes.



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