Condenas y reparación

8 de junio del 2011

Un respiro, no profundo ni tranquilizador, sintieron algunas de las madres de Soacha al ver, que por primera vez en casi tres años, se profirieron en Bucaramanga las primeras condenas por el asesinato de sus hijos, jóvenes a quienes hicieron pasar como guerrilleros para que algunos soldados pudieran recibir permisos y el pago de recompensas.

Quedan por supuesto miles de casos más a lo largo y ancho del país, casos que de no concluir en sentencias condenatorias abrirán las puertas a la justicia internacional por tratarse de delitos de lesa humanidad, en el marco del estatuto de Roma.

Si bien en el pasado he sostenido que el presidente Santos, en su condición entonces de ministro de defensa, tuvo una responsabilidad, también es cierto  que su juez natural lo absolvió de cualquier responsabilidad penal. Y, aun cuando me acusen de traidor con la causa, debo reconocer que en materia de derechos humanos este gobierno ha dado muestras de seriedad y respeto en todos los campos, empezando por el de haber sacado adelante la llamada ley de víctimas.

Con la aplicación de esta nueva normativa el presidente Santos ha puesto al país en la senda de la reconciliación como un primer paso para aceptar que Colombia, por cuenta de su conflicto armado, debe a millones de conciudadanos un perdón, una reparación, un acto de constricción necesario para que por primera vez entendamos que sólo aceptando y perdonando podemos, algún día, llegar a ser una sociedad civilizada.

Las madres de estos muchachos han estado abandonadas a su suerte, el propio estado les ha dado trato de delincuentes y siguen, aun hoy, siendo víctimas de amenazas por parte de algunas personas que las quieren intimidar para que ellas cesen en seguir adelante con su causa: ver en la cárcel a los responsables de esos crímenes. ¿Será mucho pedir?

El país le debe a estas familias al menos una disculpa, la de no haberse levantado en contra de esos asesinatos que vinieron de nuestras FF.MM., sí, las mismas que por disposición de  nuestra carta política tienen el privilegio de cargar las armas de la república en defensa de la vida de todos los ciudadanos, sin importar su condición social, credo o raza.

Espero que no pase mucho tiempo antes de que veamos algún resarcimiento para estas familias, pero también abrigamos la esperanza de que sea el propio presidente Santos quien asuma este tema como propio, pues si bien la justicia lo ha exonerado de toda responsabilidad penal, decisión que debemos respetar, el presidente puede acudir a su condición de liberal, de demócrata y de gente de bien para hacer en nombre de Colombia un acto de reconciliación.

No es la hora de fustigar a nadie por razones políticas, pues mientras quienes hemos estado acompañando a las madres, sigamos polarizando estos escabrosos hechos, lo cierto es las únicas que pierden son las madres, hermanos e hijos de los 2.500 colombianos asesinados en una cerrera sin sentido por parte de algunos miembros de nuestras FF.MM. para mostrar resultados en una guerra que durante 40 años ha teñido de sangre a nuestro país.

Qué importante sería para Colombia que la reparación empiece por estas víctimas del estado, pues aun cuando nos cueste trabajo decirlo, en estos casos en particular el Estado actuó con la misma saña y perversidad de todos los grupos al margen de la ley.

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