Contra la impunidad: Seriedad y persistencia ciudadana

Contra la impunidad: Seriedad y persistencia ciudadana

8 de abril del 2017

Por: Marco Aurelio Zuluaga Giraldo

Columnista invitado

En Guatemala, a raíz de la grave crisis por la corrupción, en el año 2007 se firmó un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno para crear la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esta Comisión se conformó con expertos internacionales con el fin de apoyar las investigaciones y perseguir, castigar y desmantelar las redes de corrupción y criminalidad.

La Comisión se ha dedicado a brindar respaldo y protección a los agentes del Estado comprometidos en esta lucha y a impulsar el desarrollo de capacidades judiciales, logrando el desmantelamiento de estas redes. Ha investigado entre otros, sobre los siguientes delitos: financiamiento electoral ilícito, ejecuciones extrajudiciales, venta de droga y manejo de ejércitos privados para controlar el mercado de estupefacientes, corrupción en instituciones de seguridad social, tráfico de influencias y malversación de fondos. Estos delitos son los mismos con los que hoy en día saquean a Colombia.

En el año 2015 se detuvo al presidente Otto Pérez,  a la Vicepresidenta y a tres ministros. Igualmente se condenaron empresas privadas involucradas, como el Banco G&T Continental, la multinacional Blue Oil, y Sigma Constructores; esta última por financiar el partido del presidente preso a cambio de la adjudicación de obras públicas sin licitación.

En Colombia, en el congreso cafetero del año 2007, ante los delegados de 500.000 familias colombianas, el presidente Uribe solicitó públicamente a todos los congresistas que lo apoyaron, que mientras no estuvieran en la cárcel le votaran las trasferencias y la reforma tributaria. Al final cincuenta parlamentarios fueron detenidos por parapolítica.

Este año el Presidente informó que según el Observatorio Anticorrupción de la Presidencia, el cincuenta por ciento de los condenados por delitos de corrupción no pagaban un solo día de cárcel, y de los que pagan, el veinticinco por ciento recibe casa por cárcel. En fecha reciente el presidente Santos tras admitir el ingreso de dinero de Odebrech a su campaña, dijo “Me acabo de enterar”, y pidió excusas por lo sucedido y sanción a los responsables. El último Director de la Oficina Anticorrupción de la Presidencia se retiró de este cargo, pues aspira a ser elegido en el Congreso de la República y su reemplazo aún no ha sido designado.

De otra parte, el enrevesado proceso de selección y elección de los candidatos a la Corte Constitucional, no permite confiar en que la administración de justicia siempre proteja los intereses del ciudadano. A todo esto, se suma un silencio cómplice de los partidos políticos al no reconocer y asumir la responsabilidad por las actuaciones dolosas de algunos de sus representantes.

Frente a estos hechos y los serios indicios de colusión en Colombia entre algunos miembros de las tres ramas del poder público, los ciudadanos debemos abordar este grave asunto de corrupción y mafias con seriedad y persistencia, y exigir se convoque a las Naciones Unidas para crear la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Colombia (CICIC), similar a la que con tanto éxito opera en Guatemala.

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