Contralorías y Personerías de bolsillo

Dom, 21/02/2016 - 13:40
Se supone  que, según mandato constitucional y legal, los contralores y personeros municipales deben ser seleccionados por méritos y no por su filiación política. Sin embargo a pesar de ser un ma
Se supone  que, según mandato constitucional y legal, los contralores y personeros municipales deben ser seleccionados por méritos y no por su filiación política. Sin embargo a pesar de ser un mandato constitucional esta no es la regla sino que sigue siendo la excepción. Recientemente dentro de la cuestionada reforma constitucional denominada “Equilibrio de Poderes” -, cuya suspensión parcial logramos en demanda de la Red de Veedurías de Colombia, ante el Consejo de Estado en lo relativo a la elección de los miembros del Consejo de Gobierno Judicial, de la que hace parte la mediocre ex Auditora General Laura Emilce Tobón -  se incluyó un reclamo que hicimos por años cual era designar personeros municipales y contralores territoriales, departamentales, municipales y distritales, por méritos.  Zancadilla a la meritocracia por la plutocracia Los contralores territoriales  y personeros municipales tradicionalmente venían en su elección siendo parte del libre por no decir macabro juego de las fuerzas políticas en concejos municipales y asambleas departamentales, en un silogismo cuyo corolario  hepático terminaba siendo “yo te elijo, y tú no me investigas”. No pocas personerías eran literalmente compradas, se cancelaban dineros y comprometían cargos de tal manera que el propósito de los asi electos terminaba siendo el cobro de peajes para recuperar la inversión  y la extorsión permanente a contratistas y funcionarios, como lo demostramos en el cartel de la contratación en Bogotá. En muchas ocasiones el dinero era puesto por el propio alcalde o gobernador de turno, o por terceros que financiaban las campañas de aquellos. Asi las cosas,  se producía la captura del control y respeto de los derechos humanos, la vigilancia de la conducta de los servidores públicos, y más aún el control del manejo pulcro de los recursos públicos locales quedaba neutralizado, es decir nulificado, silenciado desde un comienzo, lo cual se confundía con la patente de corso que permitía manipular y direccionar contratos, mordidas, nominaciones y en últimas asegurar el estado inviable y caótico que hoy padecemos las mayorías ciudadanas en una enfática y casi neurótico pero en todo caso sórdido reclamo nacional. Como resultado más corrupción Incontables señalamientos a lo largo y ancho del país sobre la manipulación de los concursos de méritos, mediante la contratación para los exámenes de entidades cercanas a los gobernantes de turno, filtración de cuestionarios, venta de las respuestas, tergiversación y falsificación de resultados por parte de concejos municipales -como en Quibdó- , manipulación grosera de los resultados de entrevistas, o la simple edificación de excepciones al mandato democrático constitucional como ocurre en Bogotá  están dando lugar a la reiteración del refrán “hecha la ley… hecha la trampa”. Otras lupas: Del General Palomino al General Nieto y la lucha contra la corrupción En su momento presentamos la primera queja disciplinaria para que se investigaran las posibles faltas que se le imputaban al General Palomino, en un escándalo que termino obligándolo a renunciar a la Dirección de la Policía Nacional y en cuyos resultados se produzcan pronto. De otra parte, se encarama en ese potro más que otro General, Jorge Nieto,  la esperanzadora y más aún obligada una cruzada contra la corrupción en una institución que parece empeñada en incrementar más y más su distancia frente a la comunidad y sus demandas de seguridad ciudadana. Reddeveedurias@redver.org @pablobussanc
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