Crimen y castigo

Crimen y castigo

24 de marzo del 2017

A la mayoría le es familiar el título de una de las novelas más conocidas e importantes de Dostoyevski: Crimen y castigo, en la que magistralmente se entrelazan sentimientos y pensamientos que van entre el bien y el mal, y se describen los tremendos efectos del castigo moral. Por siglos ha existido una discusión jurídica y política sobre las penas que la sociedad debe imponer a quienes rompen las reglas de la convivencia trasgrediendo la ley, se les juzga y se les encuentra culpables de haber cometido delitos, particularmente cuando se trata de conductas graves que ameritan ser tipificadas y castigadas con penas privativas de la libertad.

Hay  escuelas de derecho que defienden la imposición de penas pecuniarias (en razón a que el encontrado culpable debe resarcir a la sociedad y a las víctimas directas que se ven afectadas por su conducta delictiva o  irregular) y de penas privativas de la libertad —desde las más pequeñas hasta la pena capital en casos extremos—, solo considerando el peligro que entraña mantener libre a un sujeto que puede reincidir, o esperando  que la privación de la libertad transforme al sujeto y los restituya a la normalidad.

Otros, tal vez la mayoría de los penalistas contemporáneos, tienen una actitud y pensamiento más generoso con el inculpado, por varias razones: primero, el victimario es en alguna forma víctima de la sociedad; segundo, las cárceles no reforman a la persona, sino que la hunden más, y son escuelas de crimen; tercero, si el sujeto no entraña un peligro para la sociedad podría pagar su condena en casa, o portando un brazalete y presentándose periódicamente ante el juez. Además, esgrimen el argumento de que, en países como Colombia, las cárceles están sobrepobladas y se requiere espacio para los criminales más peligrosos.

Recientemente, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) propuso la  excarcelación de algunos reclusos como medida para aliviar el sobrecupo carcelario, estimado en 50 %[1]. Las cárceles colombianas tienen capacidad normal para 80.000 reclusos, pero hoy albergan a más de 120.000, mientras hay unas 60.000 detenciones domiciliarias y 5.000 personas llevan brazalete. El problema es crónico, si tenemos en cuenta que históricamente las cifras de hacinamiento muestran una escalofriante tendencia al incremento; vale recordar que en el proyecto de Ley que dio lugar a la expedición de la Ley 1709 de 2014 —la cual condujo a una disminución de 11,9 puntos en el índice de hacinamiento para el mismo año—, se indicó que mientras en 1993 dicho índice era del 4,68 %, en 2012 ya era del 49,01 %[2].

El nuevo ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, propone una rebaja del 20% para aliviar espacios carcelarios, ante la dificultad para construir más cárceles[3]; el partido de la Unidad Nacional plantea, por su parte, rebajas de la sexta parte de la pena para 40.000 condenados y una excarcelación masiva de sindicados por delitos menores; el Centro Democrático sugiere un “jubileo” con motivo de la próxima visita del Sumo Pontífice. Faltan otras amnistías, en una competencia entre los sectores políticos por ablandar el castigo.

Hasta ahora solo se ha escuchado la voz discordante del fiscal general Néstor Humberto Martínez[4], quien considera que se tienen beneficios y ventajas punitivas exageradas que pueden estimular la delincuencia, tanto la de las grandes bandas como la de los “pequeños delincuentes”.  El da un ejemplo preocupante en el caso de un condenado por el delito de cohecho que tendría una pena máxima de 12 años: si acepta cargos tiene una rebaja de la mitad de la condena (de 144 meses a 70); si se le aplica el “jubileo” o beneficio propuesto, otra rebaja del 20 %, quedando la pena reducida a 57 meses; al cumplir tres quintas partes de la condena, goza de otro beneficio adicional que lleva la pena a 34,5 meses; con el descuento por redención de pena termina en 20 meses, es decir, menos de dos años de prisión. A ese paso, añade el fiscal, “le quedaremos debiendo al condenado”. Hasta ahora, el Consejo de Política Criminal ha dado pasos equívocos y contradictorios, sin que exista claridad sobre hacia dónde quiere y debe ir el país en materia de política criminal.

Sin embargo, la criminalidad aumenta, no solo en el caso de delitos mayores, sino en las denominadas “pequeñas causas”, como hurtos y lesiones personales, lo cual hace invivible la cotidianidad a los ciudadanos. Hace una semana, el alcalde de Bogotá clamaba por más espacios carcelarios para guardar a los miles de delincuentes que son dejados libres, o que entran de paso a las prisiones, salen y vuelven a delinquir.

Sorprenden las frecuentes noticias que muestran a algunos reconocidos bandidos con un historial de más de 50 ingresos a la cárcel, quienes luego de ser detenidos y apresados, salen orondos con orden judicial para regresar  a la calle a continuar su actividad delictiva. También  causa  rechazo ciudadano que conocidos personajes del crimen paguen penas irrisorias y obtengan una serie de rebajas, mientras que un ladroncillo de bicicleta es castigado con varios años de prisión.

Estudios han demostrado que el nivel de impunidad en Colombia es superior al 95 % en casos de homicidio, uno de los delitos más perseguidos. En ese estado de impunidad casi total, un desfalcador del erario público hace cuentas y sabe que luego de pagar una condena menor, digamos de tres a cinco años, regresa a casa a disfrutar el producto financiero de su conducta por muchos años, sin tener que volver a trabajar.

El debate debe darse teniendo en cuenta cuál es la finalidad perseguida con la pena y cuál es la consecuencia de crear un imaginario colectivo en el que prime la impunidad. Se discute si es preferible equivocarse metiendo un inocente a la cárcel que dejando a un criminal libre, o si  es mejor dejar libre a un criminal que condenar a un inocente. No sé cuál de estas dos posiciones es la acertada, y la verdad es que son numerosos los reclusos que están tras las rejas durante largos períodos de tiempo, en condición de sindicados,  sin que se les haya resuelto su situación a través de una sentencia en firme. La realidad es que en Colombia impera la impunidad, y que ello es un factor que facilita la acción criminal, o las conductas contra la ley. Es necesario construir más cárceles para evitar el alarmante hacinamiento, pero la solución no es dejar libres a los condenados por delitos graves, como sugieren los amigos del “nuevo populismo judicial”.

[1] Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. (2017, febrero). Informe Estadístico Enero 2017. Bogotá: autor. [Disponible en http://www.inpec.gov.co].

[2] Cámara de Representantes. (2013, 21 de marzo). Proyecto de Ley 256 de 2013,  “por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993 y se dictan otras disposiciones”. Gaceta del Congreso, n.o 117.

[3] El Espectador. (2017, 21 de marzo). “Cárceles, tan dramáticas como un campo de concentración”: Minjusticia.

[4] El Tiempo. (2017, 18 de marzo). “A este paso vamos a terminar en deuda con los delincuentes”: Fiscal.

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