Crisis de la democracia y emergencia ética en Bogotá…

Crisis de la democracia y emergencia ética en Bogotá…

29 de octubre del 2010

En la historia reciente, la Capital no había presenciado una crisis política de tal magnitud. Lo que empezó como un déficit de gerencia pública en la planeación y ejecución de las obras, se agravó con los serios indicios, testimonios y evidencias de una captura de la contratación pública por parte de una suerte de “cartel”, para terminar mutando, con los últimos acontecimientos, a una crisis de la democracia de la ciudad.

Nos hemos enterado del incremento en el gobierno Moreno del 5 al 15% de la contratación directa, de la concentración del 70% de los contratos en cinco grupos empresariales o de la adjudicación a algunos de estos, mediante cesiones o adiciones, de recursos por más de 700 mil millones de pesos. Pero lo mas grave, hemos conocido denuncias que indican la existencia de un complejo entramado compuesto por casas contratistas, lobistas, funcionarios públicos del más alto nivel, representantes en cuerpos de elección popular y organismos de control para quedarse con parte de los recursos de los ciudadanos mediante el comercio de coimas y comisiones. Un atenuante adicional altera el funcionamiento de la institucionalidad bogotana: el compromiso en estos hechos del Alcalde Mayor y el Contralor Distrital, cabezas de dos de los poderes públicos vitales para la ciudad.

Por ello, esta distorsión de la democracia bogotana caracterizada por el quiebre de la institucionalidad, la pérdida de confianza de los ciudadanos en el aparato público y la disolución del sentido de lo público, adquiere la dimensión de una crisis ética. Quizás por ello la restitución de la ética sea el camino para resolver esta crisis política.

Podríamos acudir a una especie de declaratoria de “estado de emergencia ética”, mecanismo de emergencia previsto en el artículo  215 de la Constitución Nacional para atender situaciones de riesgo económico, social o ambiental, que nos permita movilizar todos los recursos institucionales del orden nacional para resolver de manera inmediata  esta alteración del orden institucional de la ciudad.

Declararnos en emergencia ética, supondría además diseñar mecanismos especiales y excepcionales para adelantar los procesos de contratación pública que sean absolutamente necesarios para la gestión adecuada de la ciudad. Los juicios disciplinarios, penales y fiscales quedan en manos de las autoridades y deben ser proferidos con extrema prontitud. El de la responsabilidad política tendrá que expresarse en  la próxima elección de cuerpos colegiados y de Alcalde Mayor de la ciudad y en ella, los ciudadanos tienen la palabra para no dejar que los ríos de dineros que queden flotando de esta piñata pública no alteren también la voluntad popular.

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