Cruzó la línea

22 de junio del 2012

El Gobierno está cruzando líneas peligrosas que ponen en riesgo la institucionalidad. La primera señal fue el marco para la paz. Decidió negociar el Estado de Derecho y las normas penales para cumplirle a la guerrilla con su primera exigencia política: la impunidad. Luego presentó un proyecto de acto legislativo que debilita el fuero militar. […]

El Gobierno está cruzando líneas peligrosas que ponen en riesgo la institucionalidad. La primera señal fue el marco para la paz. Decidió negociar el Estado de Derecho y las normas penales para cumplirle a la guerrilla con su primera exigencia política: la impunidad. Luego presentó un proyecto de acto legislativo que debilita el fuero militar. Después adoptó el populismo verbal acompañado de la irresponsabilidad fiscal. Basta mirar las cifras de las finanzas públicas para entender que las casas gratuitas, los regalos de la Ley de Regalías y el desmonte de las normas sobre las negociaciones colectivas en el sector público se pagarán con una reforma tributaria que hará “chillar” a los colombianos.

Pero el incidente más grave es la reforma a la Justicia. Elaborada por el gobierno y radicada por Germán Vargas Lleras, la reforma es un atentado contra la institucionalidad. Con descaro y sin rubor, el Congreso aprobó un sistema diabólico que impedirá que los aforados (altos funcionarios, magistrados y congresistas) puedan ser juzgados. Se le dio sepultura de segunda al espíritu de la Constitución de 1991, que nació de la fatiga de los ciudadanos frente al clientelismo rampante del régimen anterior. Esta reforma, respaldada integralmente por el Gobierno a través de su ministro de Justicia, ha generado una sana reacción de rechazo. El Gobierno, tan sensible en los temas de popularidad, debe estar preocupado por la miles de voces que claman la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la revocatoria del mandato del Congreso e incluso piden un estado de excepción.

Con su eficiente control de los medios, el Gobierno quiere ahora convencer a la opinión que no estuvo de acuerdo con el espíritu de la reforma. Nada es más falso. Ante la falta de voluntad para atacar los grandes temas de la crisis judicial, el Gobierno decidió echarse en el bolsillo al Congreso dándole todas las prerrogativas que llevaba años reclamando y que el gobierno de Álvaro Uribe no le quiso conceder. Esa es la triste verdad así los áulicos del Gobierno quieran endilgarle al Congreso toda la responsabilidad. Con la aquiescencia del Gobierno, en un solo texto, el sueño dorado de los políticos se cumplió y las instituciones quedaron tambaleantes.

El Gobierno está ensordecido por los elogios que recibe de la prensa que controla. Ha perdido el sentido de las proporciones y empieza a recorrer caminos peligrosos para la libertad y la democracia. Otorgarle legitimidad a la guerrilla, debilitar las fuerzas militares, feriar el presupuesto de las regalías a las regiones, despertar el populismo hirsuto con la vivienda gratuita y darle espacio a la corrupción de los clientelismos puede ser rentable en el corto plazo. Pero es el camino seguro para el desastre institucional. Esa experiencia la vivieron los venezolanos en las épocas de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera y terminaron en Chávez. Lo vivieron los ecuatorianos y concluyeron en el dictadorcito de Rafael Correa. Y lo vivieron los argentinos con De la Rúa para luego encallar en los Kirchner.

El buen gobierno es el que sabe decir que no frente a las tentaciones populistas; es el que tiene el coraje de hacer reformas estructurales así no sean populares; es el que se juega contra los corruptos y los monopolios; es el que enfrenta los retos con decisión y sin cálculos reeleccionistas.

El buen gobierno cruza las líneas para fortalecer las instituciones y no para debilitarlas.

representante@miguelgomezmartinez.com

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