¡Cuánto hemos retrocedido!

21 de julio del 2012

Las repudiables agresiones, físicas y morales, de miembros del pueblo Nasa contra la integridad de los soldados apostados en Toribío, nos dolieron hasta la médula de los huesos. Es el ataque más duro que ha recibido el Ejército desde la sociedad civil y de una etnia especialmente protegida por nuestros uniformados. Como si no fuera […]

Las repudiables agresiones, físicas y morales, de miembros del pueblo Nasa contra la integridad de los soldados apostados en Toribío, nos dolieron hasta la médula de los huesos. Es el ataque más duro que ha recibido el Ejército desde la sociedad civil y de una etnia especialmente protegida por nuestros uniformados. Como si no fuera suficiente con la orfandad que les prodiga esta ingrata sociedad y el trato denigrante en los estrados judiciales, nuestros militares debían ser pateados, arrastrados y humillados, para mañana exigirles su vida a cambio de nuestra seguridad. Vergonzoso, ahora que el crimen volvió a las primeras planas y ya no preguntamos cuánto avanzamos, sino cuánto retrocedimos.

El episodio en Cauca fue, dolorosamente emblemático, de la reciente historia de vejámenes a los que hemos sometido a nuestros hombres en armas. Me pegunto cuánto de la reciente escalada de violencia se la debemos a las sucias estrategias de los grupos armados y cuánto al “desaliento” en las filas de nuestra Fuerza Pública, víctima del asedio jurídico e ideológico de los enemigos de la paz. O lo que es lo mismo, de los amigos de la impunidad y los despejes. Los mismos que se encargaron de hacerle el juego a las ONG extranjeras, para acelerar la aprobación del marco jurídico para la paz, pero mantener en el congelador el reconocimiento del fuero penal para los militares.

Un legítimo malestar social está subiendo como espuma, tanto como el abatimiento que se respira en la institución castrense. Una realidad que poco tiene que ver con percepciones de encuestas, pero sí y mucho, con el incuestionable recrudecimiento de la violencia y la siniestra credibilidad que están ganando en los estrados judiciales, quienes otrora fueran victimarios. Así, mientras que desde una orilla, las oscuras alianzas criminales suman a sus arcas el producido de las crecientes extorsiones, secuestros y asesinatos —con un peligroso subregistro oficial—, desde de la otra, empapelan a nuestro militares, con ayuda de aliados en la “legalidad”.

La estrategia, quizá menos efectista que la de Toribío, pero sí más segura para frenar la tropa y desmoronar su moral de combate, ha generado 1.486 investigaciones, por los mal llamados “falsos positivos”. Una encrucijada insensata de denuncias, muchas asociadas con la lógica de la estrategia y la táctica militar y de combate contra el narcoterrorismo, en una nación en guerra. Un atenuante que legitima la actuación de nuestros hombres y su derecho constitucional a un fuero especialísimo, por la muy exigente función de frenar la violencia y proteger la vida de los colombianos.

Son mandatos que el pueblo Nasa ha puesto a tambalear, al negar el ejercicio de la soberanía del Estado en sus resguardos, por la vía del uso legítimo de las armas. Quizá imaginan que los terroristas van a soportar —con el mismo estoicismo, valentía y docilidad de nuestro Ejército— un despliegue de fuerza similar al que protagonizó esta semana el pueblo Nasa. Creo, que es parte de la inocultable retoma del control territorial de los narcoterroristas, para el cultivo y tráfico de narcóticos y secuestrados.

Así ha ocurrido, a sangre y fuego, en Urabá, los llanos, el Catatumbo, Nariño, el sur de la Guajira o Putumayo. Allí están retornando indicadores de criminalidad, que creíamos superados, con cientos de muertos que se tributan a ríos y quebradas como “nn” y descarados campos de minas y coca. “Combustible” que comparten en hermandad fartianos, elenos y bacrim, que abusan de la inocencia y la buena fe de nuestros dirigentes y pueblos indígenas.

Entre tanto, unos 441 uniformados han recibido sentencias, muchas injustas, alejadas del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a una defensa técnica. Aunque miles están en fila de espera, dispuestos a aceptar las penas, con  tal de poner punto final a escarnio, suyo y de sus familias. Pero, además, siguen cayendo muertos o heridos en el campo de batalla —24.834 en la última década—, sin que haya un solo responsable  en las filas enemigas por estos hechos.

Erigir un verdadero fuero penal militar se ha convertido en una obligación para nuestros legisladores. Aunque mientras se produce el trámite de la ley estatutaria —que debe refrendar la Corte Constitucional para ponerlo en vigencia—, es deber el Gobierno habilitar una salida al convenio que se firmó con la Fiscalía y que hoy tiene a nuestras Fuerzas Armadas en la picota pública. Les debemos ese reconocimiento. Un sentimiento que creo que compartimos todos los colombianos, luego del indignante trato que recibieron en el Cauca.

@jflafaurie

* Los comentarios, textos, investigaciones, reportajes, escritos y demás productos de los columnistas y colaboradores de Kienyke.com, no comprometen ni vinculan bajo ninguna responsabilidad a la sociedad comercial controlante del medio de comunicación, ni a su editor, toda vez que en el libre desarrollo de su profesión, pueden tener opiniones que no necesariamente están acorde a la política y posición del portal.

Ver comentarios
KONTINÚA LEYENDO